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Guerra judicial por el vino: imputaron a cuatro directivos de Fecovita por una presunta estafa a una empresa española
Se los acusa de desviar fondos por más de 30 millones de dólares, que habían sido aportados por la firma con la que se asoció para vender el producto en Europa; la Fiscalía investigará el patrimonio de los denunciados
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- La principal cooperativa de vinos de Argentina y una de las más importantes del mundo quedó envuelta en una guerra judicial. Cuatro directivos de Fecovita fueron imputados por una presunta estafa a una empresa española por más de 30 millones de dólares. Se trata del presidente y gerente de la entidad, Rubén Panella y Juan Rodríguez, respectivamente, y los exdirectivos Eduardo Sancho y Jorge Irañeta, quienes quedaron bajo proceso penal tras las denuncias presentadas por Iberte, la compañía liderada por el español Juan José Retamero, con la que se asociaron para comercializar el producto en el Viejo Continente, bajo la figura de la firma Evisa.
Esta semana, luego de una serie de instancias, pericias, contramarchas y dilaciones, además de un fuerte lobby durante el proceso, el grupo de dirigentes, que arriesga hasta 6 años de cárcel, quedó formalmente acusado por la Justicia provincial, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, liderada por Juan Ticheli y ante la presencia del fiscal jefe, Alejandro Iturbide. Fue el propio Iturbide quien había anticipado semanas atrás, en pleno festejos vendimiales, que avanzaría personalmente con la notificación de la imputación, al tiempo que anunció que se investigará el patrimonio de los acusados y de sus familiares. Por ahora, se dispuso que sigan en libertad, ya que la Justicia considera que no obstruirán el proceso. En tanto, se cursó una solicitud a la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (Udapif) para que informe sobre los inmuebles registrados y los muebles registrables inscriptos a nombre de los imputados.
De acuerdo con fuentes de la causa, los denunciados se abstuvieron de declarar y elevaron un escrito para recusar por “imparcialidad” a los actuales fiscales, quienes reactivaron el expediente. En un comienzo, el caso estuvo a cargo del fiscal Flavio D´Amore, quien lo había archivado.
“Sorprende que se hayan negado a declarar, sobre todo cuando habían logrado reprogramar la fecha de la audiencia y tienen tanto que explicar a los cooperativistas y a las cooperativas, en especial qué fue lo que hicieron con los 32 millones de dólares que se quedaron”, expresó Carlos Aguinaga, abogado querellante, de la firma Iberte. “Parece justo y prudente investigar los bienes de los imputados y de sus familiares, ya que muchas veces son ellos los que terminan siendo los titulares de crecimientos económicos injustificados, como se ve en todas las causas por estafas, y los platos rotos no los deben pagar los productores”, apuntó el letrado. “Esperamos que este no sea un nuevo caso nefasto de la vitivinicultura argentina, como lo fue el escándalo de Giol y ´La Colina´ y el derrumbe del Grupo Greco, entre otros, que terminaron pagando los productores”, completó Aguinaga.
Tras conocerse la acción procesal en contra de los altos mandos, desde la compañía argentina se mostraron molestos con el accionar judicial, al tiempo que apelaron la decisión de Delitos Económicos, que deberá tratar ahora un tribunal penal colegiado. “Todo se venía postergando desde el año pasado. No hay elementos para la imputación; y no nos parece justa. De hecho, el fiscal anterior así lo determinó. Por eso, esta nueva disposición del jefe de los fiscales llama la atención. Dicen que los balances son falsos y denuncian a los directivos pero no buscan cobrar la deuda, que se tiene que ver en el comité arbitral de la Bolsa de Comercio. Para nosotros ellos nos deben”, expresaron a LA NACIÓN desde Fecovita, asegurando que se está atentando contra las acciones de la entidad y sus negocios en el extranjero.
En tanto, según contaron fuentes del caso, en las últimas horas, Fecovita rechazó un acuerdo con Iberte que hubiera terminado el conflicto en 30 días. “Implicaba suspender los procesos judiciales y dejar que una auditora internacional prestigiosa, Ernst & Young (E&Y), perteneciente al grupo de auditoras denominadas “Big Four”, emita un dictamen técnico vinculante, de cumplimiento obligatorio para las partes”, señalaron.
La pesquisa de la Justicia mendocina se centra en determinar si los acusados realizaron un desvío a cuentas propias de más de 3100 millones de pesos en capital que fueron invertidos por la empresa española, en sociedad con Fecovita, bajo la figura de la sociedad Evisa. Las denuncias comenzaron en 2022 por parte de Iberte ante el incumplimiento de los contratos y la falta de incorporación de la bodega Resero como aporte de capital, entre otras irregularidades.
De acuerdo con el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos entendió que Fecovita, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad Evisa, habría engañado a Iberte para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras se producía una serie de maniobras con el fin de apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.
Así, según el análisis de la Fiscalía, los directivos de Fecovita redirigieron los fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que no se entregaron, incumpliendo las obligaciones contractuales. En este sentido, la Justicia considera que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un “plan engañoso”.
“El avoque destaca cómo los directivos de Fecovita engañaron también a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de Iberte. Con el pretexto de una sociedad conjunta con Iberte, los directivos presentaron el acuerdo como una ‘oportunidad de capitalización a tasa 0%’, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes”, sostuvo Aguinaga.
“Ganancias ficticias y pasivos ocultos”
Luego de la pandemia, a comienzos de 2021, Juan José Retamero estableció el contacto inicial con Fecovita para comprarles vino y exportarlo al mercado europeo. Así, tras acordar el precio y la cantidad a despachar, el empresario español hizo el desembolso correspondiente, pero aseguró que el producto nunca llegó a sus manos, por lo que inició la causa judicial, llegando a solicitar incluso la quiebra de Fecovita, además de acusarla de falsear los balances y de financiarse a tasa cero.
De hecho, en las últimas horas, trascendió que los resultados de las pericias contables, firmadas por peritos de todas las partes, reportan “graves inconsistencias”, entre ellas, simulación de un aporte de capital inexistente; sobrevaluación patrimonial; ocultamiento del Acuerdo Final y de pasivos; omisión de hechos relevantes, como los pedidos de quiebra; y el incumplimiento contractual encubierto.
“Entre las ganancias ficticias contabilizadas indebidamente y los pasivos ocultos, los balances de 2021 y 2022 y su proyección al de 2023, presentan irregularidades que superan los 100 millones de dólares”, acotó Aguinaga. “Se evidencia que Fecovita tenía un balance negativo que fue ocultado mediante maniobras contables, engañando a los bancos que la financian, cooperativistas, productores, proveedores, empleados, acreedores y la sociedad en general”, completó el abogado de la firma española.
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