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Jubilaciones: el 82% móvil es inviable
Carlos Melconian Para LA NACION
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Es casi natural que en la transición a una elección presidencial, oficialismo y oposición compitan para imponer su manera de aumentar y asignar el gasto público. En la Argentina en particular, la falta de partidos políticos sólidos, la no existencia de un mínimo de consensos vía políticas de Estado, y hasta la demora en aparecer izquierdas y derechas "centristas", agravan la situación.
Por otro lado, se hace difícil para una oposición atomizada encontrar racionalidad frente a un gobierno que ha aumentado en casi 10 puntos del PBI (un tercio) el gasto público, incorporando entre otras cosas al Fútbol para todos y una línea aérea que da pérdidas. Por eso la competencia por el gasto y su financiamiento genuino corre el riesgo de ser en cierta medida anárquica.
En este contexto, llega el proyecto de la oposición de establecer las jubilaciones al 82% de los salarios activos. De un lado se habla de "Anses rica con jubilados pobres". Del otro, de "irresponsabilidad política" y de ser el Gobierno que más hizo por los jubilados. Es un debate donde ambas partes dicen parte de la verdad y, a la vez, están equivocadas. La oposición, en pos del reencauzamiento de lo que puede llegar a heredar en algo más de un año debería, simultáneamente al pedido del 82%, "zapaterizar" [por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero] al Gobierno, obligándolo a sincerar sus desajustes.
El Gobierno, mientras tanto, se opone "a la irresponsabilidad" del 82%, pero viene ejecutando desde hace años una política de despilfarro que terminó en la vuelta del déficit fiscal financiado con emisión monetaria a pesar del boom de recaudación y de haber usufructuado el mejor mundo de los últimos 40 años. Por eso volvió la inflación que, dicho sea de paso, es el enemigo número uno de los jubilados. O sea, 25% de inflación, sin pagar el 82% móvil, e incumpliendo el ajuste del caso Badaro es el peor cóctel jubilatorio.
Ninguna de las partes reconoce que está en un tironeo por fondos virtuales, porque los recursos no es que no existan, pero están gastados. Es decir, el Tesoro y la previsión social (excluyendo las provincias) se encaminan hacia fines de año a un déficit fiscal primario (sin inventos de rentas, utilidades y adelantos transitorios) del orden de los $ 20.000 millones. El financiamiento de este agujero más el pago de la deuda pública en pesos provendrá de emisión monetaria del Banco Central porque es la única caja que queda disponible. Además, la deuda pública en dólares se paga también usando reservas del BCRA. Por lo tanto, hay que grabarse a fuego que si no va contra otras economías y eficiencias en el gasto, todo aumento del mismo irá calzado contra mayor emisión de pesos espurios del BCRA o de aumentos en la presión fiscal récord que tiene hoy la Argentina.
Irresponsabilidad
La primera irresponsabilidad es haber recaído nuevamente en déficit fiscal (si se mide bien), ya que desde 2003 el Gobierno viene subiendo el gasto de manera exorbitante. Entre 2003 y 2010 sube casi 10 puntos porcentuales del PBI. Hasta 2007, la explosión fue financiada con suba de los ingresos fiscales, sin impuestazos ni "manotazos". En 2008 ya se necesitó una fuerte suba en las retenciones al campo y en 2009, la estatización de los fondos previsionales. Así y todo el superávit fiscal se evaporó.
El alza del gasto se comió el salto genuino de los ingresos más el impuestazo de las retenciones y el manotazo previsional. Este año, a diferencia de 2009, los ingresos están subiendo fuertemente, pero el gasto sube más y entonces habrá más déficit. De ahí la necesidad de emitir vía Banco Central.
En este contexto, el Gobierno sube 20% los salarios públicos para que no se atrasen tanto contra la inflación. Por la misma razón, en algún momento hará algo con la asignación por hijo y también con las jubilaciones. Además, los subsidios siguen aumentando. Acaba de subirse el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y se discute su costo fiscal. Está, por lo tanto, garantizado un piso de suba del gasto del orden del 35% anual.
Por su parte, la oposición busca bajar algunas retenciones a la exportación y coparticipar a las provincias más del impuesto al cheque. Lo primero aumentaría aún más el déficit primario. Lo segundo no sería más que pelearse por ver quién se queda con menor déficit, si la Nación o las provincias.
En 2010, el agujero total del sector público (Tesoro, provincias y deuda pública) rondará los $ 40.000 millones más US$ 6500 millones. Cualquier tironeo del gasto parte de este agujero. Pensando en 2011, el panorama fiscal también es complejo. Será muy difícil que el déficit primario baje. Además, los vencimientos de la deuda pública serán más altos.
Sin cambios por delante, el agujero en pesos podría subir a 55.000 millones, más US$ 10.000 millones. para la parte en dólares. El ángel de la guarda del modelo, la soja, y una buena recaudación hacen factible que la tendencia del financiamiento con emisión monetaria no sea explosiva. Pero no cambia la irreversibilidad del modelo del impuesto inflacionario para financiar el rojo fiscal.
Este es el escenario para discutir el 82% móvil. Empezar por el 82% sería poner el carro delante de los caballos. Aplicar el 82% como está planteado en los proyectos que están en Diputados cuesta alrededor de $ 18.000 millones por año. Sumarle la generalización del caso Badaro para reconocer el fallo de la Corte lo haría llegar a alrededor de 30.000 millones por año (flujo, porque faltaría adicionar la deuda acumulada histórica calculada en un millón de personas a razón de $ 80.000 per cápita). Por lo tanto, sólo en los flujos, casi es duplicar el agujero fiscal en pesos.
El punto de partida no es inocuo. El 82% móvil es una medida insustentable por el punto del cual se parte. Una cosa es plantearla cuando el Tesoro tiene superávit, el sistema impositivo recauda sobre bases sanas, el gasto público está sin bolsones de inestabilidad y la seguridad social cuenta con superávit propio genuino. Otra muy distinta es proponerla cuando las cuentas están en rojo, hay impuestos a replantear, gastos que encubren inconsistencias macro (como los subsidios) y la Anses no tiene superávit y sus ingresos propios no alcanzan para pagar las jubilaciones. Insisto, con el 82% hay que discutir simultáneamente por qué se llegó a esta instancia.
Más aportantes
Está también, el problema micro del propio sistema, que adquiere ribete internacional. Para poder pagar el 82% hay que agregar 3 aportantes más por jubilado. A esto tampoco lo arreglan los activos expropiados a la gente vía AFJP. De esos $ 150.000 millones, el 85% son inutilizables o ilíquidos. En el fondo, lo que está claro la insustentabilidad del sistema previsional. Su encauzamiento será prioridad del Gobierno que venga en 2012. Urge aprender tanto de los errores cometidos con el régimen privado de capitalización como de los que se incurren ahora posestatización. Pero hay que señalarle a la sociedad que la condición indispensable es volver a la estabilidad macroeconómica. Con alta inflación, no hay régimen previsional que aguante.
Por El autor es economista
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