Historias de las causas por enriquecimiento ilícito
Hubo tres expedientes en 15 años por el patrimonio de los Kirchner, pero todos fueron cerrados
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La justicia federal investigó por presunto enriquecimiento ilícito en tres oportunidades el patrimonio de la ex presidenta Cristina Kirchner y de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. En todas las causas, donde intervinieron tres jueces, un mismo fiscal y se analizaron distintos períodos de crecimiento patrimonial, el matrimonio fue sobreseído.
El juez federal Julián Ercolini fue quien dictó el primer sobreseimiento, en marzo de 2005. La denuncia, que investigó el patrimonio de los Kirchner en el período 1994-2003, había sido presentada por el abogado Juan Carlos Iglesias, pero el magistrado no halló mérito para un procesamiento. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, no apeló.
En diciembre de 2009 llegó el segundo sobreseimiento, de la mano del juez federal Norberto Oyarbide, quien sin dar detalles ni información respecto del patrimonio investigado, decidió sobreseer al matrimonio sobre la base de un informe encargado al cuerpo de peritos de la Corte Suprema.
La causa de Oyarbide investigó sólo el período 2008. En esa etapa, el patrimonio neto de Cristina y Néstor había pasado de $ 17.824.941 a $ 46.036.711. En sus declaraciones juradas, ellos habían explicado que el incremento se debía a un aumento de lo que habían percibido por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios.
Enrique Piragini, el abogado que había iniciado la causa, denunció "presiones" sobre el magistrado, quien había recibido a solas al contador de los Kirchner en su despacho de Comodoro Py días antes de la resolución. Taiano, el fiscal del caso, tampoco apeló la resolución.
Por último, en agosto de 2012, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral cerró otra causa contra la ex presidenta y su marido por presunto enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007. El caso ya había sido archivado el 11 de abril de 2008 por orden de la Cámara Federal, tras una apelación del entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
La causa se había iniciado por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans para que se investigara el incremento patrimonial de $ 11 millones del matrimonio entre 2003 y 2007.
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