Fopea, Fundar y otras entidades denuncian que la ley de lobby de Milei puede derivar en “supervisión estatal permanente”
Por el contrario, la Casa Rosada dice que busca “transparentar” los procesos de influencia sobre las decisiones gubernamentales y legislativas; mañana se debate en comisión en Diputados
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LA NACIONPaula Rossi
Organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento con disidencias sobre aspectos centrales de la ley de lobby que el gobierno de Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados, y que expondrán mañana cuando el tema se debata en un plenario de comisiones en el Congreso.
La iniciativa, denominada formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca -según la Casa Rosada- regular la influencia de distintos actores sobre decisiones gubernamentales y legislativas, y generar así un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y con reglas claras que sumen calidad institucional en la Argentina.
No obstante, parte de esos argumentos fueron utilizados por entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras, para poner reparos sobre el proyecto, al que definieron como ley “de participación vigilada”.
En el documento que ya hicieron público, y al que accedió LA NACION, advirtieron que si el texto de esta iniciativa sale como lo mandó el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, sobre todo respecto de entidades críticas del Gobierno, como así también afectarse la libertad de expresión.
En el escrito, desde las organizaciones disidentes plantean que la ley de lobby libertaria derivará en que actividades normales en democracia -como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público- queden sujetas a “supervisión estatal permanente”.
Además, denuncian que la obligación de inscripción previa y de reportes periódicos, y las sanciones administrativas o penales que prevé el proyecto, “pueden generar barreras burocráticas importantes”, especialmente para las organizaciones pequeñas o con menos recursos para afrontar los nuevos requisitos. Ponen como ejemplo que esto aumentará los costos administrativos y la necesidad de contar con asesoramiento legal. Y en ese sentido refieren que la equiparación entre entidades de distinto porte es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.
Bajo esa misma postura, también expresan que las multas contempladas como infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales pero “impagables” para ONGs locales, por lo que denuncian “asimetría en la severidad”.
Asimismo, estas organizaciones se quejan de que el texto de la ley equipara la “participación social” a la hora de construir políticas públicas con el lobby comercial.
“Debe observarse con estricta sospecha toda iniciativa que -aún cuando los fines proclamados sean legítimos- derive en una limitación ilegítima del derecho”, señalan estas entidades y añaden que factores del texto como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación o cierta “amplitud” en conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior que haga el Poder Ejecutivo pueden implicar "riesgos de implementación selectiva" o incluso la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.
Según las entidades firmantes, si esta iniciativa sale aprobada tal cual la mandó el Gobierno, organizaciones que tienen como función controlar al poder podrían quedar sometidas a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder que controlan, algo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.
“Uno de los aspectos más delicados del proyecto es su posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”, advierten.
En el texto, sin embargo, el proyecto oficial incluye a las actividades periodísticas dentro de las no alcanzadas por la ley de lobby.
No obstante, estas organizaciones aseguran que esa excepción aparece “redactada de manera ambigua” y “condicionada”. Entonces, consideran que ese punto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, porque “en muchos casos habrá una dimensión de incidencia pública que los pondrá al alcance de las sanciones, con el riesgo que esto puede implicar también para el resguardo de las fuentes”.
Fopea y el resto de las organizaciones firmantes refieren que el proyecto del Gobierno no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, algo que podría afectar “de manera significativa” el trabajo de organizaciones de DDHH y comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas, iglesias, entre otras.
También puntualizan en que una parte del articulado de la ley oficialista "asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros". Por tanto, reclaman que esto puede generar un riesgo “reputacional y político”, y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.
Las entidades plantean en el texto que las sanciones que contempla la normativa para los gestores de intereses son “excesivas e ilegítimas”, y observan por el contrario que son laxas sobre funcionarios y legisladores.
El documento de estas organizaciones también cuestiona la conformación de un Registro público de gestores, ya que asegura que así el Estado gozará de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. “Esto podría utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”, enfatizan.
A su vez, puntualizan en que la obligación a las organizaciones inscriptas de presentar reportes trimestrales puede, en el caso de aquellas que controlan al Estado, obligarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, como así también que queden sometidas a “presión o persecución política”.
Al mismo tiempo, acusan que el proyecto del Ejecutivo va en contra de jurisprudencia internacional en la materia y que los conceptos de lobby y lobby extranjero son “extremadamente vagos”.
Mañana, las organizaciones se expresarán en sintonía con este documento en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que comenzará a las 14 en la Cámara baja.
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