Envío de armas a Bolivia: el exjefe de Gendarmería y tres altos oficiales enfrentan sumarios
En el Gobierno dicen que son la “punta del ovillo”; en la Justicia prima la prudencia mientras recogen evidencias
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LA NACION
Cuatro altos oficiales de la Gendarmería Nacional, entre ellos el exjefe de la fuerza en el Gobierno anterior, enfrentan un sumario administrativo, abierto por el ministerio de Seguridad para deslindar las responsabilidades en el envío de armas y municiones a Bolivia " class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">envío de armas y municiones a Bolivia en noviembre de 2019, dijeron a LA NACION fuentes del Gobierno.
Los oficiales ya declararon en esa investigación interna y las fuentes estiman que se trata solo de “la punta del ovillo” pues a partir de aquí se puede dar la declaración de otros uniformados y abrir nuevos sumarios. El contenido de las declaraciones en el sumario administrativo de los gendarmes es secreto, dijeron las fuentes. Los altos oficiales de gendarmería sumariados que ya declararon son Gerardo José́ Otero (exdirector nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (excomandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de Operaciones de la Gendarmería). También declaró el exagregado de la Gendarmería en la embajada de Bolivia Adolfo Héctor Caliba.
Mientras tanto, en la Justicia prima la prudencia y están a la espera de las pruebas que pidió el juez en lo penal económico Javier López Biscayart. El magistrado envió oficios a la Cancillería, a los ministerios de Defensa y de Seguridad, a la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
El fiscal Alejandro Navas Rial había pedido además recabar información documental, audiovisual y de todo tipo que obre en poder de las autoridades bolivianas sobre el envío de municiones.
Pero, por el momento, el juez no hizo requerimientos al gobierno de Bolivia, que ya mostró armamento que dijo que era parte del material objeto del “tráfico ilícito de municiones” provenientes de la Argentina.
El juez y el fiscal quieren los documentos originales donde quedaron constancias del envío de las municiones para entonces con toda la prueba analizar si corresponde empezar a citar a los uniformados.
El juez quiere el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en Bolivia en la que la Fuerza Aérea Boliviana le agradece la colaboración al gobierno argentino y detalla el material “bélico” recibido. También, que informe si quedó asentado el ingreso de esa carta a la Embajada, quiénes estaban destinados allí en aquel momento y “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la embajada”.
En cuanto al Ministerio de Seguridad, López Biscayart le pidió que le remitiera “de inmediato” el sumario administrativo realizado en relación con este caso. Cuando lo concluyan lo van a enviar.
El juez López Bizcayart analiza el futuro de esta investigación y debe determinar si la unifica con otra paralela que tienen su colega Alejandro Catania por los mismos hechos. El fiscal Navas Rial interviene en ambos expedientes.
El Gobierno acusó a Mauricio Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para colaborar en la represión tras la renuncia de Evo Morales. La denuncia tuvo como base una carta de agradecimiento que hizo pública la cancillería boliviana -que ahora López Biscayart le pidió a la cancillería local- que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Normando Álvarez García.
Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta reconoció que esa rúbrica era suya. Es decir, que él la había recibido. En el macrismo sostienen que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales.
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