Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y rechazan su traslado a Esquel
En modo de protesta, el dirigente dijo que dejará de ingerir agua; hace un mes, había comenzado una huelga de hambre; se considera “un preso político”
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal Gustavo Zapata volvió a prorrogar por 90 días la prisión preventiva para Facundo Jones Huala y rechazó su traslado al penal de Esquel. El líder mapuche, preso en la cárcel de Rawson desde hace casi un año, anunció que dejará de ingerir agua en señal de protesta.
Hace un mes, Jones Huala comenzó una huelga de hambre líquida y ahora recrudeció su decisión tras conocerse la decisión del juez. “Las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos. También rechazaron nuestro pedido de morigeración de la petición en la modalidad de arresto domiciliario o pulsera electrónica”, indicó el abogado Gustavo Franquet.
Hace una semana, la Sede Fiscal Descentralizada Bariloche, a cargo del fiscal Oscar Fernando Arrigo, formalizó la ampliación de la imputación contra Jones Huala por haber formado parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) desde noviembre de 2011 hasta la actualidad.
El fiscal indicó que la organización, conformada por otras seis personas cuya identidad aún no fue establecida, tiene por objeto principal “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, un delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal que tiene una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión.
La fiscalía considera, además, que Jones Huala habría realizado “distintos tipos de reivindicaciones de hechos de sabotaje incendiario”, con la intención de que sus actos fueran emulados por otras personas. También mencionaron la presentación del libro “Entre Rejas Antipoesía Incendiaria”, realizada por Jones Huala en una biblioteca de Bariloche: señalaron que en ese momento se habrían llevado adelante una serie de conductas compatibles con la apología del delito, prevista en el artículo 213 del Código Penal.
A su vez, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la RAM tendría una organización tipo militar, conducta que encuadraría en las previsiones del artículo 210 bis del Código Penal. Según afirmaron desde la fiscalía, la organización operaría en Río Negro, Neuquén y Chubut, y a su vez, tendría conexiones con la CAM, una organización de similar estructura en la República de Chile.
Los abogados defensores advirtieron que apelarán las últimas decisiones del juez Zapata ante la Cámara de General Roca. “Aunque vemos que los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla con Facundo lo que denominamos el derecho penal del enemigo, solo nos queda seguir luchando”, dijeron.

En junio de 2025, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina. En octubre del año pasado, Jones Huala inició una huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.
Hace un mes, inició una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno. Jones Huala reclama “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.
A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.
El mes pasado, en una nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.
Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.
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