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Fondos reservados: levantarían el secreto
En la Cámara de Diputados estudian un proyecto que obligue a los funcionarios a rendir cuentas
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En medio del debate por la reducción del costo de la política, los diputados de la Alianza reflotaron y piensan aprobar en los próximos días un proyecto que obliga a levantar el secreto sobre los gastos reservados del Estado, que este año demandarán unos 130 millones de pesos del presupuesto nacional.
Los legisladores pretenden crear una comisión que obligará a los funcionarios de las áreas de seguridad, inteligencia y defensa, que hoy tienen asignadas altas sumas para usar sin rendir cuentas, a elevar un informe detallado con los destinatarios y los motivos de sus erogaciones secretas.
De este modo, suponen los impulsores de la iniciativa, se evitaría el financiamiento de maniobras sospechosas con dinero público y se podría recortar algo del presupuesto para destinarlo a emparchar la situación social.
La creación del régimen de gastos reservados había sido ideada por el frepasista Darío Alessandro y por los radicales Jesús Rodríguez y Raúl Baglini en agosto último, en pleno escándalo por los supuestos pagos de sobornos a senadores a cambio de la aprobación de la reforma laboral.
En ese momento se habían descubierto movimientos sospechosos realizados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -que conducía Fernando de Santibañes- con fondos secretos.
El proyecto no llegó al recinto esa vez, pero ahora, tras la reunión que mantuvieron el presidente Fernando de la Rúa y los diputados que conducen el bloque de la Alianza, se acordó que fuera uno de los temas que el oficialismo impulsaría para retomar la iniciativa parlamentaria.
Alessandro pidió en la última sesión una preferencia para que el tema -que ya cuenta con un dictamen de comisión, sin objeciones de la oposición- sea tratado en la próxima reunión de la Cámara baja.
"Es necesario crear un mecanismo de control serio para terminar con las irregularidades. Hay que decir que los gastos reservados se redujeron en los últimos años, pero todavía pueden bajarse más", consideró Alessandro.
Más de 100 millones
Las partidas para erogaciones secretas habían alcanzado en el último presupuesto del gobierno de Carlos Menem un total de 300 millones de pesos, que se incrementaron con reasignaciones de partidas difíciles de calcular. En el actual presupuesto están previstos para esos fines 130 millones de pesos.
El proyecto que tratará la Cámara de Diputados establece que los gastos reservados serán aprobados por el Congreso luego de analizar en detalle los fines y la cantidad por usar en cada caso, según informe el Poder Ejecutivo.
Para eso se conformará una comisión bicameral, que también tendrá la misión de revisar que se cumpla con esas previsiones y que el destino del dinero sea el indicado. Tendrá facultades para requerir documentación, antecedentes e informes a funcionarios de la administración central.
Los funcionarios que reciban estas partidas deberán, si se aprueba la ley, entregar cada mes una planilla con todas las erogaciones realizadas en concepto de "gastos reservados".
Cada año la comisión legislativa elevará al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un documento público que explique el monto empleado en pagos reservados y si se cumplió o no el objetivo fijado por el Gobierno.
En ese trabajo no podrán revelarse informaciones que pudieran afectar el funcionamiento de los organismos que usan ese dinero.
Los datos considerados de seguridad nacional (que hasta hoy justifican el secreto y la discrecionalidad en los gastos) quedarán sólo en conocimiento de los miembros de la comisión parlamentaria y de un organismo de control formado por profesionales elegidos por concurso público.
Además, los legisladores se proponen presionar a los gobernadores para que un régimen similar comience a emplearse en sus administraciones. Fuentes del Ministerio del Interior calcularon que en las provincias se usan cerca de 300 millones de pesos en operaciones que no requieren rendición.
Con esta medida se intenta instrumentar un sistema de control similar al que rige en los Estados Unidos o en Alemania, que, entre otros aspectos, responsabiliza penalmente a quienes violen la normativa.
La historia
El origen de los gastos reservados se remonta al gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, específicamente después de la revuelta popular conocida como "el Cordobazo".
El gobierno militar sancionó, en 1969, la ley secreta 18.302, que continúa vigente, con la intención de que la administración contara con dinero para financiar maniobras de inteligencia y de seguridad que no podían hacerse públicas.
Con el correr de los años, esa asignación de millonarias sumas secretas fue creciendo desmesuradamente y -al no existir ningún tipo de control del Congreso- se desvirtuó su fin original.
Con el gobierno de Raúl Alfonsín se eliminaron cuentas reservadas creadas durante los años 70.
Sólo se mantuvieron las cuentas reservadas para la SIDE, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y la Presidencia de la Nación.
La administración menemista extendió el privilegio a la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y al resto de los ministerios.
Y se decretaron incrementos insólitos: por ejemplo, la Cancillería pasó de 25.000 pesos para gastos secretos en 1993 a 21 millones de pesos al año siguiente.
"Aplicar esta ley con claridad contribuirá no sólo a la reducción del déficit que afecta la economía del país, sino a la transparencia de los actos de gobierno", indicó el radical Raúl Baglini en los fundamentos del dictamen.
Desde 1969
Onganía
- Asignados a funcionarios nacionales para que gasten sin rendir cuentas en materia de seguridad, defensa e inteligencia, los fondos fueron creados por una ley secreta del gobierno del teniente general Juan Carlos Onganía en 1969.
De la Rúa
- Las cifras se fueron abultando con el correr de los años hasta llegar a unos 300 millones de pesos durante el segundo mandato de Carlos Menem. Fernando de la Rúa redujo esas partidas secretas, pero todavía quedan cerca de 130 millones de pesos de gastos reservados previstos para el presupuesto nacional del año actual. El Congreso busca levantar el secreto de esas erogaciones para controlar en qué se usan y, eventualmente, reducir su monto.
