Fabián Rodríguez Simón quiere volver al país y pidió que le permitan declarar sin riesgo de quedar detenido
El exasesor de Mauricio Macri está en Uruguay; lo busca la justicia argentina por una supuesta extorsión a Cristóbal López; pidió la eximición de prisión, el fiscal se opuso y decide María Servini
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LA NACIONHernán Cappiello
El exasesor de Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, radicado en Uruguay con un pedido de captura por una presunta extorsión a Cristóbal López, quiere regresar a la Argentina y declarar sin correr riesgos de quedar detenido. Por eso, presentó un pedido de eximición de prisión ante la jueza María Servini, pero el fiscal Guillermo Marijuan se opuso a que le concedan ese beneficio.
La jueza resolverá en las próximas horas y el pedido del exfuncionario del macrismo no parece que vaya a tener acogida favorable, dijeron a LA NACION fuentes allegadas al caso.
Rodríguez Simón presentó un escrito en el que señaló que como la situación del país había cambiado con la salida de Alberto Fernández del Gobierno y la llegada de Javier Milei al poder, entendía que ya no corría el peligro que lo hizo pedir asilo político en Uruguay.
El Gobierno uruguayo no le concedió ese asilo, pero todo el tiempo que Rodríguez Simón estuvo en Punta del Este le permitió eludir la orden de detención que libró la jueza Servini después de que el exfuncionario se ausentó y no se presentó cuando lo citó a prestar declaración indagatoria.
Servini tiene 24 horas para resolver, pero el primer paso fue dar vista al fiscal de la causa, Marijuan, quien se opuso a que se le conceda el beneficio de la exención de prisión. Se trata de un pedido para que la Justicia lo autorice a declarar sin riesgo de quedar preso, a cambio de su palabra o de una caución económica, que garantice que no se va a fugar.
Rodríguez Simón está acusado de haber extorsionado y amenazado al empresario Cristóbal López, en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos.
Estaba citado a declarar como sospechoso el 17 de junio de 2021, pero con la idea de que iba a ser detenido, “Pepín” pidió asilo como refugiado político en Uruguay y presentó un hábeas corpus en busca de protección judicial. Sus pedidos fueron rechazados en Uruguay, pero él permanece allí desde hace casi 3 años.
La jueza federal María Servini había afirmado en su pedido de captura que estaban dadas “las condiciones para decretar la rebeldía” de Rodríguez Simón y “ordenar su inmediata captura nacional e internacional”. La magistrada dispuso además la inhibición general de bienes del acusado, que es parlamentario del Mercosur y amigo del expresidente Macri.
Los delitos por los que la jueza pidió la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención, enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.
Toda la controversia se dio en una causa promovida por Fabián De Sousa, socio de López, que denunció que Macri y un grupo de funcionarios de su confianza habían formado una asociación ilícita para presionar a los dueños del Grupo Indalo para que se desprendieran de sus empresas.
En esa investigación, los denunciantes dijeron que exfuncionarios los llamaron y convocaron a reuniones. La jueza ordenó un peritaje para determinar si existieron esas comunicaciones.
Los investigados son Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios con los que se debían entrecruzar sus llamadas son Martín Rappallini, Orlando Terranova. Ignacio Rosner, que estaba entre los investigados, falleció.
Servini ordenó que el entrecruzamiento incluyera todas las comunicaciones entre enero de 2016 y agosto de 2019, pero la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, revocó esa decisión y dijo que la búsqueda debía acotarse a los momentos en los que habrían ocurrido los hechos denunciados. Como consecuencia de esa decisión de la Cámara, la jueza ordenó a la oficina de escuchas telefónicas que le envíe todo lo averiguado y que esa información se destruyera.
Pero contra este fallo de la Cámara Federal, el abogado de De Sousa, Carlos Beraldi, pidió reanudar el peritaje. Allí dijo que había recusado a los jueces Bruglia e Irurzun y pidió que se reanudaran las medidas de prueba.
La causa ahora está en la Corte Suprema de Justicia, donde la querella tiene presentados diferentes recursos. Tras la presentación de Rodríguez Simón, Servini le pidió el caso a la Corte para tenerlo a la vista para resolver y el máximo tribunal se lo dio por solo por 24 horas.
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