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Human Rights Watch denuncia que el Gobierno intenta “socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo”
En su último informe anual, cuestiona el protocolo antipiquetes, la “estigmatización” de los periodistas y las más de 300 vacantes en la Justicia; menciones a los casos $LIBRA y al de la Andis
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LA NACION
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) incluyó en su Informe Anual 2026 un capítulo sobre la Argentina en el que cuestiona al Gobierno por intentar socavar controles constitucionales, obstaculizar la libertad de reunión y recortar programas sociales. A su vez, denunció que el presidente Javier Milei utiliza una “retórica hostil para estigmatizar a los periodistas” y expresó su preocupación por las vacantes en la Justicia, al tiempo que se detuvo en los presuntos casos de corrupción que involucran al oficialismo, como el caso $LIBRA y las irregularidades en la Agencia Nacional de Discpacidad.
“El 2025 puso a prueba el Estado de derecho en Argentina. El presidente Milei intentó con poco éxito evadir controles constitucionales y acentuó su tono confrontativo contra la prensa”, señaló a LA NACION Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Y agregó: “Los argentinos quieren y necesitan mayor estabilidad económica y ello no tiene por qué venir a costa de mayor deterioro institucional”.
“El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo”, sintetizó el informe.
Según el documento, el protocolo antipiquetes “criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias”.
La organización recuperó la protesta del 12 de marzo del año pasado, protagonizada por jubilados y a la que, según denunció el Gobierno, se sumaron barrabravas. “Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente”, alertó el informe. A su vez, detalló que hubo al menos 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo.
Apenas semanas después de aquella marcha, HRW reclamó a las autoridades argentinas que investigaran la represión policial y pidió revisar el protocolo antipiquetes. La organización dijo que su aplicación “facilita violaciones de derechos humanos”.
En línea con estos cuestionamientos, en el último informe la entidad sostuvo que Milei y altos funcionarios del Gobierno “han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”. Señaló que el jefe del Estado repite que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y que los acusa “sin pruebas” de recibir sobornos.
Además, HRW mencionó la investigación de LA NACION que informó que la SIDE había aprobado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que entreabría la puerta a tareas de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional.
En términos de corrupción, HRW relató los casos $LIBRA y el de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sobre el primero, indicó que la comisión creada por el Congreso para investigar si el líder libertario cometió un delito al promocionar la criptomoneda “determinó que el presidente Milei desempeñó un ‘papel indispensable’ en un ‘plan fraudulento’”.
Respecto del caso Andis, se detuvo en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por un pedido suyo, “un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión”.
La organización internacional también recordó que la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner “por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia”.
En lo referido a la Justicia, HRW alertó sobre el debate para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema, “una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina”.
A su vez, insistió en que el decreto que firmó Milei para cubrir las vacantes de la Corte con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla “pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados”. La organización había expresado su preocupación en otras ocasiones, en las que dijo que el Presidente “debe demostrar que su gobierno respeta la independencia judicial siguiendo el proceso legislativo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”.
También puso el foco en los “330 cargos judiciales federales y nacionales” –a julio del año pasado– que siguen vacantes, “lo que supone casi el 35% del total”.
En noviembre, LA NACION detalló que, desde que asumió Milei, renunciaron 83 magistrados nacionales y federales. En contraposición con la cantidad de salidas, no hubo designaciones. El análisis concluye que al finalizar el año las vacantes totales entre jueces, fiscales y defensores nacionales llega al 37%, un récord.
El alineamiento con Trump y Netanyahu
“En el ámbito internacional, es lamentable que Argentina haya desmontado a buena parte de su servicio exterior de carrera y abandonado algunas posiciones de derechos humanos para alinearse de forma automática a Trump y Netanyahu”, afirmó Goebertus a LA NACION.
“Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe”, agregó en el informe sobre la región. “Pero en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”.
El documento de HRW mencionó que el gobierno nacional “se ha opuesto a las resoluciones internacionales” sobre derechos económicos, sociales, culturales y de género, y que anunció que retiraba a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En los capítulos dedicados a los derechos económicos, sociales, de las mujeres y de las personas con discapacidad –entre otros–, HRW indicó que los precios de los bienes y servicios esenciales aumentaron 55,4% interanual –en agosto–, más de 20 puntos por encima de la inflación.
Además, apuntó que la pobreza disminuyó a un ritmo más lento que en 2024 y que la reducción de gasto público afectó a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad e impactó en servicios destinados a la educación y la salud. Sin embargo, reconoció que se amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La organización subrayó que el Gobierno “profundizó los recortes a los programas destinados a combatir la violencia de género y proporcionar asistencia urgente a las víctimas” y recordó los dichos de Milei en la edición anterior del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, en la que “hizo comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva”.
El informe también remarcó que el Gobierno “recortó los fondos destinados a las políticas de memoria, verdad y justicia”.
LA NACION
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