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Indagan hoy al secretario del juez Carlos Branca
Acusación: según aseguró Domingo Cavallo, el magistrado federal era uno de los que figuraba en la supuesta servilleta de Carlos Corach; comienzan a analizar el pedido de juicio político.
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LA NACIONAdrián Ventura
En tanto que Domingo Cavallo aseguró ayer que el juez Carlos Branca, acusado de estar involucrado en el contrabando de la Aduana, era uno de los nombres que figuraba en la famosa servilleta de Carlos Corach, el juez Jorge Brugo decidió indagar hoy a Juan Carlos Pintos, el secretario del magistrado comprometido.
"Branca estaba en la lista de jueces que Corach anotó en la servilleta", dijo el ex funcionario, quien agregó que era el propio ministro del Interior quien protegía al magistrado "como consecuencia de las negociaciones que él había hecho en el pacto de Olivos".
El juez Branca fue involucrado por Marcelo Paolini, un ex combatiente de Malvinas, en una asociación ilícita tras una investigación del Congreso y de Canal 13. El magistrado está con licencia hasta pasado mañana y fuentes seguras allegadas al juzgado consideran que, hasta que se resuelva su situación, podría pedir una prórroga de su licencia.
Pedido de juicio político
Hoy, en tanto, la comisión de juicio político comenzará a analizar el pedido de juicio político para el magistrado, aunque en la Justicia se evalúa que la prueba reunida en el expediente no es contundente para conseguir una condena penal del juez Branca.
La situación de su secretario, en cambio, se estima como más comprometida. Según una fuente judicial, el juez Brugo considera que la conducta del funcionario encuadraría en los delitos de asociación ilícita en concurso con contrabando calificado.
Pintos aparece en varios videos y, según asegura el denunciante Paolini, él fue quien lo recibió primero y quien después le presentó al juez Branca.
En tanto, la Cámara federal decidió realizar una auditoría de todo el juzgado del magistrado involucrado en el escándalo.
Indagarán al secretario de Branca por asociación ilícita
A Pintos lo involucró el denunciante Paolini; pidieron una auditoría del juzgado
El juez en lo penal económico Jorge Brugo indagará hoy a Juan Carlos Pintos, secretario del juez federal Carlos Branca, que fue involucrado por el ex combatiente de Malvinas Marcelo Paolini en una asociación ilícita.En tanto que la Cámara Federal decidió realizar una auditoría de todo el juzgado del magsitrado cuestionado.
La indagatoria fue dispuesta ayer por el magistrado, que considera que la conducta del funcionario encuadraría en los delitos de asociación ilícita en concurso con contrabando calificado, según una fuente judicial.
Según reveló otro informante, la situación de Pintos es extremadamente delicada y hoy mismo, después del interrogatorio, el juez Brugo podría dejarlo detenido, aunque esto no es algo seguro. Pinto aparece en varios videos y según relata Paolini, fue quien primer lo recibió y luego le presentó al juez Branca.
Este, en tanto, continúa sin concurrir al tribunal, pues pidió licencia a la Cámara Federal hasta el viernes. No se sabe si presentará su renuncia, pero fuentes allegadas al juzgado consideran que podría pedir una prórroga de su licencia, hasta que se aclare su situación. Ayer, el juez Brugo también indagó a otro combatiente de Malvinas Horacio Gatas y a un funcionario de Ezeiza, Viola, cuyo domicilio allanó la Policía Federal.
Poca prueba, pero escandalosa
En la Justicia se evaluaba ayer que la prueba reunida en el expediente no es contundente para conseguir una condena penal del juez Branca, porque no hay escuchas telefónicas ni tareas de inteligencia que corroboren y esclarezcan el alcance de las comprometedoras frases que se escuchan en los videos, que son bastante ambiguas.
En efecto, las únicas pruebas en el sumario que instruye Brugo son las declaraciones de Paolini, Gatas -este negó todas las imputaciones- y Viola y las cintas, que por momentos muestran situaciones bastantes confusas.
En la Justicia dicen que el supuesto apresuramiento de Canal 13 por exhibir las cintas que había grabado por pedido de la Comisión de Investigación de la Aduana, que preside Das Neves, no habría dejado al juzgado tiempo necesario para buscar prueba complementaria. No obstante, se estima que la fuerza de las imágenes es tan intensa que, por sí mismas, tienen virtuaidad suficiente para acorralar al juez y presionar, no sólo para que el juez Brugo dicte varios procesamientos -como seguro ocurrirá, sino también sobre la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Branca, que fue nombrado por influencia del radicalismo, hace varios meses había perdido todo apoyo político. Ayer, el senador Antonio Berhongaray, en una comunicación telefónica con La Nación, dijo que es "algo así como primo tercero del juez Branca", pero aseguró: "No tengo relación personal alguna con él o con su familia, pues no lo vi en 10 años y, encima, resolvió en contra una denuncia que yo presenté.Yo no participé en su nombramiento".
Raúl Alfonsín exigió al diputado radical Dufou el viernes último que no demoraran ni un minuto más en efectuar la denuncia -la comisión legislativa habia demorado ese trámite, porque intentaba negociar con el juez Brugo la impunidad de Paolini, lo que no consiguió, según una fuente- y Arnoldo Klainer, presidente de la Comisión de Justicia d ela UCR dijo que "el caso debe investigarse a fondo, porque la Justicia y sus hombres no pueden estar sospechada de corrupción". Obviasmente, el Gobierno tampoco moverá un dedo por Branca.
Cámara Federal
El escándalo desatado llevó a todos los integrantes de la Cámara Federa l -los doctores Cattani, Riva Aramayo, Pedro Cortelezzi, Luraschi y Vigliani- a mantener reuniones permanentes, hasta que ayer por la mañana finalmente decidieron intervenir en el asunto.
Ayer, decidieron iniciar una investigación administrativa en el juzgado de Branca. Asimismo, pidieron que el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema realice una auditoría de todo el juzgado federal número 12. Y como juez instructor el tribunal nombró al juez federal Norberto Oyarbide.
Nadie quiere desperdiciar el caso
La "aduana parelela" volvió al centro de la escena con la denuncia contra el juez federal Carlos Branca, hoy, seguramente, el hombre que menos amigos tiene en el país.
El nuevo impulso de las investigaciones también tiene una vertiente política que nadie parece querer desperdiciar.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien había recusado a Branca, aprovechó para sostener que esto era una demostración de que estaba en lo cierto cuando hizo sus denuncias.
Sin embargo, Cavallo parece haber olvidado que, al comenzar a aparecer las denuncias sobre la "aduana paralela", sostuvo que "al Presidente le vendieron un buzón", frase muy recordada en estos días por fuentes gubernamentales.
"Los hechos demuestran que no había buzón, sino una realidad con respecto a las denuncias de las irregularidades que ocurrían en la Aduana", afirmaron legisladores peronistas.
El Presidente, cuando Cavallo dijo aquello del "buzón", se sintió más que molesto. "¿Cuál es el buzón que me vendieron? Porque estos son hechos reales y concretos", comentó ayerMenem con uno de sus colaboradores.
Aquella frase de "haber comprado un buzón" caló más hondo de lo que se imaginó en el ánimo de Menem. En especial, por el sentido peyorativo que está implícito en la frase. No es de extrañar, entonces, que ahora el Presidente se recuerde que la investigación puso en evidencia diversas conexiones con respecto a la denominada "aduana paralela".
Oportunismo político
Tampoco en el Congreso se olvidan que el ex ministro Cavallo había calificado a los integrantes de la comisión de investigación de la Aduana de la Cámara de Diputados de "idiotas útiles".
Entre los legisladores la reaparición de Cavallo como denunciante de algo que, de acuerdo con lo que él mismo había descalificado como una investigación adecuada, es " una jugada de alto oportunismo político".
Dicen, fuentes cercanas a la comisión investigadora, que "Cavallo hace como si nada de lo que él dijo se recordara ahora".
No es menor la irritación del Gobierno por el anuncio de Cavallo y Beliz de trabajar sobre lo que ellos denominan "proyectos antimafia".
Es que en el oficialismo no están ausentes las críticas acerca de lo que consideran como otra actitud política oportunista canalizada a través de esos anuncios.
Los nuevos episodios vinculados con el contrabando y "la aduana paralela" parecen ir camino a abrir un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y su ex ministro, quien estuvo en esta administración durante siete años.
Cavallo asegura que hay responsabilidad del Poder Ejecutivo
Trío: el ex ministro culpa a Menem, aunque dice que Corach y Jassan impulsaron un sistema de protección judicial.
"Les explotó la verdad en la mano", aseguró el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo al referirse a la situación desatada en torno del juez Carlos Branca.
Tranquilo, el ex funcionario explicó que no hizo declaraciones durante este mes porque estaba esperando la invitación que la comisión legislativa que investiga las irregularidades en la Aduana le había anticipado en diciembre último pero que "por presiones del ministro del Interior, Carlos Corach", nunca llegó.
"Le dijo a al presidente de la comisión, Mario Das Neves (PJ) que no me dieran tribuna en el Congreso, como si se tratara de una cuestión partidaria", agregó.
Al comenzar la conferencia, Cavallo dijo que quería honrar la memoria de José Luis Cabezas, "símbolo de valentía y profesionalidad del periodismo argentino y destacar la tarea en materia de investigación de hechos que hacen que la gente tome conciencia de los problemas graves del país, fundamentalmente ligados a la seguridad y a la Justicia".
Tras sostener que "desde 1994 el contrabando, la evasión y la corrupción, son la causa de la falta de recursos para las políticas sociales", dijo que "estos males existen porque se ha conformado un sistema de protección judicial promovido por (el ministro de Justicia) Elías Jassan desde que era secretario de Justicia y por Corach desde que era secretario Legal y Técnico de la Presidencia".
Según Cavallo, "ellos fueron seleccionando a los jueces y promovieron sus designaciones e hicieron las negociaciones políticas para que recibieran la confirmación del Senado".
En la servilleta
Luego, explicó que "este sistema no involucra sólo a miembros de la familia judicial, también a funcionarios de distinto nivel del Poder Ejecutivo y a gente que utiliza estos servicios del sector privado". Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad del jefe de Estado, Cavallo sostuvo que "el Presidente sabe que esto existe y si no ha tomado medidas quiere decir que está permitiendo que siga funcionando. Hay una responsabilidad del PE".
Tras admitir que "Branca estaba en las lista de jueces que Corach anotó en la servilleta", aseguró que era el propio ministro del Interior quien protegía al magistrado "como consecuencia de las negociaciones hechas en el Pacto de Olivos".
Por último, dijo que "el único que estoy seguro que no está controlado por Corach y Jassan es el juez en lo penal económico Julio Cruciani y hay dos jueces federales, (José) Galeano y (Norberto) Oyarbide" que actúan con independencia.
Paolini: el juez tenía contactos en Ezeiza
Indagatoria: el arrepentido declaró ante el juez Brugo y comprometió al magistrado, acusado de proteger a contrabandistas; aseguró que Maurelo era parte de la asociación ilícita.
Entre las varias declaraciones indagatorias que tomaron el juez Brugo y el fiscal Emilio Guerberoff, la más comprometedora sería la que prestó Marcelo Paolini, el arrepentido que con su confesión dio inicio a la investigación que llevó adelante una comisión de la Cámara de Diputados.
Los puntos esenciales de la declaración de Paolini ante el juez Brugo, según una fuente, son:
- Paolini confesó que trabajó en la banda de Ezeiza entre 1995 y 1996.
- Dijo que fue Viola quien lo conectó con el juez Branca y que su trabajo era no controlar a Pica, un funcionario del aeropuerto que estaría involucrado en la maniobra.
- Mencionó los nombres de varios oficiales de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), como ser los de Caraza y Gallegos, que ya estaban involucrados en la investigación que lleva adelante Brugo por irregularidades en la Aduana de Ezeiza. En total, mencionó como integrantes de la banda a unas veinte personas.
- Aseguró que el ex administrador de la Aduana en Ezeiza Maurelo formaría parte de la asociación ilícita.
- Afirmó que Maurelo tenía contacto con Branca y que entre ellos se entregaban dinero. Dijo que el arreglo era que pasaban 3000 kilos de mercadería por semana y que el magistrado cobraba 2 pesos por kilogramo que ingresaba. En el juzgado se contabilizaron que, por avionetas, llegaron 100 toneladas de mercadería desde el Uruguay.
- Algunos vuelos, en lugar de aterrizar en Ezeiza, eran desviados sigilosamente a los aeropuertos de Don Torcuato y San Fernando.
- Branca no conocería a todos los miembros de la banda y que su tarea era brindar protección a la operación.
- La operatoria era la siguiente: cada vez que aterrizaba una avioneta, le avisaban por teléfono celular a Branca el número de patente de la camioneta en que esa mercadería era sacada directamente desde la pista de aterrizaje de Ezeiza. Luego, según Paolini, Branca le comunicaba esa patente a una brigada de la Policía Bonaerense -que no individualizó cual es-, que le brindaba protección hasta que cruzaba la avenida General Paz.
Para Corach, es muy delicado
Cautela: el ministro Corach garantizó apoyo a la Justicia y al Congreso; Jassan alentó la "reacción institucional".
El ministro del Interior, Carlos Corach, consideró ayer desde San Luis que la investigación de la comisión parlamentaria que involucra al juez federal Carlos Branca en el caso de la Aduana paralela es "un tema extremadamente delicado" y aseguró que "está en manos del Poder Judicial".
Además, el funcionario garantizó que "vamos a prestar todo el apoyo necesario, tanto a la Justicia como a la Cámara de Diputados, para esclarecer estos hechos".
Por su parte, su par de Justicia Elías Jassan apoyó la "reacción institucional" que se generó tras la denuncia de los legisladores y señaló que el pedido de juicio político al magistrado hará que "ningún juez pueda tener sentimientos de impunidad".
Ambos funcionarios fueron acusados, a su vez, por Domingo Cavallo de ser los responsables de una red de "protección judicial al contrabando".
Desde la oposición, el ex presidente Raúl Alfonsín indicó que "venga de donde venga, condenamos cualquier ilícito que se produzca" y agregó que la UCR viene "reclamando la sanción del Consejo de la Magistratura y del jury de enjuiciamiento, que es mejor que el juicio político".
Del jefe de Gabinete
Allegados al ex administrador de Aduanas, Gustavo Parino, se jactaron ante La nacion, desde Córdoba, que "siempre sostuvimos que había jueces que protegían a los contrabandistas y que no nos ayudaban a investigar".
Con el mismo tono de revancha, Cavallo, jefe de Parino en la función pública, salió a decir lo suyo (de lo que se informa por separado) y obtuvo una respuesta del jefe de Gabinete Jorge Rodríguez: "Se nota una ausencia importante en cuanto a asumir su responsabilidad primaria en cada uno de los lugares donde fue jefe máximo -dijo en relación a su ex compañero de Gabinete-. Sigue deslindando responsabilidades y no asume en ningún momento la posibilidad de un error". Desde su paso por el interior del país, Corach también hizo un llamado de atención hacia toda la ciudadanía para que haya credibilidad en las instituciones porque, dijo, "el descreimiento conduce al golpe de Estado". El ministro se refirió así al caso Cabezas y al funcionamiento del Poder Judicial.
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