En la mira del Gobierno estarían las cooperativas de trabajo, que agrupan a unas 300.000 personas

El anuncio sobre la suspensión de cooperativas que oficializó el vocero presidencial, Manuel Adorni, puso bajo la lupa a un universo que es de compleja contabilización, según advierten fuentes del sector cooperativo. En la órbita del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) –el organismo que regula la actividad– se nuclean nueve tipos de asociaciones, desde cooperativas de seguros hasta cooperativas de trabajo. La evaluación del Gobierno, según pudo saber LA NACION, se centra sobre las cooperativas de trabajo, un universo que abarcaría unas 300.000 personas, calculan fuentes extraoficiales.

La información que brindó el Ministerio de Capital Humano, en cuya estructura está el Inaes, precisó que fueron intimadas a presentar la documentación faltante (estados contables y asambleas) 5794 de las 8070 cooperativas creadas entre 2020 y 2022. Además, afirmó que se prevé la verificación en los domicilios declarados de las 4355 entidades creadas en 2023 para comprobar su funcionamiento, y que se actuará “sobre 10.420 cooperativas que en diciembre de 2019 estaban suspendidas y listas para que se les retire su autorización para funcionar y que, al día de hoy, podrían estar funcionando”.

Según pudo saber LA NACION, la mayoría de las cooperativas bajo la lupa del Gobierno son del tipo cooperativa de trabajo. Existen también cooperativas de consumo, agrarias, de provisión de servicios, de seguros, de servicios públicos, de vivienda, de crédito y bancarias.

El Inaes halló irregularidades, como la falta de actividad de cooperativas desde el momento mismo de su inscripción hasta la actualidad. Al frente de este organismo está Marcelo Collomb, que fue su titular también en el gobierno de Mauricio Macri. Es el presidente del directorio, que integran también dos representantes por el sector cooperativista, dos por el de las mutuales y dos por el Estado nacional.

En el rubro de las cooperativas de trabajo se desempeñan unas 300.000 personas, calculó un hombre familiarizado con el sector ante la consulta de LA NACION. Son asociados; hay otras cooperativas que pueden tener empleados (como las agropecuarias, por ejemplo), especificó la fuente, que agregó que “un 80%” de las cooperativas inscriptas son de trabajo. Este diario consultó a la cartera de Capital Humano sobre la cantidad de personas que están agrupadas dentro del cooperativismo bajo el control del Inaes, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

“El anuncio es como si, mañana, el Ministerio de Economía suspendiera las sociedades anónimas creadas en un período determinado de tiempo. Es ilegal. Una matrícula se entrega por un proceso administrativo y se desarma también por un proceso administrativo. Te intiman, te dan un mes y, si no cumplís, te suspenden la matrícula”, especificó la fuente vinculada al sector cooperativo.

En tanto, en los movimientos sociales (que suelen utilizar el esquema cooperativo para emprendimientos productivos de sus miembros), descreen que la depuración se concrete en los términos en los que la presentó el Gobierno. “La suspensión de una matrícula es un procedimiento habitual ante la falta de presentación de balances, y el Inaes acompaña a normalizar la situación. Y la matrícula la otorga el directorio, que tiene como miembros a representantes del sector cooperativo y de las mutuales, además de los del Estado. Puede haber, detrás de esto, una maniobra para desfinanciar al Inaes”, señaló una fuente de este sector. No obstante, aclaró que “los movimientos sociales son una minoría absoluta en el movimiento cooperativo, que es un segmento que genera el 12% del producto bruto”.

Las bajas en cooperativas ya se produjeron, aseguraron movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “El Gobierno cerró todos los convenios de las cooperativas de trabajo con AySA. Unos 2500 cooperativistas trabajaban ahí”, informó la organización piquetera que conduce el exdiputado de Unión por la Patria Juan Carlos Alderete. “La CCC tenía alrededor de 250″, se añadió desde la agrupación, que ayer fue parte de una protesta frente a la Jefatura de Gabinete por pagos atrasados a cooperativistas que trabajaron en obras de agua y saneamiento, y denunció represión policial.

Adorni puntualizó ayer que 300 cooperativas “asociadas al [plan] Potenciar Trabajo, a las que se destinaban US$34 millones” dejan de tener razón de ser, ya que ese programa está en proceso de transformación. El mes pasado, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello anunció que ese plan se dividirá en dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Por Javier Fuego Simondet

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