Es preciso encarar una reforma urgente

Al analizar el gasto del sector público argentino se debe incluir el que corresponde a los tres niveles de gobierno y sumar algunos gastos que no figuran en los presupuestos tales como los que realizan las obras sociales para empleados del Estado o el total de pagos a jubilados de las cajas provinciales no transferidas.

Estas correcciones las realiza en forma periódica el Ministerio de Economía y permiten obtener la mejor estimación del gasto público argentino. En base a estas cifras se puede observar lo siguiente:

• El gasto público total ascendería en el año 2000 a alrededor de 93.000 millones de pesos. De ese total 10.700 millones son intereses de la deuda pública (algo más del 11%).
• El 89% restante se divide en gastos de funcionamiento del Estado por 17.000 millones (administración general, Justicia y seguridad), 5900 millones en inversión pública y 59.400 millones en gasto social que absorbe, as í, casi el 64% del total de erogaciones.
• Dentro del gasto social los pagos a jubilados y pensionados absorben 22.500 millones, la educación 13.700 millones, los gastos en salud y obras sociales 13.400 millones.
• El resto se reparte entre vivienda, promoción social, seguro de desempleo, asignaciones familiares y otros gastos menores.
• En el período 1992-2000 el gasto primario de los tres niveles de gobierno (excluyendo los pagos de intereses) aumentó en 22.000 millones.
• Los rubros de mayor incremento porcentual de gasto fueron educación (72%), promoción y asistencia social (95%), programas de empleo, seguro de desempleo y asignaciones familiares (77%) y Justicia (71%).
• El aumento de gasto primario es muy marcado hasta 1996 (pasa de 60.800 a 77.100 millones), y se modera desde 1996 hasta el presente. Pero en los últimos cuatro años, mientras el gobierno nacional mantenía constante su gasto primario, las provincias lo aumentaron en 4200 millones y los municipios en 1200 millones.
• En otras palabras, los gobiernos subnacionales han ignorado que la crisis externa que enfrenta la Argentina ha empobrecido el país, y gastan más de lo que erogaban en períodos de buenos precios de exportación, una relación cambiaria favorable con Brasil y Europa y mercados de capitales que financiaban a tasas bajas a los países emergentes.
• Ese mayor gasto ha sido financiado en parte con mayor recaudación y en parte con más endeudamiento, aumentando el riesgo país.

Por lo tanto, ha asfixiado al sector privado, que debe hacer enormes esfuerzos de costos para recuperar la competitividad perdida.

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La pregunta que seguramente se hará el lector es si el Estado gasta casi todo en programas sociales, y es en éstos o en el Poder Judicial donde se han observado los mayores aumentos de gasto, ¿por qué la sociedad no lo percibe?

La respuesta es simple: tenemos un Estado que derrocha recursos en diversas formas.

Por un lado, el diseño de muchos programas es ineficiente y ello reduce el potencial de cada peso gastado. Por ejemplo, en lugar de subsidiar la demanda (alumnos o necesitados que carecen de cobertura de salud) en la Argentina los gobiernos provinciales subsidian la oferta educativa y de hospitales.

Así, es frecuente encontrar escuelas con muy pocos alumnos y muchos maestros, u hospitales con exceso de camas o de personal. Una simple cuenta muestra que el gasto en hospitales públicos alcanzaría para financiar la compra de una buena obra social para las personas de bajos ingresos que no tienen cobertura.

Además, el diseño de muchos programas favorece la corruptela y la politiquería. Un ejemplo son las pensiones graciables que otorgan los legisladores. ¿Cuál es la razón para que sean los legisladores y no expertos en problemas sociales los que elijan a los beneficiarios de un subsidio del Estado?

Al mismo tiempo, según ha sido reportado por distintos medios de comunicación, varias pensiones graciables parecen haber favorecido directamente a familiares de los legisladores.

Finalmente, el Estado argentino brinda algunos servicios gratuitos no solamente a personas de bajos ingresos sino también a gente de altos recursos. Esta falta de focalización genera un derroche importante de recursos, que resta fondos a los verdaderos necesitados.

El ejemplo más elocuente es la universidad pública gratuita para todos, cuando más del 60% de los alumnos proviene de hogares de clase media alta y alta. En resumen, urge realizar una reforma del Estado a fondo, que reduzca el gasto público a un nivel acorde con el esfuerzo que ha realizado el sector privado para responder al desafío de competitividad que ha debido enfrentar la Argentina.

Al mismo tiempo, esa reforma debería introducir las instituciones adecuadas para aumentar la eficiencia en la gestión estatal, eliminar los subsidios a los ricos y las prebendas de la dirigencia política.

Por Daniel Artana

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