Fentanilo adulterado: la oposición se une para impulsar la investigación pese al intento libertario de preservar al ministro Lugones
Todos los bloques de Diputados -menos los libertarios- consensuaron impulsar una comisión investigadora; el miércoles la oposición buscará emplazar a Asuntos Constitucionales para forzar un dictamen y exponer al ministro de Salud
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La Cámara de Diputados se encamina a dar un paso clave en la investigación legislativa por el fentanilo adulterado, un caso que ya dejó más de 90 muertes y pone bajo la lupa la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones. Todos los bloques, incluido el de los aliados de Pro, acordaron avanzar con la comisión investigadora y dejaron al oficialismo cada vez más aislado en su intento por frenar la pesquisa.
El miércoles será el punto de inflexión. La oposición incluyó el tema en la agenda de la sesión y se propone emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine esta misma semana. Pero el libertario Nicolás Mayoraz, presidente de esa comisión, convocó a un plenario el mismo día y a la misma hora: miércoles a las 14, cuando el recinto ya estará abierto desde las 13. La jugada fue leída como una maniobra dilatoria -“es una cargada”, retrucaron en la oposición-, aunque en el oficialismo replican que la citación fue formalizada antes del pedido de sesión.
Según el reglamento de Diputados, los emplazamientos solo proceden ante comisiones “en retardo”. Los libertarios podrían aferrarse a ese argumento para plantarse: sostendrá que Mayoraz ya convocó a debatir y, por lo tanto, no habría demora formal que justifique la medida. Pero si la oposición logra la mayoría necesaria, difícilmente esa defensa alcance para frenar la avanzada en el recinto.
La trama parlamentaria muestra la encrucijada del oficialismo. Los proyectos sobre fentanilo -presentados por Silvana Giudici (Pro), Unión por la Patria, Encuentro Federal Democracia y la Izquierda- habían sido girados originalmente a Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato. Pero la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, decidió cambiar la cabecera hacia Asuntos Constitucionales, decisión que trabó el avance.
Lospennato protestó, pidió que se revierta la medida y buscó despejar dudas sobre su rol. “Hay tanto acuerdo respecto de lo que hay que hacer que no vale la pena seguir prolongando esto”, sentenció. Y aclaró: “Invitamos a Asuntos Constitucionales a sesionar en conjunto y en plenario para poder despachar. Como no se nos devolvió la cabecera, hoy no podemos emitir dictamen, pero sí agotamos el análisis y elevamos un informe de lo actuado. Ahora depende de la voluntad del presidente de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”.
La propia Giudici, aliada incondicional del oficialismo en Diputados, fue quien primero promovió la comisión investigadora, pese al riesgo de exponer al Gobierno. Lo hizo con un cálculo político: apuntar contra el kirchnerismo por los presuntos vínculos que, en el pasado, habrían tenido funcionarios con Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, laboratorio señalado por la adulteración.
El acuerdo opositor ya tiene bases concretas: la comisión será unicameral, funcionará en Diputados, tendrá un plazo de 180 días y estará integrada por 31 miembros. La socialista Mónica Fein suena como posible presidenta. Al consenso se sumó incluso la tucumana Paula Omodeo (Creo), hasta ahora aliada del oficialismo, que en diciembre dejará su banca tras haber quedado fuera del armado libertario en su provincia pese a acompañar al Gobierno en las votaciones clave.
En cambio, los libertarios que presenciaron la reunión —Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni y Nicolás Emma— se mantuvieron en silencio.
El telón de fondo para el oficialismo es aún más problemático. El caso del fentanilo se superpone con otro escándalo: los audios que forzaron la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que junto con la Anmat -que debería controlar la seguridad en la confección de medicamentos- depende del ministro Lugones. Ambos casos exponen la debilidad del Gobierno en áreas sensibles y muestran las fisuras en materia de gestión.
Ante ese escenario, la Casa Rosada ya ensaya su defensa: sostendrá que la investigación corresponde a la Justicia y no al Congreso. Es el mismo libreto que utiliza para intentar desactivar la comisión por el caso $LIBRA, otro frente que complica al oficialismo en Diputados. “Que se investigue todo lo que se quiera investigar, pero para eso está la Justicia. El Congreso no tiene por qué armar comisiones investigadoras”, reiteró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Clarín.
Pero la estrategia muestra grietas. Incluso referentes cercanos como Lospennato reconocieron que Mayoraz incumplió su palabra al no convocar a tiempo. “Se había comprometido a citar esta semana. Luego me dijo que no. No me puedo hacer cargo de las decisiones que no me corresponden”, advirtió la diputada de Pro en la última reunión de la comisión que preside.
La sesión del miércoles definirá si esas tensiones se cristalizan en un emplazamiento formal. Si eso ocurre, como es esperable, Lugones quedará en el centro de un nuevo frente de tormenta, en un Congreso que el Gobierno hace rato que no logra contener.
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