Empieza el juicio oral a Cristóbal López, Echegaray y De Sousa por la causa Oil

López y Echegaray; atrás, Aníbal Fernández
López y Echegaray; atrás, Aníbal Fernández Crédito: CIJ
Candela Ini
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13 de junio de 2019  • 11:21

El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa comenzaron a ser juzgados ayer por la falta de pago al fisco de ocho mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) por parte de la firma Oil Combustibles.

Ante el Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso, y con los acusados presentes, se dio comienzo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

El fiscal de la causa es Juan Patricio García Elorrio, y como parte querellante en este proceso está la AFIP, organismo conducido por Leandro Cuccioli.

Tanto López como De Sousa están detenidos en el marco de esta causa, que fue investigada en primera instancia por el fiscal Gerardo Pollicita e instruida por el juez federal Julián Ercolini, que la elevó a juicio en junio del año pasado.

La causa fue iniciada por una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en 2016. Según la acusación fiscal, se evadió el pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ICL), correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 y agosto de 2015, en favor de la firma Oil Combustibles SA.

A Echegaray se lo acusa de haber otorgado de manera "irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo", planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA.

López y De Sousa habrían sido beneficiados por esa maniobra, en la que se requiere a Echegaray como coautor y a ellos como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

Según la acusación efectuada por la AFIP, desde que Oil Combustibles comenzó a operar, en mayo de 2011, "prácticamente no depositó al fisco el impuesto que declaró en el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural, percibido a los distintos operadores del mercado, sino que se acogió sistemática y sucesivamente a diversos planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP por una suma aproximada a los $8.000.000.000". Con ese dinero, señala la AFIP, se habrían capitalizado las distintas sociedades del Grupo Indalo.

La maniobra

Según la querella, la maniobra presuntamente defraudatoria al Estado se efectuó en cuatro etapas. En primer lugar, el cobro del ICL por parte de OIL Combustibles a los distintos operadores de la cadena de valor.

Luego se habrían dado la obtención y el otorgamiento de sucesivos planes de pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas de impuesto, cuya obtención estaría viciada en la ausencia de requisitos legales para su otorgamiento), seguida por la readecuación periódica de los planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso compulsivo de deuda. Por último, se habría efectuado el traspaso de las sumas de ICL a distintas empresas del grupo para su financiación.

Cristóbal López está representado en esta causa por el letrado Fabián Lertora. De Sousa, al igual que la expresidenta Cristina Kirchner, es defendido por Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y Ricardo Echegaray tiene designado como defensor a León Arslanian.

Los acusados estuvieron acompañados por sus familias y por trabajadores de medios del Grupo Indalo.

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández, que forma parte del equipo de defensores de López, también estuvo presente.

Además, estuvieron en los tribunales los diputados del Frente para la Victoria Eduardo "Wado" de Pedro y Horacio Petragalla; el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, y el extitular de la Sedronar Juan Carlos Molina.

La próxima audiencia de este juicio será el jueves 27 de junio, a las 9.30.

Restringieron el acceso a los periodistas

A diferencia de las audiencias orales y públicas que se llevan adelante en los tribunales federales de Comodoro Py, se vio ayer dificultado el acceso para la prensa por una disposición del Tribunal Oral Federal Nº 3. La sala de audiencias habilitada para el juicio tiene una capacidad limitada de 27 personas. Si bien fue permitido el ingreso a las personas invitadas por los imputados, por la supuesta falta de espacio en esa sala los periodistas acreditados en Comodoro Py no lograron ingresar para realizar la cobertura del juicio contra los empresarios y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.

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