Fentanilo adulterado: Pro y sectores de la oposición insisten en una comisión investigadora, pero el oficialismo toma distancia

Ante la dimensión de tragedia nacional que cobra día a día el caso del fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 96 víctimas fatales, el bloque Pro –aliado al Gobierno- y otras bancadas opositoras insistirán en la creación de una comisión investigadora especial en la Cámara de Diputados. Empero, el oficialismo se muestra cauto y reticente: en plena campaña electoral no quiere exponer al ministro de Salud, Mario Lugones, a una ofensiva opositora de consecuencias políticas impredecibles.

La primera impulsora de la comisión investigadora es Silvana Giudici, fiel allegada a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lugarteniente de la bancada de Pro que preside Cristian Ritondo. Junto a su par Silvia Lospennato, presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, acordó la convocatoria a este cuerpo –posiblemente la semana próxima- para avanzar en el armado de la comisión investigadora y unificar criterios con los otros dos proyectos que, en el mismo sentido, presentaron los diputados Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Jorge Araujo (Unión por la Patria).

Lo llamativo del caso es que las intenciones de Giudici cosechan adhesiones en todos los bloques, incluso en el bloque de Unión por la Patria, no así entre los libertarios, que se muestran renuentes a avanzar. Sostienen que con el pedido de informes que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados remitió el jueves pasado al Ministerio de Salud es suficiente. “Hay que ser cuidadosos, esperar la respuesta del Ministerio y dejar que la Justicia investigue”, alegan en la cúpula de la bancada oficialista.

Lo cierto es que, antes que alentar pesquisas en el Congreso, los libertarios prefieren instalar el tema en la arena proselitista, donde se siente más cómoda. El guion ya fue escrito y apunta a vincular al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof con el propietario de los laboratorios investigados, Ariel García Furfaro. El propio Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña electoral libertaria en La Plata, siguió el libreto cuando arremetió contra el juez de La Plata que investiga la causa.

“¿Les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país”, arremetió el presidente.

Giudici, si bien coincide en que hay que machacar en los posibles nexos entre exfuncionarios y dirigentes kirchneristas con García Furfaro, el narcotráfico y el lavado de dinero, insiste en que una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sería el ámbito ideal para la estrategia oficialista.

“El caso del fentanilo contaminado no es solo una cuestión sanitaria. Aquí hay que investigar las conexiones entre la ruta del narcotráfico, el lavado de dinero y las vinculaciones con exfuncionarios kirchneristas. Es un escándalo que por ahora no forma parte de la causa judicial que lleva adelante Kreplak, pero bien puede ser investigado por una comisión del Congreso –sostiene Giudici-. Nosotros queremos una comisión seria y que no se inmiscuya con lo que ya viene investigando la Justicia”.

En los restantes bloques creen, no obstante, que el alcance de las investigaciones de una comisión especial debería ser más amplio. Por lo pronto, consideran imprescindible que el ministro Lugones sea citado a dar explicaciones sobre el caso, al igual que el organismo contralor, la ANMAT.

“Una comisión investigadora ayudaría mucho a ir a fondo en la investigación del caso”, enfatizó a LA NACION la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin.

“El fentanilo contaminado sigue matando y el ministro de Salud aún no dio explicaciones. Desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública exigimos saber por qué fallaron los controles y qué medidas se tomaron”, enfatizó Tolosa Paz. Por otro lado, afirmó que es necesario investigar sobre la posible participación de redes de narcotráfico y reclamó la colaboración de organismos estatales: el ANMAT, cuya desfinanciación, sostuvo, la pone al borde de la desaparición; la Aduana que, dijo, reestableció una resolución derogada por el gobierno libertario que establecía controles estrictos para la importación de fentanilo; el Ministerio de Seguridad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En el mismo sentido se pronunció Juliano, jefe del bloque de Democracia para Siempre, al argumentar la necesidad de una comisión investigadora.

“Es necesario determinar la responsabilidad del Ministerio de Salud, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de los laboratorios involucrados. Aquí fallaron todos los órganos de control, desde la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad; y esto exige una investigación exhaustiva”, indicó.

Por Laura Serra

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