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Fuerte polémica en el interior del oficialismo por los presos por corrupción
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LA NACIONCandela Ini
El albertismo y el kirchnerismo duro se sumergieron en una interna caliente: ¿en la Argentina hay presos políticos o hay detenidos de manera arbitraria? Los exfuncionarios encarcelados con prisión preventiva durante el macrismo por casos de corrupción desataron un motivo de fuertes discusiones en las esferas más altas del Gobierno. Es un tema incómodo para el oficialismo, que no tiene un discurso uniforme al respecto, sino polifónico. Las diferencias generan rispideces puertas adentro y en los últimos días quedaron expuestas en declaraciones públicas.
Los testimonios de los funcionarios delinearon claramente dos posturas: en línea con lo planteado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete y algunos ministros dijeron que no hay presos políticos en la Argentina. En cambio, en sintonía con lo que sostiene la vicepresidenta Cristina Kirchner, otro sector del Gobierno contradijo al Presidente y sostuvo que la Justicia llevó a prisión a exfuncionarios por motivos políticos.
La tensión creció a partir de los dichos del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien sostuvo que no hay presos políticos si no detenidos de manera arbitraria. Esa definición provocó que el exministro de Planificación Julio De Vido, que se encuentra con prisión domiciliaria en su chacra de Zárate, explotara en críticas contra Cafiero.
Las reacciones brotaron, también, desde el propio Gabinete. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, salió al cruce de Cafiero. En diálogo con la radio Futurock, Gómez Alcorta dijo: "en los últimos 5, 6 o 7 años, en toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos".
Por el contrario, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis dijo al programa radial Toma y Daca que suscribe a lo que dijo Cafiero. Y una situación similar se dio con el canciller Felipe Solá, quien dijo que no hay presos políticos si no casos de encarcelamiento "que no se justifican".
De Vido también reaccionó ante los dichos de Solá: le recordó que durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires la Policía Bonaerense asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y le pidió respeto para Cristina Kirchner y para los "presos políticos".
En medio de los cruces, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort -defensora de Amado Boudou y de Roberto Baratta- emitió un hilo a través de su cuenta de Twitter, donde si bien consideró que los detenidos por corrupción son presos políticos, le quitó presión al Presidente.
Las palabras de Peñafort fueron una suerte de "paño frío" sobre la discusión caliente. Se diferenció de lo que dijo Cafiero, pero le atribuyó responsabilidades al Poder Judicial. Las palabras de Peñafort le cayeron bien al Presidente, según reconstruyó LA NACION. En el entorno de Fernández se interpreta que no todos los detenidos por corrupción piden lo mismo. Peñafort, que defiende a Baratta y Boudou, sostiene que no pide un indulto, si no un proceso en libertad.
Las diferencias que mantuvo el peronismo sobre este tema mientras fue oposición no presentaban el mismo grado de tensión que manifestan ahora. El oficialismo no se explica porqué en la semana de mayor lucimiento de Alberto Fernández -término utilizado por un dirigente cercano al Presidente- en su gira por Europa, los funcionarios del Gobierno se enfrascaron en una discusión sobre los presos políticos y el proyecto de despenalización del aborto.
"Alberto se lució con [Emmanuel] Macron y con [Angela] Merkel, Arguello consiguió que [Donald] Trump le recibiera sus cartas credenciales, y acá estamos hablando de presos políticos y de aborto y matándonos" dijo un dirigente a LA NACION.
Y agregó: "Todos estamos de acuerdo en que no queremos indultos ni amnistías y todos estamos de acuerdo en que están mal detenidos, pelearse por un rótulo es absurdo". La dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el exvicepresidenteAmado Boudou, Julio De Vido, el dirigente de MILES Luis D’Elía , el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime son algunos de los dirigentes que quedaron detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri y que siguen en prisión, aunque algunos en sus domicilios.
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