Giro en la causa por la mansión ligada a AFA: el Gobierno le respondió a un diputado denunciante y desmintió haber “avalado” irregularidades

La causa que investiga una lujosa mansión de Pilar, que se sospecha que podría pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio un giro rotundo este martes cuando la Cámara Federal de San Martín determinó el traslado del proceso judicial a Campana. En este marco, legisladores denunciantes acusaron un “pacto del Gobierno con Massa” y desde el Poder Ejecutivo respondieron estas versiones.

“Es falso que la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga”, destacó la cartera en su cuenta oficial de X, donde también justificó que la IGJ fue quien formuló y publicó las observaciones a los estados contables vinculados luego de “ocho años sin control alguno”.

Acto seguido, el ministerio aseguró que la IGJ no aprobó un cambio de sede, sino que “denunció la irregularidad e ilegalidad del supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte a un inmueble baldío ubicado en Pilar”. “La AFA y la Superliga fueron intimadas a presentar la documentación correspondiente y a brindar las explicaciones del caso, y se citó a los auditores intervinientes. Actualmente, toda la documentación se encuentra bajo análisis por parte del organismo de control”, continuó.

Asimismo, sostuvo que la Inspección General de Justicia no registró ni aprobó los estados contables de la AFA correspondientes a los ejercicios 2017–2024, ni los de la Superliga 2020–2024, y afirmó que no se encuentra autorizadas a hacer auditorías. “No corresponde la designación de veedores mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas presentadas por las entidades involucradas, porque se respeta el debido proceso”, apuntó.

La cartera respondió a una publicación en X del diputado Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes en la causa, quien acusó a la IGJ de destrabar “ocho años de irregularidades por 450 millones de dólares” a la AFA. “No hay veedor, no hay auditoría”, señaló y destacó que se trató de un proceso de “impunidad”.

Horas atrás también había cuestionado la decisión de la Cámara Federal de San Martín la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien acusó un pacto entre el Gobierno y Sergio Massa e indicó: “La corrupción queda en manos de las mafias”.

En esta línea, se sumó María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, quien declaró que no tiene “dudas” de que Tapia y Toviggino están satisfechos con la decisión de la Cámara Federal de San Martín de trasladar el expediente.

El giro en la causa generó la reacción del ala denunciante ya que quedó en manos del juez que habían pedido los supuestos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, propietarios de la mansión valuada en US$20 millones. De esta manera, el camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, resolvió este martes que el expediente por presunto lavado pase del juzgado de Marcelo Aguinsky, donde tramitaba hasta ahora, al de Adrián González Charvay, en la Justicia de Campana.

Por su parte, Aguinsky rechazó correrse del caso y subrayó que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante porque el núcleo de la investigación era la AFA, con ubicación “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 kilómetros de distancia del Juzgado Federal de Campana”.

LA NACION

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