El Senado prorrogó la vigencia de leyes delegadas al Ejecutivo

El Senado sancionó ayer y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prorroga por dos años, a partir del 24 del actual, la vigencia de todas las disposiciones legales tomadas por el Poder Ejecutivo en virtud de facultades delegadas por el Congreso.

En la misma sesión quedó convertido en ley el denominado Derecho Familiar de Inclusión Social, más conocido como plan de jefas y jefes de hogar desocupados, que instrumentó por decreto el gobierno de Eduardo Duhalde y por el cual ya se puso en marcha el otorgamiento de un subsidio de 150 pesos mensuales para 1.800.000 personas.

Sin embargo, debido a su trascendencia, la aprobación de la prórroga de la vigencia de la legislación delegada fue el tema más importante que trató el Senado.

Es que, según un estudio realizado durante el gobierno de Carlos Menem, existen más de 1700 leyes aprobadas por el Congreso que delegaron en el Poder Ejecutivo facultades para tomar decisiones administrativas.

Toda esa estructura jurídica -en la que se encuentran la creación de organismos, la organización de la Jefatura de Gabinete y los ministerios y las atribuciones de la AFIP, entre otras disposiciones trascendentales para el funcionamiento de la administración pública- quedaría inmediatamente derogada si el Congreso no la ratifica antes del 24 del actual.

Esta es la segunda prórroga que trata el Parlamento. Es que el análisis y su posterior ratificación legislativa, en el caso de corresponder, figura en la Constitución luego de la reforma de 1994. En ese momento se fijó un plazo de 5 años, que nunca se cumplió, para llevar adelante la tarea. Por esa razón, en 1999 se aprobó una ley que extendió por tres años más el período para analizar la normativa jurídica.

Ese período está a punto de vencer, por lo que la Cámara alta tomó la iniciativa y aprobó una nueva prórroga que ahora deberá discutir la Cámara de Diputados en los poco más de 20 días que quedan.

Acuerdos para jueces

En otro orden, la Cámara alta aprobó en la sesión de ayer una veintena de acuerdos y tratados internacionales, entre ellos el denominado "protocolo de Olivos", que establece el régimen de resolución de controversias entre los integrantes del Mercosur.

Por último, el Senado le dio acuerdo ayer a una decena de pliegos de jueces entre los que se encuentran Diego García Berro (Nacional Penal Tributario N° 2 de Capital Federal), Alfredo Eugenio López (Federal de Primera Instancia de Mar del Plata N° 4), María Beatriz Fernández (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia), Horacio Barberis (Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de Capital) y Francisco Miño (Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe).

Conforme a