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Erman González, preso por contrabando
Fue detenido ayer por orden del juez Speroni, que lo acusa de ser responsable en las maniobras de tráfico de armamento
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Desde la restauración democrática, en 1983, ningún ministro había ido preso: el menemista Antonio Erman González se convirtió ayer en el primero. El juez en lo penal económico Julio Speroni dictó su procesamiento y prisión preventiva por contrabando de armas, material bélico y explosivos y embargó los bienes del ex ministro de Defensa hasta cubrir la suma de un millón de pesos.
Lo hizo en una causa conexa a la que instruye el juez federal Jorge Urso y que obligará al ex presidente Carlos Menem a declarar el 13 de julio como sospechoso de liderar una asociación ilícita que traficó armamentos a Croacia y a Ecuador, entre 1991 y 1995.
El magistrado dispuso que González sea alojado en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, donde fue trasladado el ex cuñado y amigo de Menem, Emir Yoma, cuando quedó detenido el 7 de abril último por orden de Urso.
El ex funcionario menemista sabía que el juez Speroni dictaría ayer su captura, dijeron fuentes del menemismo. Su abogado, Fernando Archimbal, acordó con el juzgado que su defendido se presentaría en los tribunales antes de las 8 para evitar que una comisión de la Policía Federal fuera a buscarlo a su casa de Palermo y la prensa lo fotografiara esposado.
En un comunicado que entregó uno de sus hijos a la prensa, González consideró "injusta" su detención y atribuyó "errores fácticos y de comprensión" al fallo de Speroni.
Su defensor apelará la decisión ante la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico y reclamará al magistrado la excarcelación de su cliente, dijeron fuentes cercanas al ex funcionario.
Controles burlados
Speroni consideró que González tuvo una participación fundamental en el contrabando de miles de toneladas de armamento a Croacia porque rubricó en 1991 los decretos secretos 1697 y 2283 y firmó uno de los dictámenes de la comisión triministerial que debe aprobar todas las operaciones de ventas de armas desde el gobierno del radical Raúl Alfonsín.
"Ambos decretos debieron apropiarse de potestades de la Aduana en virtud de que atentaban contra la normativa general de la Dirección General de Aduanas y el Código Aduanero", señala la resolución de 67 carillas, a la que tuvo acceso La Nación .
El juez concluyó que los decretos mencionados permitieron "burlar los controles aduaneros a los fines de habilitar la salida de armas" a Croacia y no a Panamá, como decían los documentos.
Como el control de lo que se exportaba estaba vedado a la Aduana, por que así lo disponían los decretos que firmaron además de González, Menem, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el ex canciller Guido Di Tella, se despacharon en lugar de 44 contenedores alrededor de 300, según la resolución. Y un monto millonario, producto de la venta de más de 250 contenedores apócrifos, "no ha ingresado al erario".
No sólo eso. Además, indicó el juez, se cobraron reintegros por la exportación de material bélico nuevo, cuando en muchos casos era usado o estaba al borde de su vida útil y se vendieron armas del Ejército cuando los decretos sólo autorizaban armas producidas por Fabricaciones Militares.
"No me queda duda de que se han sustraído irregularmente del patrimonio de Fabricaciones Militares y del Estado argentino una suma centenares de veces millonaria", concluyó Speroni.
En el fallo, en el que no hay ninguna cita de jurisprudencia ni de doctrina, el juez dedica varios párrafos del deber que tienen los funcionarios frente a la sociedad, cuando aceptan voluntariamente ocupar un cargo público.
El magistrado, en la misma resolución, procesó sin prisión preventiva al ex secretario de Producción para la Defensa Carlos Alberto Carballo, que participó desde la comisión tripartita en el trámite de uno de los dos decretos cuestionados, y confirmó la falta de mérito del ex vicecanciller Juan Carlos Olima.
En el expediente que instruye Speroni fueron procesados por el mismo delito que se le endilgó a González el ex interventor en Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga; los ex miembros del directorio de la empresa Antonio Vicario, Edberto González de la Vega y Jorge Franke; Teresa Irañeta de Canterino, personal civil de la misma repartición y personal de la Aduana María Cueto, Cayetano Furio y Miguel Bruno. Todos enfrentarán un proceso público ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.
La causa se inició de oficio hace cuatro años en la justicia federal de Belle Ville, provincia de Córdoba, luego de que medios periodísticos de Villa María informaron que la Fábrica Militar de pólvoras y explosivos de esa ciudad había vendido a Croacia, en 1993, un cargamento de pólvora del tipo M4 A2 por 2.500.000 pesos, la cual no había ingresado en las arcas de FM y no había sido registrado en la forma debida.
El juez federal de Belle Ville, Edgardo Fillippi, avanzó en la investigación, pero finalmente se declaró incompetente porque los embarques de armas descubiertos partieron del puerto de Buenos Aires.
El ex presidente está preocupado, admiten sus más estrechos colaboradores. Erman González y Emir Yoma no son menemistas del montón. Fueron durante los diez años del gobierno de Menem dos de los hombres más cercanos al ex mandatario.
González, contador riojano de 66 años fue, además, ministro de Salud y Acción Social, de Economía y de Trabajo y Seguridad Social y embajador en Italia y diputado nacional.
A pesar del poder que ostentó durante años, no le fue bien con la Justicia. Está procesado por falsedad ideológica y fue indagado por asociación ilícita en la causa que tramita Urso, y el juez federal Jorge Ballestero lo responsabilizó por defraudar al Estado con la venta de los Astilleros Navales Tandanor.
Menem está imputado en la causa de Speroni por el mismo delito que llevó a González tras las rejas. Nadie puede descartar que corra la misma suerte.
Sorpresa en la Cámara que revisará el fallo
La decisión del juez Julio Speroni causó ayer "sorpresa y preocupación" en la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal que tendrá que confirmar o revocar el procesamiento y prisión preventiva del ex ministro de Defensa menemista Antonio Erman González.
Una fuente de la Cámara expresó a La Nación que la sorpresa obedecía al hecho de que antes de procesar a González, Speroni debería haber indagado al ex jefe del Ejército teniente general (R) Martín Balza, pues ése era el camino lógico de la investigación.
Ese fue, de hecho, el orden que siguió el juez federal Jorge Urso en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
La preocupación se debe a la posibilidad de que la resolución en la que Speroni procesó a González no esté debidamente fundada.
En ese caso, si por falta de pruebas hay que revocar la medida, el costo político de dejar en libertad al ex funcionario menemista lo pagaría la Cámara, agregó la fuente del tribunal integrado por Carlos Alberto Pizzatelli, Marcos Arnoldo Grabivker y Roberto Enrique Hornos.
La preocupación fue mayor cuando alguien del fuero recordó una frase que Speroni habría comentado a otro juez en privado, al referirse al ex ministro de Defensa: "Yo lo meto preso y después que se arregle la Cámara".
Tres semanas atrás, desde el juzgado de Speroni pidieron al de Urso copias de los dos decretos presidenciales secretos firmados por González, Carlos Menem y otros ministros.
El pedido dibujó sonrisas irónicas en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, donde tiene su despacho Urso, pero no sorprendió, pues en varias ocasiones hubo otros similares.
El expediente de Speroni, que comenzó en la justicia federal de Bell Ville, Córdoba, tiene más de 33 cuerpos, según fuentes judiciales. Pero cuando en octubre último estuvo en el tribunal de alzada "no había pruebas concretas que incriminaran a González", indicó el mismo informante.
Sin embargo, Speroni citó en la resolución de ayer un fallo de la Cámara que le ordenó no abandonar ninguna línea de investigación.
Al confirmar el procesamiento de otro acusado en el sumario, la Sala B había manifestado que, "en principio, no resulta lógico suponer que los presuntos delitos hayan sido llevados a cabo, únicamente, por las personas que hasta el momento se encuentran procesadas en la causa".
Para ello se basaban los camaristas en "las especiales características de los hechos investigados (se trata de una presunta exportación de una muy importante cantidad de armas y material bélico a un país en conflicto mediante la burla al control aduanero, cuya ejecución se habría logrado en varias etapas como consecuencia de una coordinada convergencia de una gran cantidad de personas, de medios de transporte, de lugares, de contenedores, de traslados de mercadería".
Pocos días después de ese fallo de la Cámara, Speroni invitó al ex presidente Carlos Menem y a otros ex funcionarios a dar explicaciones por escrito. En el caso de González, no lo convencieron.
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