Impulsan una ley que habilita el derribo de aviones ilegales

El Gobierno pretende aumentar la presión sobre los vuelos ilegales que cruzan la frontera norte del país. Al plan de radarización, que comenzará en los primeros meses del año próximo, se agregará un proyecto de ley que habilitará el derribo de los aviones que no se identifiquen, aseguró ayer a LA NACION el ministro de Defensa, José Pampuro.

Su equipo comenzó a trabajar en esta iniciativa, que junto con la colocación de radares intentarán ser las herramientas fundamentales para la protección del espacio áereo. Actualmente, la vigilancia se realiza con un radar móvil de la Fuerza Aérea, instalado en el norte del país, que detecta un promedio de cincuenta vuelos diarios que traspasan, sin autorización, las fronteras argentinas con Paraguay y con Brasil.

Los aviones de combate argentinos se limitan actualmente a seguir a las aeronaves sospechosas y a dar aviso a los juzgados federales para que se investigue cada vuelo ilegal. Esa situación de pasividad cambiará con la sanción de la ley.

“Es una legislación que el país deberá darse, especialmente porque ya está vigente en otros países del Mercosur”, explicó Pampuro.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, también apoya la elaboración de una ley que facilite la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Así lo hizo saber durante los encuentros que sostuvo esta semana con funcionarios de seguridad de las provincias del norte argentino.

Pampuro se reunió la semana última con el vicepresidente brasileño, José Alencar, que está a cargo de la cartera militar. En se encuentro privado durante la cumbre hemisférica de Defensa, Pampuro pidió una copia de la ley de derribo promulgada por Brasil en julio último. Será usada como antecedente y como base de la norma argentina que deberá ser aprobada por el Congreso.

La iniciativa contemplará, además, un incremento en el control de los aeroclubes, que tendrán mayores obligaciones para informar el movimiento de avionetas.

Esas pequeñas aeronaves son las utilizadas por traficantes para vulnerar el hoy muy permeable espacio aéreo argentino.

El ministro Aníbal Fernández lanzó la advertencia esta semana: "Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera. Y nuestro objetivo es defender a los argentinos, y lo vamos hacer".

El tiro de destrucción

Brasil ya tiene reglamentados los pasos que se seguirán antes de lo que denominan "tiro de destrucción".

Valdrá detallarlos, ya que el proyecto argentino tendrá similares características.

Son ocho situaciones que, de manera progresiva, habilitan a pilotos brasileños a abrir fuego, divididas en medidas de averiguación, de persuasión y de destrucción.

El espacio aéreo brasileño está completamente controlado por su sistema de radares. Una vez que la aeronave no identificada aparece en las pantallas de vigilancia se envía un avión de combate a tomar contacto con el vuelo presuntamente ilegal, que sigue alguna de las conocidas rutas de entrada de drogas.

El primer paso es un reconocimiento visual a la distancia para verificar la matrícula; luego se verifican los datos en el centro de control. Si se determina una situación irregular, el avión de combate buscará tomar contacto radial en la frecuencia internacional de emergencia; en caso de no obtener respuesta se realizarán señales visuales al vuelo ilegal, al que ya se considerará sospechoso, y se efectuarán las medidas de intervención, intimándolo primero a cambiar su ruta y luego dando la orden de aterrizaje.

Desobedecer esas directivas habilitará al piloto a disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo y con balas trazadoras para que sean visibles los proyectiles. El último paso será el disparo destinado a destruir a la aeronave infractora.

Las precauciones que se toman tienen que ver con el antecedente ocurrido hace unos años en Perú, donde luego del derribo se comprobó que la avioneta estaba ocupada por un grupo de misioneros norteamericanos que no habrían comprendido las señales.

La ley brasileña establece que "agotados los medios coercitivos legalmente previstos la aeronave será clasificada como hostil y sometida a la destrucción después de la autorización del presidente o de la autoridad por él delegada".

El presidente Luis Inacio Lula da Silva reglamentó la ley para que el jefe de la fuerza aérea brasileña sea el encargado de dar la orden de fuego.

Esa es una medida extrema que las autoridades argentinas esperan no tener que adoptar. Pero lo cierto es que hay un vacío legal que ante otros acontecimientos, como el terrorismo, podría forzar a los funcionarios a resolver una situación anormal sin un respaldo normativo.

Y no se piensa en teorías remotas, sino en posibilidades reales, como la que afrontó el Gobierno hace un año cuando servicios de inteligencia extranjeros advirtieron sobre un avión de pasajeros secuestrado que podría dirigirse a Buenos Aires. Entonces fue desplegada una sección de cazas interceptores Mirage desde Tandil hacia la base aérea de El Palomar, armados con misiles para enfrentarse a la presunta amenaza que no pasó del alerta.

Sin apuro, aprovechando el inminente receso legislativo, el Gobierno prepara su proyecto de ley que dará un aviso contundente a quienes se amparan en la falta de medios y de normas para controlar el espacio aéreo.

El mensaje que escucharon los funcionarios desde Brasil fue la necesidad que vio el gobierno de Lula da Silva de mostrarse en forma contundente en el aire, porque en los últimos meses cazas de ese país siguieron a las avionetas ilegales y, pese a todas las advertencias, no lograron forzarlas a aterrizar por el conocimiento de que no se dispararía.

Reforzar drásticamente el control aéreo fue prácticamente una decisión concertada en el Mercosur.

Por Daniel Gallo

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