Imputaron a Laura Alonso en el caso del Correo Argentino
La Justicia abrió hoy una investigación contra Laura Alonso , responsable de la Oficina Anticorrupción (OA), acusada de haber protegido a Mauricio Macri y haber defendido su actuación en el caso del Correo Argentino , donde están en juego intereses de la familia del Presidente.
El caso fue impulsado por una presentación de la fiscal federal Paloma Ochoa, que promovió la investigación del caso, dejó imputada formalmente a Alonso y le pidió a la jueza María Servini de Crubría las primeras medidas de prueba.
La denuncia contra Alonso la habían presentado el 17 de octubre pasado tres diputados nacionales del Frente Renovador (Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau), que cuestionaron una resolución en la que Alonso sostuvo que Macri no cometió ninguna falta ética cuando intervino en el caso del Correo Argentino, empresa que tiene una vieja deuda con el Estado. La acusaron de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
"De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseida. Estoy a disposición de la justicia como siempre para explicar lo que sea necesario", respondió Alonso a través de Twitter.
La OA es un organismo de control interno que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.
La resolución por la que cuestionan a Alonso es la 2018-24, del 14 de junio pasado. Según los legisladores, la "evidente finalidad" de esa decisión fue "desligar de responsabilidades" a Macri, a su actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, que antes tuvo a su cargo el Ministerio de Comunicaciones, y al exdirector general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. En su dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de ellos incurrió en una falta ética.
La deuda de la empresa de los Macri con el Estado tiene su origen en la privatización del Correo Argentino, dispuesta en 1997. Los denunciantes relataron que la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio que lideraba una empresa controlada por los Macri, y que en 2001 la deuda con el Estado por cánones impagos ascendía a 296 millones de pesos.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo para el pago de la deuda, acuerdo que fue rechazado por "abusivo y perjudicial" contra el Estado por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que pidió que fuera rechazado. El acuerdo finalmente se cayó.
Después de esa presentación de Boquín, la OA abrió un expediente para analizar el caso a la luz de la ley de Ética Pública. Alonso dictaminó en favor del Presidente. No obstante, dijo que a futuro Macri debía abstener de intervenir en los temas del Correo.
"Soslayó deliberadamente información que comprometía al Sr. Presidente de la Nación", denunciaron los diputados sobre el dictamen de Alonso.
Dijeron que Macri, en su declaración jurada de 2014, había informado que tenía "acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización en el país de Socma" que habían ingresado en su patrimonio en 2001.
"Hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo", sostuvieron los denunciantes.
Según ellos, Alonso "incumplió con sus deberes como titular de la Oficina Anticorrupción, quien lógicamente y por imperativo de su cargo y función debe realizar una labor profunda y detallada de investigación, y no un ‘copia y pega’ de resoluciones de otras instituciones [que ya habían dictaminado deslindando de responsabilidad al Presidente], tomando en cuenta cuestiones que le son convenientes, según su criterio, y desestimando aquellas que perjudicarían al Sr. Macri y su familia".
Afirmaron además que "Laura Alonso no podría bajo ningún punto de vista estar al mando de dicha Oficina, toda vez que al tener una relación cercana con el Sr. Macri, resulta ilógico e increíble, que sea ella quien deba llevar adelante investigaciones que lo involucren".
Antes de dirigir la OA, Alonso fue diputada del PRO.
Los diputados le recriminaron además que "sus investigaciones son siempre posteriores a las denuncias penales, cuando el objetivo principal de la oficina que dirige debe ser iniciar investigaciones previas tendientes a despejar todo tipo de duda". Y le reprocharon que la OA, durante su gestión, solo se presentó como querellante en causas en las que los acusados son funcionarios de otro Gobierno y nunca del de Macri.
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