Coronavirus en la Argentina: el Gobierno adjudicó insumos médicos y alimentos por encima de los "precios testigo" de la Sigen

Antes de que estallara el escándalo por los sobreprecios, la administración nacional hizo numerosas compras en medio de la pandemia de coronavirus sin seguir los valores de referencia establecidos por la Sigen
Antes de que estallara el escándalo por los sobreprecios, la administración nacional hizo numerosas compras en medio de la pandemia de coronavirus sin seguir los valores de referencia establecidos por la Sigen Fuente: LA NACION
Maia Jastreblansky
Bianca Pallaro
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11 de mayo de 2020  • 16:30

Durante el primer mes de la pandemia de coronavirus, antes de que sonaran las alarmas por la adquisición de alimentos con sobreprecios, el Gobierno adjudicó compras sin ajustarse a los valores "testigo" que había establecido el propio Estado.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria -el 12 de marzo- y hasta el 7 de abril, los ministerios tuvieron sobre la mesa informes oficiales con "precios testigo" de 18 productos alimenticios e insumos médicos esenciales , como barbijos, alcohol en gel o antiparras, todos ítems necesarios en gran escala para hacer frente al Covid-19.

Pero, a la hora de contratar a los proveedores, los organismos solo se ajustaron a esos valores en tres oportunidades. En el caso de 10 importantes compras de insumos (el 55%), el Gobierno adjudicó por encima de los precios de referencia oficiales , mientras que cinco de las contrataciones aún están en trámite.

Así surge de un análisis que realizó LN Data sobre la base de dos pedidos de información pública y el procesamiento de datos abiertos sobre las compras del Estado. La diferencia entre los precios testigo fijados oficialmente y los valores adjudicados ascendió, en esas cuatro semanas, a $78 millones de pesos. Las compras de alimentos, sin embargo, finalmente no se pagaron cuando estalló el escándalo.

Al día siguiente de que salieron a la luz los sobreprecios del Ministerio de Desarrollo, el Gobierno dispuso que las compras destinadas a la emergencia no podrán en ningún caso superar los Precios Máximos. En consecuencia, Sigen también determinó que el Régimen del Sistema de Precios Testigo ya no resultaría aplicable para esas compras en el marco del Covid-19.

Qué son los precios testigo

Desde hace más de veinte años, las compras y contrataciones que se realizan en la Administración Pública Nacional son sometidas al Sistema de Precios Testigo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo de control que depende de la Presidencia, pero que tiene autonomía y autarquía para auditar a todas las áreas del gabinete.

Cuando un ministerio debe efectuar una compra, le pide intervención a la Sigen para que emita un informe con precios testigo, que contiene "un valor medio de mercado, en las condiciones propias y específicas de la contratación analizada" y "elementos suficientes y analíticos para evaluar cada contratación".

Ese dictamen no tiene carácter vinculante, pero provee una herramienta para establecer la razonabilidad de los precios ofrecidos por los proveedores. En caso de que la oferta preseleccionada supere el "valor testigo" en un 10% o más, deberá propulsarse un mecanismo de mejora del precio.

Valores en pandemia

LA NACION accedió a informes con precios testigo de 18 insumos necesarios para hacer frente al coronavirus. Entre ellos figuran insumos médicos de protección (como barbijos, guantes, antiparras, alcohol en gel y máscaras) y alimentos secos (harina, fideos, aceite, azúcar, entre otros) que el Ministerio de Desarrollo Social compró a granel para los comedores del conurbano.

La Sigen informó un valor de $35 pesos para los barbijos quirúrgicos "triple capa, plegado de cuatro tiras, tableado". De acuerdo con información a la que accedió a LA NACION, el Ministerio de Salud compró 3.564.000 barbijos de ese tipo a la empresa Aeromedical SA y pagó $42 cada uno, un 19% más caro. En total se desembolsaron $149.688.000, pero se podría haber ahorrado casi $25 millones de haber contratado al precio sugerido.

"El valor de mercado de ese producto en ese momento, más la necesidad del insumo, dada la criticidad, fue los que llevó a contratar con esa pequeña diferencia", respondieron en la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud también compró 9.630 antiparras a razón de $149 cada una a la empresa Propato Hnos SAIC. La Sigen fijó como valor de referencia $141 la unidad, un 6,4% menos. En el caso de la máscara Nº 95 -el protector de estructura rígida- el precio sugerido fue de $297, pero se pagó $380 por unidad. Se compraron unas 1000 máscaras a la empresa Ultraline SA. Al precio sugerido por la Sigen se habrían gastado unos $82.520 menos.

En otra ocasión, con pocos días de diferencia, el Ministerio de Salud abonó ese mismo producto a $305 la unidad, más barato que la otra compra pero por encima del valor recomendado por la Sindicatura. Se compraron unas 75.000 a la empresa Aeromedical SA. Al valor de los precios testigo, se hubieran desembolsado casi $600.000 menos.

En el Ministerio de Salud justificaron que las diferencias fueron inferiores al 10%. Y que en el caso de la compra a Ultraline SA, el proceso de llevó a cabo bajo normas del BID.

"El marco no fue el de una situación normal. Se había generalizado la pandemia y se incrementó aún más la presión sobre un mercado sobredemandado", explicaron desde la cartera que conduce Ginés González García.

Y agregaron: "La variación de precios fue más rápida que la posibilidad del sistema para reflejarla".

Con las compras de guantes de látex y el alcohol en gel, en cambio, la cartera de Salud adquirió productos sensiblemente más baratos que los sugeridos por la Sigen.

Fuente: LA NACION

Alimentos

A la luz de la nueva información, LA NACION pudo determinar que el Ministerio de Desarrollo Social no solo no había respetado los Precios Máximos para la compra de alimentos. Tampoco siguió los precios testigo que la Sigen había fijado para esas compras del Estado. Es decir, tampoco se habían contemplado los valores estipulados por el propio Gobierno para afrontar esa significativa compra en emergencia.

Los precios que había adjudicado el Gobierno por los alimentos llegaron a ser hasta un 29% más caros que los precios testigo que figuraban en los informes oficiales. Sin embargo, esos valores nunca llegaron a abonarse: cuando los sobreprecios salieron a la luz, Alberto Fernández ordenó dar de baja a toda la compra y realizar un nuevo procedimiento.

El caso más llamativo fue el del azúcar común. La Sigen sugirió un precio unitario de $58,49 el kilo. El Ministerio de Desarrollo Social adjudicó en el Boletín Oficial dos lotes de 340.000 bolsas a $75 el kilo. Una diferencia de unos $11 millones respecto a la referencia del organismo de control.

El aceite en botellas de 1,5 litros tuvo un precio testigo de $131, pero el Gobierno lo adjudicó a $158 en promedio a dos firmas, Sol Ganadera SRL y Copacabana SA, es decir, aproximadamente un 20% más. El arroz blanco se adjudicó a tres empresas, Teylem SA, Alimentos Generales SA y Copacabana SA, aproximadamente a $68 el kilo. Para la Sigen, el precio de referencia era casi 11% más barato.

Las lentejas secas, en tanto se adjudicaron un 7% más caro que los precios recomendados por el propio Estado. El caso de los fideos la Sigen sugirió adquirirlos a razón de $84,39 el paquete. La cartera de Desarrollo Social le adjudicó lotes a tres empresas: en dos casos algunos centavos más caro que le precio testigo y en el otro, a un valor apenas algo inferior.

Hubo otras dos compras directas a granel de alimentos de primera necesidad. La harina de trigo se adjudicó un 15% por encima de los valores de referencia de la Sigen.

En el caso de la leche en polvo , en cambio, el Estado logró bajar los costos. La Sigen sugirió pagar $505 el kilo, pero el Ministerio de Desarrollo Social le compró 170.000 unidades a la fábrica Milkaut a razón de $360 el paquete, mientras que a la firma Alimentos Vida SA se lo pagó $498.

Al tiempo que subrayan que las compras finalmente no se abonaron, en el Ministerio de Desarrollo Social explican la complejidad de los procedimientos, por la falta de oferentes o de stock.

"Con la leche se presentaron seis proveedores, pero solo cumplían con los requisitos legales tres. De los restantes, uno no cumplía con las características del producto. A los otros dos se les hizo la compra, pero aún así no se alcanzó la cantidad necesaria", ejemplificaron.

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