El Senado votó por unanimidad y es ley el límite al "dos por uno"
Aprobó con el apoyo de 56 senadores el proyecto que anteayer acordaron los diputados; críticas a los jueces de la Corte que fallaron a favor del beneficio en casos de lesa humanidad
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LA NACIONGustavo Ybarra
El Senado sancionó por unanimidad una ley que apunta a restringir a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura la aplicación del derogado beneficio del cómputo doble de los días de detención preventiva como ley más benigna, tal cual lo estableció el controvertido fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña.
En un debate sin mayores estridencias políticas, pero en el que se escucharon duros cuestionamientos a los jueces de la Corte Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que suscribieron el fallo en el caso Muiña, la Cámara alta sancionó con el voto unánime de 56 senadores el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado anteanoche, también en un debate sobre tablas.
La iniciativa sancionada, de sólo tres artículos y consensuada de urgencia por un amplio arco de bloques políticos, apunta a evitar que el fallo de la Corte, y por lo tanto el denominado beneficio del "dos por uno", se pueda aplicar a otros casos de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Con ese objetivo, en el primer artículo se establece que el cómputo doble de los días de detención sin condena que establecía la ley 24.390, denominada del "dos por uno" y que fue derogada en 2001, "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional".
Los otros dos artículos van en el mismo sentido, estableciendo que el cómputo del "dos por uno" sólo podrá aplicarse a aquellos procesados que estuvieron detenidos mientras la ley estuvo vigente (entre 1994 y 2001), y aclarando que ésta es la "interpretación auténtica" que debe hacerse del beneficio como ley más benigna y que "será aplicable a las causas en trámite", respectivamente. Con esta fórmula, el Congreso pretende salir al cruce de la catarata de recursos de ex represores. A reforzar esa idea dedicó el cierre de su intervención el jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro). "Estamos votando un mensaje de un poder del Estado a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, de que el gato tiene cuatro patas, no tiene cinco, y que tienen que atenerse a la ley", advirtió a la Corte el líder de la mayoría opositora del Senado.
El proyecto fue informado por Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien tiene dos familiares asesinados por la dictadura y que fue secuestrado y torturado por los militares. "Intentamos sentar una pauta interpretativa que, en lo sucesivo, impida a quienes usaron el aparato del Estado para secuestrar, desaparecer, torturar y apropiarse de menores nacidos en cautiverio gozar del beneficio" del "dos por uno", dijo.
El entrerriano cuestionó a los jueces de la Corte que firmaron la sentencia al asegurar que "el tribunal se aferró a la literalidad de la ley". Con menos sutileza se manifestó Fernando Solanas, quien acusó a los magistrados de "derrumbar el edificio con el cual se construyó la política de derechos humanos".
En el oficialismo también se escucharon críticas a Highton, Rosenkrantz y Rosatti. El cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-Cambiemos) aseguró que "los jueces supremos no entendieron la historia y su decurso, no han comprendido ni entendido nada; pero nosotros tampoco hemos olvidado nada", concluyó. El radical Alfredo Martínez (Santa Cruz) apeló al contraste de elogiar a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que disintieron del fallo Muiña. "No sólo se aferraron a la ley y la Constitución, sino que tuvieron en cuenta la política de Estado en materia de derechos humanos", destacó.
Capítulo aparte mereció la jueza Highton para Pichetto, que recordó su intento de impugnar la cláusula constitucional que la obliga a jubilarse a los 75 años. "Son los propios jueces los que buscan la vuelta, con amparos en la Justicia, para no cumplir con la Constitución", dijo.
El kirchnerismo apoyó la iniciativa, pero hizo hincapié en la supuesta responsabilidad del Gobierno en el fallo del máximo tribunal. Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza) exigió las renuncias del ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quienes acusó de haber "operado" el fallo Muiña.
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