Alberto Fernández presenta una reforma judicial para licuar el poder de Comodoro Py

Alberto Fernández presentará mañana el proyecto de reforma judicial, una iniciativa de alta sensibilidad política, que fue prenunciada como una piedra basal de su gestión. El corazón de la iniciativa -cuyos detalles aún falta culminar- estará en la "desconcentración" y "agilización" del fuero federal, según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes oficiales. Implicará un reordenamiento de los tribunales, que contemplará fusiones de fueros y redistribución de competencias.

En la práctica, implicará licuar el poder que concentran hoy los doce juzgados con sede en Comodoro Py, donde se tramitan los casos de corrupción política, pero también otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. "El objetivo es ampliar en transparencia, en eficiencia y en agilidad el fuero federal", se limitaron a decir en la Casa Rosada sobre el anuncio que hará el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

El proyecto oficial no contemplará, en cambio, modificaciones importantes en los mecanismos de selección y remoción de los jueces. "El proyecto no se mete con una reforma del Consejo de la Magistratura", afirmó un estrecho colaborador presidencial a este medio.

El Gobierno entiende que sería complejo entrometerse, en esta instancia, con ese órgano colegiado, que es el más político de la gestión judicial. Allí confluyen representantes del oficialismo, de la oposición y de distintos estamentos de la Justicia para tramitar los concursos para cubrir vacantes en los juzgados y los procesos para remover magistrados.

Tampoco incluirá esta iniciativa una reforma en la ley de inteligencia. Fernández viene pregonando que pretende cortar las históricas terminales que los servicios tienen en los tribunales. Pero la modificación de la legislación en materia de inteligencia -que viene trabajando la interventora en la AFI Graciela Caamaño- se trataría más adelante, en un proyecto aparte.

Sí se espera, en cambio, que la iniciativa contemple la creación de nuevas fiscalías especializadas para la investigación de delitos complejos. Una política de este tipo había tenido la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, que había creado procuradurías y unidades especiales mediante resoluciones del Ministerio Público.

Con las ansiedades que el proyecto genera en todo el arco político y en la familia judicial, fue Alberto Fernández quien anunció ayer que la reforma será presentada próximos días.

"Es un proyecto que trata de poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia Federal", dijo el Presidente en una entrevista con Radio 10. Agregó, en tanto, que hay que definir qué hacer con los tribunales ordinarios porteños porque "hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas".

Semanas atrás trascendió que el proyecto se acotaría a una fusión de Comodoro Py con el fuero penal económico y tributario. Pero esa idea generó resistencias en el kirchnerismo y se espera un reordenamiento que incluya a más tribunales.

Los últimos ajustes

Fuentes oficiales señalaron que, si bien se presentará en los próximos días, "el proyecto todavía no está terminado" y que aún "falta pulir" parte de la letra chica. "Ojalá lleguemos para la semana que viene", deslizaron.

La inciativa fue trabajada muy celosamente por Fernández con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz (que quiso introducir, sin éxito, un plan con el mismo espíritu en el año 2003), y con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, además de la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. "El proyecto lo encabeza el Presidente", señalaba ayer un colaborador que camina el ala presidencial. Difícilmente el Gobierno envíe al Congreso un proyecto de estas características sin el visto bueno del kirchnerismo duro.

Una nueva reforma judicial deberá empalmarse, en tanto, con el nuevo Código Procesal Penal, que introduce el sistema acusatorio. Esa modalidad implica, en sí misma, un cambio de fondo en la Justicia porque dota de más poder a los fiscales para investigar y coloca a los jueces como "ordenadores" del proceso.

El sistema acusatorio por ahora solo empezó en Salta y Jujuy, porque la transición es compleja. Fuentes oficiales se animaban a anticipar que igual de complicada será, si se aprueba, la instrumentación de la reforma que impulsa Fernández. "La clave de todo va a estar a la hora de la implementación", dijo ayer un funcionario tras el anuncio presidencial.