Guerra de fiscales: la disputa por el control de la elección bonaerense

Desplegar en el territorio bonaerense un ejército de 35.000 fiscales no está al alcance de todas las fuerzas políticas. Menos aún pagar por ello aproximadamente 12 millones de pesos, a razón de unos 350 pesos por fiscal. Pero ésas son las cifras que se manejan para poder controlar las complejas PASO del 9 de agosto, en donde a los riesgos habituales de irregularidades esta vez se suma una boleta de casi un metro con siete partes y una variedad de candidatos en varios tramos. Ante ese desafío están todos los partidos, aunque el único que aparece con estructura para alcanzar el objetivo es el Frente para la Victoria.

Las elecciones de Santa Fe mostraron la importancia de cuidar cada voto. Allí, diez días después de que se realizó la elección, se definió que el socialismo resultó victorioso por una diferencia de sólo 1776 votos, después de un largo y cuestionado recuento. En Santa Fe quedó en claro que las mínimas diferencias pueden otorgar grandes triunfos. Y también definir intendencias, bancas en los concejos deliberantes o en legislaturas provinciales. Y eso lo saben bien en el conurbano bonaerense.

El ex diputado Alfredo Atanasof, hoy cercano a Daniel Scioli, remarca las claves de las elecciones. "En lo nacional, sobre más de 2000 municipios, en 164 se juega la elección. En la provincia de Buenos Aires, sobre 135 comunas, el 89% de la elección se define en 51 municipios. Se necesitan 35.000 fiscales sentados en la provincia para garantizar el control", sentencia.

Faltantes y robos de boletas, ausencia de autoridades de mesa, irregularidades en el conteo de sufragios, voto en cadena. Un domingo de elecciones, una escuela puede convertirse en un campo de batalla. Oficialistas y opositores se mueven para garantizar que en las PASO sus votos estén cuidados y sean contabilizados como corresponde. En estas primarias de múltiples candidatos y listas con tramos nuevos como el del Parlasur, la fiscalización tiene que ser más aceitada que en otras. Hay más terreno fértil para posibles confusiones y para las artimañas ilegales que modifican el resultado de una urna. Enfrentarlas con posibilidades de éxito no está al alcance de los partidos pequeños.

"El 50% de una elección se gana el día de la elección, por más campaña que se haya hecho y globos que se hayan repartido. Ese día tienen que estar los fiscales para defender el voto." La frase de Hernán Berisso, encargado de la fiscalización de Pro en La Matanza, pinta cómo vivirán las fuerzas políticas las PASO del 9 de agosto en territorio bonaerense. En el macrismo hay especial preocupación por los municipios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, según admitió a LA NACION uno de los armadores de Pro.

Atanasof explica: "A medida que hay más candidatos, hay más boletas y mayor necesidad de fiscales por parte de los partidos". En estas PASO bonaerenses, la boleta tendrá siete tramos: presidente y vicepresidente; candidatos provinciales al Parlasur; candidato nacional al Parlasur; diputados nacionales; gobernador y vice; legisladores provinciales, e intendentes, concejales y consejeros escolares (irán las tres categorías en el último tramo).

Ante este escenario, para el ex diputado, los partidos que todavía no hayan hecho una buena capacitación de fiscales tendrán graves problemas a la hora de contar los votos. En el Frente para la Victoria (FPV), aseguran no tener este inconveniente porque cuentan con una gran estructura de funcionamiento aceitado. En la oposición resulta complicado encontrar esas facilidades para fiscalizar, contexto en el cual el Frente Renovador parece ser el más entrenado en el tema,

Pablo Olivera da Silva es coordinador de la Red Ser Fiscal y presidente de Construyendo Ciudadanía. En 2013, la Red aportó 25.000 fiscales para las elecciones legislativas. Olivera Da Silva especifica que "a los fiscales les están pagando alrededor de $ 350". Y subraya: "Es una cifra muy difícil para los partidos chicos, pero los grandes recurren permanentemente a la caja".

A pesar del pago, el coordinador de Ser Fiscal marca que los fiscales partidarios no tienen buen conocimiento de la ley electoral y que muchas de las trampas que se dan en una elección les pasan de largo sin que se percaten. "Los fiscales voluntarios se comprometen verdaderamente; los pagos sólo están interesados por lo económico y no suelen estar capacitados", considera.

Berisso suscribe la afirmación de Da Silva. "Cuando se acerca la fecha de la elección, se nos vienen a ofrecer en un verdadero mercadeo. Directamente vienen y preguntan cuánto se paga por fiscalizar", cuenta.

Martín Juárez es fiscal y candidato a concejal del frente Progresistas en Almirante Brown, donde partidos y alianzas de menor estructura que el FPV no pueden competir con el poder de fiscalización del kirchnerismo, y del peronismo en general. "Todos los candidatos de la lista salen a fiscalizar. A lo sumo tenemos dos casos particulares, que son compañeros desocupados, a los que les aportamos unos pesos", afirma.

El fiscal del frente que lleva a Margarita Stolbizer como candidata presidencial cuenta que, para tener más fuerza a la hora de fiscalizar, aconsejan a sus partidarios "que traten de aliarse con fiscales de otros partidos chicos". Considera que esa unión es vital para pesar más en el recuento de votos. Y remata: "Aunque sea, nos aliamos con lo más chiquito o residual del peronismo, que es gente paga que, quizás, no tiene experiencia y le pagaron dos pesos".

Progresistas no puede garantizar que sus votos estarán resguardados en ciertas zonas de Almirante Brown, distrito al que regresó en busca del poder local Darío Giustozzi, luego de su aventura massista. Necesitan 120 fiscales como mínimo para tener representación en todas las escuelas del municipio, pero nunca lo logran.

El FIT está muy lejos de los 35.000 fiscales que Atanasof evalúa necesarios para cubrir toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no están disconformes con su estructura. Fiscalizan con sus militantes y con voluntarios ofrecidos desde alguna ONG, sin pagos.

"En 2013 movilizamos alrededor de 5000 fiscales en toda la provincia. En esta elección, no queremos bajar de dos o tres fiscales por escuela. Eso es una garantía frente a los grandes aparatos del Estado", explica Juan Pablo Rodríguez, candidato a diputado provincial por la primera sección electoral.

Para el Frente para la Victoria no es una complicación cubrir la totalidad de escuelas de un distrito. En el populoso Florencio Varela, el intendente Julio Pereyra buscará su séptimo mandato consecutivo y lo hará con el respaldo de una aceitada estructura de fiscalización.

"Están los fiscales que han participado históricamente y los jóvenes que quieren hacer esa experiencia. No tenemos problemas con los números", dice Laura Ravagni, presidenta del Concejo Deliberante varelense, que tiene a su cargo un grupo de fiscales y supervisa elecciones para el peronismo local desde las legislativas de 1985.

En Lanús, municipio que el kirchnerismo quiere retener con la candidatura del secretario de Justicia, Julián Álvarez, el Frente Renovador busca desafiarlos. Tras el cierre de listas, el único postulante a la intendencia es Nicolás Russo, ex presidente del club Lanús. Noelia Quindimil, sobrina del histórico caudillo local Manuel Quindimil, que falleció en 2008, quedó fuera de carrera y no habrá interna en el massismo local.

Con Russo trabaja José Luis Bianchi, que fue funcionario durante los mandatos de Quindimil y se encarga hoy de la campaña del candidato massista. "Uno puede tener el mejor caudal de votos, pero si no tiene fiscalización, está en problemas. Yo no digo que se roben votos, pero si uno no tiene una buena estructura de fiscalización, puede haber sorpresas", asegura. Para no pasar sobresaltos, tiene a 1500 personas preparadas para fiscalizar en todas las escuelas de Lanús y cuidar los votos de Russo.

El robo de boletas es una práctica frecuente en las elecciones y son los partidos de menor estructura los que se encargan de denunciarla en muchos casos. Las primeras horas del acto eleccionario son propicias para el robo de boletas y las escuelas periféricas, el lugar preferido para hacerlo. Allí reinan los punteros que también dominan las escuelas el día de los sufragios.

"En José C. Paz tuvimos que reponer las boletas cada una hora en todas las escuelas porque iban desapareciendo", cuenta Rodríguez. El FIT sufrió estos robos en las elecciones de 2013 en escuelas de los barrios Vucetich, Sol y Verde, San Atilio, Primavera y La Paz. Para cubrirse, Rodríguez afirma que la única solución es "el ingreso al cuarto oscuro cada 10 o 15 votantes para verificar que estén las boletas de todos los partidos".

Ravagni descree de que se den prácticas como la sustracción de boletas. "El robo de boletas es un delito. Si un fiscal se da cuenta de que se están sustrayendo boletas, debe comunicarlo a la autoridad de la mesa o a los fiscales generales. Y la autoridad de la mesa debe acudir a las fuerzas policiales. Pero yo fiscalizo desde el 85 y, en mi caso, esa situación nunca me tocó vivirla. Para mí, son comentarios, aunque no digo que no pueda suceder", asevera.

Una disputa por un elector que se encuentra con que alguien votó usando su nombre puede ser perfecta para que se genere una discusión y algún fiscal termine afuera de la escuela entre empujones y gritos. A las seis de la tarde, cuando se cierran las puertas del colegio, ese fiscal se queda en la vereda y sus votos, huérfanos de control.

Juárez dice que vivió esa situación en el Instituto Santa Rosa, que está en el límite de Claypole y San Francisco Solano, sobre la avenida Lacaze. "Llegué sobre la hora, para calmar las cosas, y nuestro fiscal pudo volver a entrar", recuerda.

Pro tendrá cubierto en su totalidad el distrito electoralmente más gravitante de la provincia de Buenos Aires, La Matanza, que aporta más de un millón de votantes. Miguel Saredi es el candidato que propone para intendente. Se trata de un ex allegado a Guillermo Moreno que pasó por el Frente Renovador y recaló en el macrismo a principios de este año.

En el municipio que gobierna el precandidato a vicegobernador Fernando Espinoza, Pro tiene una estructura desarrollada por una especie de enviado especial en el lugar. Se llama Hernán Berisso, tiene 45 años, fue funcionario porteño y milita en Pro desde 2005. Lleva un año y medio en La Matanza "armando estructura", según él mismo dice, algo que ya hizo para el macrismo en Tucumán y Santa Fe.

"En La Matanza necesitamos alrededor de 3500 fiscales entre encargados de escuela, fiscales generales y fiscales de mesa. Ya tenemos cubiertas todas las escuelas. Hace cuatro años, no podíamos poner fiscales en todas", se jacta Berisso.

Juárez cuenta que en las jornadas electorales pueden verse escenas curiosas. Unidos por su raigambre peronista, los rivales del Frente Renovador y el Frente para la Victoria son capaces de compartir un asado. Los fiscales de ambos sectores justicialistas se conocen y pueden olvidar momentáneamente sus diferencias electorales. "En 2013, lo hacían en el medio de la escuela, frente a todos. Uno, que es fiscal militante, que lleva sus monedas para ir a comprar un sándwich y una gaseosa, ve que ellos se juntan a comer, mientras sus candidatos se pelean", se queja.

Todos los partidos les enseñan a sus fiscales cómo actuar el día clave de las elecciones. Existe una capacitación sobre lo reglamentario, pero también se preocupan por lograr que puedan desbaratar las numerosas formas de alterar el resultado de una mesa. En estas PASO no quieren que se repita la experiencia santafecina en territorio bonaerense.

En La Matanza, Pro les da un instructivo de 21 páginas a quienes quieren fiscalizar. Deben estudiarlo como si fuera una lección para la escuela. En esas hojas está la capacitación formal, pero hay más. En tres encuentros prácticos, a los fiscales les explican las mañas ilegales, desde el famoso voto en cadena hasta el barrido de boletas.

Saben que en territorio bonaerense se jugará buena parte de la suerte del futuro gobierno.

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