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España pedirá la extradición de unos 40 ex jefes militares
El juez Garzón los procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas
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El gobierno español pedirá la extradición de 40 ciudadanos argentinos, 39 militares y un civil, que están acusados de genocidio, terrorismo y torturas por su actuación durante la última dictadura militar.
Así lo dispuso ayer el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de España.
El pedido incluye a los ex comandantes Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla; al ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi y al ex marino Alfredo Astiz, todos ellos con causas en trámite y, excepto Massera, todos presos a disposición de los tribunales argentinos.
Pero la lista comprende también a personas que están en libertad, como Gonzalo Torres de Tolosa, abogado denunciado en la causa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA (que fue incriminado por el ex marino Adolfo Scilingo en su testimonio sobre los "vuelos de la muerte"), y los ex jefes de la Fuerza Aérea Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, ambos absueltos en el juicio a las juntas militares.
Todos ellos están procesados en España en la causa que instruye el juez Baltasar Garzón. Están acusados de haber participado de un "plan sistemático de desaparición y de eliminación física de ciudadanos". Según el juez, casi 600 españoles y descendientes de españoles fueron víctimas de la dictadura argentina.
Hace más de tres años, Garzón solicitó la captura internacional de casi 50 personas. Aquel pedido llegó a Buenos Aires en julio de 2003 y, a las pocas horas, el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso varias de las detenciones solicitadas.
Ese trámite de extradición fue frenado por el gobierno español, que ahora lo vuelve a impulsar.
Pero situación en la Argentina ya no es la misma. Con la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, las causas por los crímenes de la dictadura pueden avanzar sin trabas legales. Por eso es difícil pensar que algún juez argentino vaya a aceptar entregar a ciudadanos que él mismo está en condiciones de juzgar.
"En su momento, el contexto era otro. Ahora, esta decisión no va a tener ningún efecto. Ni siquiera va a posibilitar nuevas detenciones", dijo a LA NACION un juez que tiene a su cargo importantes causas de derechos humanos. "Ya no hay ningún impedimento para juzgar estos hechos, y la justicia argentina tiene prioridad para investigarlos", sostuvo.
Ese fue, justamente, el fundamento con el que España se había negado, en agosto de 2003, a pedir las extradiciones. El gobierno de José María Aznar consideró por entonces que, como el Congreso acababa de votar la anulación de las leyes exculpatorias, los delitos ya no quedarían impunes.
Contra esta medida, familiares de víctimas de la ESMA se presentaron ante la justicia española y, el 31 de mayo de 2005, el Tribunal Supremo anuló la decisión de Aznar, al entender que no tenía facultades para frenar las extradiciones porque eso implicaba una injerencia en las facultades del Poder Judicial.
En España, como en la Argentina, los procesos de extradición son mixtos (tienen una parte jurídica y otra política) y los gobiernos pueden negarse a entregar a sus ciudadanos. Sin embargo, como en este caso se trataba de una extradición activa (España es quien reclama), el Tribunal Supremo consideró que el gobierno español no podía oponerse.
Así lo explicó a LA NACION Carlos Slepoy, abogado de la Acusación Popular en la causa, que relató que durante un año y medio debió pelear para que se cumpliera el fallo.
"Es una sentencia importantísima -dijo-. Fijó una doctrina para todos los casos, que respeta al Poder Judicial y consolida la idea de la persecución universal de los criminales."
El abogado cree que, más allá de que se concreten o no las extradiciones, la decisión es "un empuje y una ayuda para la justicia argentina, que tiene mucho por avanzar en materia de derechos humanos".
Entre quienes se pretende extraditar están los militares Jorge Anaya, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Mendía, Jorge Perrén y Antonio Pernías. También, Adolfo Donda, Julio Coronel, Juan Azic y Juan Rolón.
En pocas horas, el pedido del gobierno español llegará a la Cancillería, que lo remitirá a la Justicia. Entonces, se sorteará quién será el juez federal que lo resuelva.
Contra los fiscales del caso Gerez
- Los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria presentarán la semana próxima un pedido de juicio político contra los fiscales que intervinieron en la causa que investiga el secuestro del albañil y militante kirchnerista Luis Gerez. El titular de esa bancada, Fernando Navarro, adelantó ayer que "se está terminando de redactar la denuncia" para radicarla ante la Procuración de la Suprema Corte bonaerense. A los funcionarios judiciales les cuestionan haber investigado a testigos del entorno de Gerez y sembrar dudas sobre la veracidad del secuestro.
Derechos humanos
Videla
Preso en su casa
Tiene 81 años y está preso desde 1998 en su departamento de Cabildo 639, en el barrio de Belgrano.
Massera
Inimputable
Está acusado en varias causas, pero fue declarado inimputable por su grave estado de salud.
Astiz
Condenado
Francia lo sentenció a cadena perpetua en ausencia. Está preso por su actuación en la ESMA.
Bussi
Preso
Fue uno de los pocos generales de la dictadura que tuvo actividad política posterior.
Menéndez
Preso
Procesado por una decena de causas, está preso en Tucumán y fue trasladado a una cárcel común.
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