Femesa: más tensión por los 300 despidos

Los 300 despidos que dispuso la semana última Ferrocarriles Metropolitanos SA (Femesa) continúan generando tensiones: ayer, más de 300 empleados de la empresa se congregaron en el hall de la estación ferroviaria de Once para protestar por la medida.

Según afirmaron los trabajadores, Femesa les había impedido la entrada a las instalaciones de Bartolomé Mitre 2800, con cadenas y candados, a pesar de la conciliación obligatoria dictada anteanoche por el Ministerio de Trabajo, que dejó sin efecto esos despidos por quince días.

"Cuando se creó el ente, a Femesa la dejaron sin activos como empresa y nosotros pasamos a ser una carga pública", se quejó Myriam Cidade, agrimensora, de 39 años, con 16 en la empresa, y una de las manifestantes que ayer se despacharon con insultos hacia el presidente Fernando de la Rúa y hacia Juan Carlos Vázquez, liquidador de Femesa.

En rigor, los despidos de Femesa obedecen a una iniciativa oficial por liquidar, antes del 30 de junio próximo, la parte de las empresas privatizadas que aún queda en poder del Estado. La razón es que estos entes residuales le siguen generando gastos a la administración central.

Femesa, privatizada hace casi siete años, tiene todavía unos 700 empleados. Y, según estimaciones de la Jefatura de Gabinete, organismo encargado de llevar adelante la liquidación, solicitó este año un crédito de $ 5 millones al Estado para gastos administrativos. Sin embargo, según datos oficiales, tiene $ 214.298.293 de pasivo, y su liquidación, sólo en juicios por cesantías, costaría unos $ 28.123.477.

En similar situación están otros 22 entes residuales que reúnen, junto con Femesa, a 1753 trabajadores. Aunque el Gobierno prevé gastar $ 8.500.000 en todas las liquidaciones, la solución definitiva podría costar unos $ 1100 millones. En la cuenta se incluyen los eventuales gastos del Instituto Nacional de Reaseguros(Inder, cerca de 500 millones) y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (200 millones), deudas que pueden negociarse para ser reducidas a montos considerablemente inferiores, según estiman en el Gobierno.

"Hay empleados que pertenecen a estas 23 empresas y prácticamente no hacen nada. Le están causando gastos al Estado", dijo a La Nación el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.

La medida, no obstante, inquieta a la cartera laboral. En reposo, como consecuencia de una fuerte gripe, el subsecretario de Relaciones Laborales, Enrique Espínola Vera, resumió ayer a La Nación : "Nosotros rotulamos el problema como un conflicto colectivo. Pero los despidos están suspendidos por quince días".

-¿Y qué pasará después?

-Las partes quedarán en libertad de acción. Dependerá de que lleguen a un acuerdo.

Por Francisco Olivera

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