ESMA: el acusado les apuntó a sus jefes

El prefecto retirado Héctor Febres negó ayer ante la Justicia haber torturado y golpeado a cuatro detenidos en la ESMA y reclamó que en el proceso por los crímenes allí cometidos, que se inició ayer, fueran juzgados también los oficiales superiores de la Armada.

De 64 años, con los hombros hundidos en un saco azul, Febres escuchó las acusaciones con la cabeza gacha. Sus ojos, casi ocultos por anteojos de marco grueso, eran inexpresivos. Sus manos, sobre un abdomen que explica el apodo de "gordo Daniel", jugueteaban con un papel. Está preso hace casi 9 años por más de 300 cargos de torturas y homicidios.

Mantuvo la actitud indiferente durante toda la audiencia de ayer, hasta que fue convocado por el presidente del tribunal, el juez Gustavo Gordo, a declarar. Febres se negó, pero quiso dejar en claro dos puntos: "Quiero negar todos los hechos que aquí se me imputan". Y ratificó el contenido de un escrito presentado ante los jueces, en el que reclamó que se lo juzgara junto con los jefes de la Armada, porque entiende que sus declaraciones, como oficial subalterno de la Prefectura, podrían beneficiarlo.

También se desdijo de sus declaraciones ante la justicia militar, en las que admitió que había estado destinado en la ESMA como enlace entre la Prefectura y la Armada.

El proceso, iniciado 30 años después de ocurridos los atroces crímenes de la ESMA, se realizó en una moderna sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, en medio de estrictas medidas de seguridad. Lejos de los vitraux y la boisserie de la sala de audiencias de la Cámara Federal donde fueron sentenciados los ex comandantes en 1985.

Ausencias

Entre las cuatro víctimas de tormentos por las que Febres está siendo juzgado, sólo acudió ayer Carlos Lordkipanidse. Los demás, Carlos García, Alfredo Margari y Josefa Prada de Olivieri, prefirieron no verle la cara a quien acusan de torturarlos.

El proceso comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, que consideró probado el secuestro de las víctimas y las torturas a las que fueron sometidas. El tono monocorde del secretario del tribunal Martín Schwab anestesiaba las aberraciones a las que fueron sometidas las víctimas en la ESMA. Desde torturas con picana y quemaduras de cigarrillos hasta tormentos infligidos a un bebe de 20 días. El fiscal entendió, con citas de jurisprudencia nacional e internacional, que Febres cometió delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.

La lectura se alargaba y uno de los querellantes, Rodolfo Yanzón, pidió leer sólo las partes resolutivas, propuesta que rechazó el juez Gordo: "Tenga paciencia", le pidió, a lo que el letrado, no sin ironía, respondió: "Son 30 años de paciencia".

Tras la lectura, comenzaron las fintas entre la fiscalía y los querellantes y el abogado de Febres, el defensor oficial Eduardo Valle. Miriam Breckman, letrada de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos abrió el fuego para reclamar que Febres fuera alojado en una cárcel común y que su custodia estuviera a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Actualmente está detenido en la Prefectura de Tigre. Destacó su preocupación por la seguridad de los testigos, considerando que aún nada se sabe de Julio López.

Yanzón, letrado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además reclamó que a Febres se le colocaran esposas durante sus traslados por el interior del tribunal.

Valle respondió que en todos los años que lleva preso Febres no protagonizó ningún incidente y dijo que no iba a ser necesario colocarle esposas, porque pidió permiso para no asistir más a su propio juicio, hasta el día en que comiencen los alegatos.

Los jueces resolvieron darle la razón a Valle y autorizaron que Febres no concurriera más al juicio y que permaneciera detenido en la sede de la Prefectura Naval de Tigre.

Por Por Hernán Cappiello <br/> De la Redacción de LA NACION

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