Gendarmería presentó informes parciales ante la Justicia en la causa por la agresión al fotógrafo Pablo Grillo
Entregó el material de solo una de las cámaras que llevó al Congreso el 12 de marzo; la otra, según afirmó la fuerza en un escrito, nunca se activó; además, en el material entregado, hay agujeros en momentos claves de la grabación, según la querella
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La Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización frente al Congreso, el pasado 12 de marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad al ser alcanzado por el casquillo de una granada de gas.
El material –solicitado por la jueza María Servini en el marco de la investigación sobre lo ocurrido aquel día– es el registro de las cámaras que algunos de los efectivos llevan en su casco. Pero la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, hizo entrega parcial de lo solicitado por la jueza.
Por un lado, en el registro fílmico que sí puso a disposición de la Justicia, se advierten “tramos faltantes en momentos claves del operativo”, según denunció la querella, en manos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con “omisiones de escenas de interés probatorio”, completaron.
Respecto a la segunda cámara que fue llevada al operativo, en un escrito presentado este martes ante el juzgado, la fuerza de Seguridad afirmó que esta nunca había sido “activada”, sin dar explicaciones de por que esto fue así.
“En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación ‘Go Pro’, número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”, dice el texto, que lleva la firma del director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.
El escrito fue entregado el día previo a la última movilización frente al Congreso en reclamo por la recomposición de los haberes jubilatorios en la que también se registraron incidentes, arrestos y agresiones contra periodistas y fotógrafos, entre ellos, Tomas Cuesta, de la cadena francesa AFP, colaborador de LA NACION. También fueron detenidos los fotógrafos Javier Iglesias y Mariana Nedelcu -a quien le rompieron la cámara con la que trabajaba-; y Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza, cronista y camarógrafo de LN+, fueron agredidos.
Según el relato de la querella, en la grabación que dispone la Justicia se observa cómo uno de los gendarmes dispara contra Grillo.
Sin embargo, tal como muestra la reconstrucción que hizo LA NACION de lo sucedido aquel día, en base a distintos registros audiovisuales, no se trata del lanzamiento que se produce justo antes de que el fotógrafo Grillo cayera al piso y fuera auxiliado por colegas, sino de otro disparo que también fue realizado de forma horizontal, a contramano de lo que indica el manual de uso.
Además, según el propio material que el Ministerio de Seguridad entregó a la Justicia, los cartuchos de carga química son “extremadamente peligrosos al impacto directo” y que por ello “no son convenientes para dispersar tumultos o manifestaciones”.
Como parte de la última tanda de medidas, la jueza Servini le ordenó al Cuerpo Médico Forense la realización de un nuevo trabajo pericial que determine si la vida de Grillo estuvo en peligro tras el impacto de la bala y si podía ocasionarle secuelas a futuro.
Además, solicitó al Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recupere y reúna todo el material disponible en redes, medios y fuentes abiertas de internet sobre el hecho.
Cámaras
Como parte de las primeras medidas al frente de la cartera de Seguridad, Bullrich derogó un protocolo de seguridad instaurado por la exministra Nilda Garre en 2011 que regulaba el comportamiento de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas y entre cuyos puntos se incluía la necesidad de dejar un registro audiovisual de los procedimientos policiales para futuras audiciones.
El protocolo que instauró la ministra Bullrich en su lugar exhibió dos caras. Por un lado, resultó ser un complemento eficaz para erradicar, sin heridos ni incidentes de gravedad, las protestas callejeras de las movilizaciones sociales; pero, por el otro, exhibió inconvenientes a la hora de contener las convocatorias que los jubilados realizan los días miércoles, en ocasiones, nutridas también por movimientos sociales y sindicatos.
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