1
Isabelita, Cafiero y Ruckauf, también investigados por lesa humanidad
Así lo consideró un juez mendocino que los imputó por sus responsabilidades en la firma de tres decretos de 1975
1 minuto de lectura'
Los tres decretos de 1975 que firmó la ex presidenta María Estela Martínez de Perón para "aniquilar a la subversión" también son considerados delitos de lesa humanidad.
Así lo admitió el juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, que imputó a la viuda de Juan Domingo Perón y a su entonces ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, y de Economía, Antonio Cafiero por sus responsabilidades en el dictado de esos decretos.
"No tengo dudas que son de lesa humanidad. En este caso no hay actuación de la Triple A, pero si a una fuerza parapolicial se la considera de lesa humanidad con mucha más razón ordenar aniquilar a la subversión a fuerzas legalmente constituidas lo es", sostuvo Acosta en diálogo con LANACION.com.
El magistrado adelantó que indagará en febrero próximo a Isabel Perón, Cafiero y Ruckauf, cuando retome la actividad tras la feria judicial. En noviembre pasado, Acosta pidió al gobierno de Mendoza y a la Policía Federal que le informen sobre los datos personales de cada uno de los firmantes de los decretos. La nómina incluía al ex ministro de Interior Angel Federico Robledo, al ex canciller Manuel Arauz Castex, al ex ministro de Defensa Tomás Vottero, al ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery y el ex presidente provisional del Senado, Italo Lúder. Salvo éste último, que padece una grave enfermedad que le impedirá comparecer, el juez recibió la información de que el resto de los implicados falleció.
El magistrado mendocino consideró "importante" la resolución que hoy firmó su colega Norbeto Oyarbide. De todas maneras, indicó que él ya lo había determinado así cuando imputó a los responsables de la rúbrica de los decretos 2770, 2771 y 2772. "Yo ya lo he declarado. Si no fuera un delito de lesa humanidad, lo que investigo estaría prescripto. Desde momento en que imputo a una persona por la desaparición forzada de otra estoy considerando que la acción penal está viva. Por lo tanto es lesa humanidad", amplió.
Acosta explicó que "las Fuerzas Armadas en sus génesis se encontraban impedidas desde lo jurídico y desde la formación profesional para realizar tareas policiales de represión". Además, evaluó la gravedad de lo dispuesto a través de esos decretos en que la orden de aniquilar a la subversión se impartió a espaldas del Poder Judicial. "Allí no se prevé poner a las personas a disposición de ninguna autoridad judicial", opinó.
El juez de San Rafael investiga la desaparición de Héctor Alejandro Fagetti Gallego, ocurrida el 25 de febrero de 1975, es decir, un mes antes del golpe militar.
Cafiero fue beneficiado por Acosta con la eximición de prisión y Ruckauf, en función de sus fueros como diputado nacional, no podrá ser detenido. Isabel Perón, en cambio, sí. De todas maneras, los tres deberán presentarse a declarar cuando el juez así lo determine. Dijo que espera llamarlos en febrero próximo.
