En el umbral de una decisión que define el futuro económico

Si la provincia de Buenos Aires se acerca peligrosamente a un default, como todo hace suponer, la deuda del gobierno nacional está también en riesgo. La cercanía de una cesación de pagos la dio, nadie sabe si queriendo o sin querer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando informó que solo un 26 por ciento de los acreedores privados del bono en discusión en Buenos Aires habían aceptado la postergación del pago que venció el domingo último. Kicillof reclama que los acreedores estén de acuerdo con la postergación del pago hasta el 1º de mayo.

La diferencia es enorme si se tiene en cuenta que se necesita el acuerdo del 75 por ciento de los acreedores para que esa postergación no signifique un default con todas las letras. Solo falta una semana para que venza el último plazo que dio el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La aceptación del retraso del pago vencerá el 5 de febrero. La economía está en vilo, mientras tanto, a la espera de que se defina ese duelo, otro más, entre el gobierno argentino y sus acreedores.

Un cuestionamiento comienza a aparecer cada vez más nítido. Refiere a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de dejar nada menos que la deuda en manos de Kicillof. El gobernador tiene un estilo poco propenso a la negociación y con modos más de bravucón de barrio que de funcionario. Ya provocó un default selectivo en 2014 cuando interrumpió abruptamente una mediación en Nueva York con los fondos buitres que litigaban con bonos que venían del default de 2001.

La mediación había sido ordenada por el entonces juez Thomas Griesa, quien luego de cerrar el caso argentino en beneficio de los fondos se jubiló. Murió hace dos años. Nunca se supo con precisión qué pasó para que Kicillof diera el portazo al mediador designado por Griesa. Lo cierto es que el entonces ministro viajó desde Caracas, donde acompañaba a Cristina Kirchner, hasta Nueva York y ahí sorprendió con su decisión de no continuar con ninguna mediación. Nunca se supo si la idea fue de Kicillof o de la propia Cristina; por eso, los acreedores son ahora tan suspicaces respecto de la Argentina. La demanda iniciada por los fondos buitres continuó en los tribunales norteamericanos y todas las instancias superiores dejaron la resolución del conflicto en manos de Griesa. Ganaron los bonistas. Esa deuda debió ser pagada luego por el gobierno de Mauricio Macri.

La otra decisión de la administración federal que se cuestiona es la de no ayudar al gobierno bonaerense a cumplir con un compromiso que no es importante (275 millones de dólares) si se lo compara con el volumen total de la deuda argentina, unos 315.000 millones de dólares. El argumento de que se sentaría un mal precedente, porque podría espolear a otras provincias endeudadas en dólares a requerir el salvataje de la Nación, es poco convincente. El vencimiento bonaerense sucede en días cruciales para la negociación de la deuda nacional y, además, se trata de la provincia de Buenos Aires, un formidable gigante entre las provincias argentinas. No es posible ninguna comparación con ninguna otra provincia. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández se había propuesto concluir con la reprogramación de la deuda nacional antes de que finalice marzo. Es probable que ese plazo también deba ser postergado. No debe descartarse, por lo tanto, que el gobierno federal corra en auxilio de la provincia de Buenos Aires o que directamente Kicillof decida otro camino antes de entrar en default. La peripecia bonaerense no es solo bonaerense; puede contagiar dramáticamente a todo el país.

En la reunión de anteayer del ministro Guzmán con los acreedores privados en Nueva York, surgió un debate que es, en última instancia, la discusión de fondo. El Gobierno no quiere mostrar un programa económico, o no la ha hecho todavía, porque espera concluir la negociación con los acreedores. "Necesitamos saber con qué recursos contaremos para hacer un programa", dicen en el Gobierno. Los acreedores dan vuelta el orden de las prioridades. Ellos necesitan saber cuál es el programa económico para aceptar o rechazar la reestructuración de la deuda que propondrá el gobierno argentino. La verdad es que el Gobierno no necesita saber mucho más que lo que ya sabe: el país necesitará generar dólares genuinos durante varios años para pagar su deuda y, durante un tiempo largo al menos, le estará prohibido el despilfarro del dinero público. No es una cuestión ideológica, sino puramente práctica.

Lo otro que deberá hacer es fomentar la inversión, que es especialmente difícil en un país acostumbrado a espantar inversores. Todo programa económico deberá caminar entre esos estrechos carriles. ¿Para qué demorar entonces el conocimiento público de un programa económico? ¿O sucede acaso que ese programa no existe todavía?

Ayer, Alberto Fernández conoció el mayor nivel de riesgo país en su presidencia. También cayó el valor de los bonos argentinos. Es cierto que no influyeron solo causas argentinas. La epidemia del coronavirus en China, que podría desacelerar la economía de la potencia asiática, fue la causa principal del desplome de todos los mercados en el mundo. Pero la Argentina se llevó la peor parte porque tiene, además, irresuelto el conflicto del pago del bono bonaerense. El comienzo de una crisis financiera y bursátil mundial (nadie sabe cómo evolucionará la epidemia china), y si se tiene en cuenta el monto pequeño del pago que debe hacer Kicillof, hace más inexplicable la tediosa tardanza en resolver este conflicto.

Si bien el gobernador flexibilizó su posición cuando anunció que adelantará el pago de intereses del bono vencido, es difícil que en pocos días logre la adhesión de acreedores que no consiguió hasta ahora. No puede descartarse la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández haya empezado un sutil proceso de diferenciación con la administración de la deuda por parte de Kicillof. Es lo que explicaría, por ejemplo, el informe de Guzmán sobre la baja adhesión que se registró hasta el momento.

El problema es más amplio de lo que se ve a primera vista. Si el valor de los bonos argentinos siguiera cayendo, aparecerán seguramente los fondos buitre para comprarlos al valor de bonos basura. El valor de los bonos locales fluctúa hasta ahora en los mercados internacionales entre el 40 y el 50 por ciento de su valor total, aunque más cerca del 40 que del 50. El problema emergerá si llegaran a tocar el 30 por ciento (solo basta imaginar si bajaran aún más), porque entonces es probable que los fondos buitre se hagan de paquetes importantes de los bonos argentinos. Esos fondos no quieren una negociación.

Su estrategia es clara y previsible: plantearán una demanda ante los tribunales de Nueva York, por lo menos con los bonos que tienen jurisdicción en la capital financiera de los Estados Unidos. Pueden esperar años, como ya lo hicieron con los bonos del default de 2001; ahora tienen, además, la jurisprudencia establecida por el juez Griesa, que ordenó el pagó del 100 por ciento del valor de los bonos. La ganancia es enorme para esos fondos. De ahí la importancia de cerrar cuanto antes el conflicto de la deuda argentina y de lo inoportuno que sería un default de la provincia de Buenos Aires en estos momentos.

El Presidente iniciará hoy una gira que lo llevará por el Vaticano, Roma, París, Berlín y Madrid. Difícilmente le vaya mal en las reuniones con el papa Francisco y con los lideres de países importantes de la Unión Europea. El problema es que esos líderes pueden influir ante el Fondo Monetario Internacional, no ante los acreedores privados. Al Fondo Alberto Fernández quiere pedirle una reprogramación de los pagos de la deuda por 44.000 millones de dólares, no quitas en el capital ni en los intereses (que son bajos con respecto a los bonistas privados). Conocedores de cómo actúa el Fondo, suponen que el organismo no reprogramará el pago de la deuda a cambio de nada. "Le pedirá al gobierno argentino un programa económico claro que haga previsibles los pagos de toda la deuda argentina", adelantan. Es en esa negociación donde pueden influir tanto el Papa como los jefes de gobierno europeos.

Pero no se puede disimular que nuevamente aparece la ausencia de un programa económico. Es también lo que desalienta la inversión productiva en el país, ya difícil si se tienen en cuenta la historia y la realidad argentinas, cargada una de cambios de las reglas del juego, y señalada la otra por la virtual prohibición de acceder al mercado de cambios. En rigor, la economía argentina oscila entre expectativa y expectativa. Al principio, se paralizó por la expectativa de las primeras medidas que tomaría Alberto Fernández.

A los empresarios no les desagradaron sus primeras decisiones, porque contenían el compromiso de cumplir con la deuda y de no ampliar demasiado el déficit fiscal. Esas fueron, con todo, medidas aisladas y de emergencia. La expectativa pasó ahora a la resolución de la deuda y al conocimiento de un programa económico. El reclamo que se le hace al Presidente es enorme: serenar definitivamente a los acreedores y, al mismo tiempo, sacar a la economía del letargo en el que vive desde hace demasiado tiempo.

Por Joaquín Morales Solá

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