El Senado sancionó el recorte a las jubilaciones de jueces y diplomáticos

El Frente de Todos logró sancionar la ley por 41 votos a favor y 21 en contra. Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa que había sido aprobada por Diputados en febrero.
El Frente de Todos logró sancionar la ley por 41 votos a favor y 21 en contra. Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa que había sido aprobada por Diputados en febrero. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Gustavo Ybarra
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12 de marzo de 2020  • 18:22

La mayoría oficialista del Senado sancionó la modificación de los regímenes previsionales especiales de los funcionarios del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación, norma que la oposición denunció que provocará la renuncia masiva de jueces y que asoció a una estrategia del kirchnerismo para "colonizar la justicia".

El Frente de Todos contó con el apoyo de algunos aliados y logró sancionar el texto por 41 votos a favor y 21 en contra.

Tras una extensa deliberación en el seno de su interbloque, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen propio y, por lo tanto, rechazó el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado el 27 de febrero pasado.

La ley cambia muchas de las condiciones y requisitos que se les exigen a jueces y a funcionarios de Cancillería para acceder al beneficio de la jubilación en aras de recortar privilegios y reducir el déficit que generan estos sistemas, según el argumento del oficialista Frente de Todos.

En ambos regímenes, el descuento para el régimen previsional eleva del 11% al 18% los aportes al régimen general de la Anses.

En el caso de los funcionarios judiciales, les mantiene la jubilación del 82% móvil, pero ya no se calculará sobre el último ingreso sino sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones. El mismo método e cálculo se aplicará para los diplomáticos, pero la tasa de sustitución se reduce del 85 al 82%.

Además, se eleva la edad jubilatoria para los hombres y pasa de 60 a 65 años pero con una escala gradual que se completará en 2025.

El oficialismo defendió la iniciativa como una medida necesaria, propia de la situación económica en la que se encuentra el país.

"Necesitamos que deje ser la clase trabajadora la que haga los mayores esfuerzos en Argentina", argumentó el oficialista Daniel Lovera (La Pampa), presidente de la Comisión de Trabajo.

En ese sentido, el pampeano dijo que para es necesario disminuir el déficit que generan esos sistemas especiales en el régimen previsional general que, citando números del Gobierno, estimó en más de 11.000 millones de pesos anuales.

"Hay una enorme asimetría entre el régimen general y los especiales. Por eso hay que analizar con una mirada solidaria y en el contexto tremendamente complejo que vive nuestro país", agregó Lovera.

El jefe del interbloque de Juntos por el cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), acusó al oficialismo de hacer "gatopardismo". "Esto es cambiar algo para que nada cambie; porque no cambian ningún régimen especial. Si ustedes quieren decir que se combaten privilegios, nosotros no nos comemos ese verso", sentenció.

"Acá lo que se está discutiendo es poder", agregó el líder opositor, quien acusó al Gobierno de pretender vaciar el Poder Judicial con la jubilación masiva de jueces porque "ustedes creen que la Justicia tiene que alinearse a la voluntad política", concluyó.

Antes, el radical Martín Lousteau (Capital) también había acusado al Gobierno de usar el proyecto para maquillar el hecho de que, al sancionar la ley de emergencia pública en diciembre, se congeló la movilidad de las jubilaciones sin tocar los regímenes especiales.

"Acá no se trata de derogar privilegios. La tira completa de este proyecto es esconder la barbaridad que se hizo en Diputados de preservar a jueces y (funcionarios) del servicio exterior de la suspensión de la movilidad que se le aplicó a jubilados que cobran 20.000 pesos", sentenció.

Lousteau dijo que estos dos sistemas especiales explican "apenas el 7% del déficit" que generan todos los regímenes diferenciales vigentes que, aseguró, deberían ser revisados para terminar con situaciones de injusticia.

"El proyecto es improvisado, apurado", agregó Lousteau, quien criticó en duros términos la arquitectura normativa de la iniciativa. Así, dijo que la escala gradual de transición entre el anterior y el nuevo sistema "no se puede cumplir" y que con los cambios introducidos en la Cámara baja, a pedido del gremio de los judiciales, "más gente va a entrar a este régimen aportando menos años".

En línea con el jefe de su bancada, Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) volvió a la carga sobre las segundas intenciones de la norma. "No estamos sacando privilegios, lo que estamos haciendo es colonizar la Justicia, porque de 1006 jueces federales se jubilarían 400", afirmó.

"Nada más alejado de la verdad ni más agraviante. Flaco favor le hacemos a las instituciones. Nadie de este bloque oficialista quiere eso", le replicó Mario Pais (Frente de Todos-Chubut).

El interbloque de Juntos por el Cambio apoyó un dictamen propio, elaborado por Lousteau, el cual proponía incluir a jueces y funcionarios del servicio exterior en el régimen general de jubilaciones, congelar la fórmula de actualización, como al resto de los jubilados, hasta que se defina una nueva; y el mantenimiento de las condiciones actuales para aquellos que tengan al menos 20 años para "evitar saltos en el cálculo" de sus haberes previsionales y evitar así el éxodo de magistrados.

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