Evo Morales quiere que juzguen a Mauricio Macri en Bolivia

En el marco de las acusaciones por el presunto envío de armamento desde la Argentina a Bolivia en 2019, que habría sido utilizado para reprimir las protestas que siguieron a la destitución de Evo Morales, el expresidente boliviano dijo ayer que Mauricio Macri deberá ser juzgado “en Bolivia o donde sea para defender la democracia en América latina” y para que “nunca más haya golpes de Estado en la región”.

“Si nos basamos en las normas bolivianas, los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen 30 años de cárcel. Álvaro García Linera lo explicó muy bien”, completó Morales, entrevistado por Página 12. El exmandatario de Bolivia tildó a quienes colaboraron con el desembarco de Jeanine Áñez en el poder como “agentes del imperio” y aventuró que Brasil también podría haber colaborado para lograr su destitución.

Por el supuesto envío de armas a Bolivia ya existe una causa penal abierta en la Argentina, en la que fueron imputados Macri, dos de sus ministros (Patricia Bullrich y Oscar Aguad) y otros exfuncionarios.

La denuncia la presentó el gobierno argentino, que los acusó de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.

La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados de hoy- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.

Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.

Según el Poder Ejecutivo, es imposible que se hayan usado tantas balas de goma en prácticas. El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimiento, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez”.

Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver con el destino de las balas de goma y que son las nuevas autoridades las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó.