Juicio por el ataque a Cristina Kirchner | La defensa de Brenda Uliarte pidió suspender la acción penal por “incapacidad” o su absolución por “falta de prueba”

En el alegato final del juicio por el ataque a Cristina Kirchner, la defensa de Brenda Uliarte -acusada de ser partícipe necesaria del ataque a Cristina Kirchner en 2022- pidió que se suspenda la acción penal en su contra por no estar ella en condiciones mentales de afrontar un proceso penal.

De manera subsidiaria, en caso de que el tribunal no acceda, la defensa oficial de Uliarte, en manos de Eduardo Chittaro, solicitó, entre otras cuestiones, que el caso se juzgue como una tentativa “inidónea” y se declare la absolución de su defendida por falta de prueba.

“Acá no es que la bala no salió, el asunto acá es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto", señaló el letrado, que enfatizó: “Porque al momento en que Sabag gatilló, la pistola no tenía bala en la recámara. Si hay algo que se probó en este juicio fue eso”.

Parte de su estrategia fue entonces recorrer la línea planteada por la defensa de Sabag Montiel, que la semana pasada, también como parte de los alegatos finales, postuló que la "tentativa de homicidio" por la que se los juzgaba era solo aparente porque el cargador no estuvo debidamente colocado en la empuñadura del arma.

“Es claramente un caso de tentativa inidónea”, afirmó esta tarde Chittaro. Para sostener que Uliarte no estaba en condiciones mentales de afrontar el juicio, el abogado, que es el cuarto representante de Uliarte en el proceso, realizó un repaso crítico de las intervenciones de los distintos profesionales de la salud en el caso y sostuvo que era imposible “simular” todo el tiempo, en referencia al comportamiento errático que mostró su defendida a lo largo del proceso.

Afirmó también que la causa estuvo plagada de “irregularidades”, manifestó objeciones contra el Cuerpo Médico Forense e hizo hincapié en que la condición social y económica de su defendida era un impedimento estructural para llevar a cabo los planes que tanto la querella como la fiscalía le adjudicaban. Uno de estos era alquilar un departamento en el barrio de Recoleta para llevar adelante el ataque.

Al momento del ataque a Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Uliarte era pareja de Sabag Montiel. Los dos trabajaban en el emprendimiento informal de venta de copos de azúcar junto al tercero de los enjuiciados, Nicolás Carrizo, sobre quien ya no pesa ninguna acusación.

Chittaro relativizó la presencia de su defendida en el lugar el día de los hechos; intentó vaciar de sentido la idea de que existía un “plan de escape” tras el ataque; y calificó como insuficiente el presunto “odio al peronismo” de Uliarte como móvil de la acción.

Criticó el modo en que el tribunal llevó la indagatoria de su defendida; a la fiscalía por cómo formuló sus preguntas y por afirmar que Uliarte era una “simuladora” y también a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) por acusar a Uliarte, una mujer, de cometer un femicidio.

“¿Quién se iba a imaginar que iban a terminar acusando a una mujer de femicidio?“, señaló Chittaro respecto del agravante de género. Sostuvo que el fiscal Carlos Rívolo, que instruyó la investigación, ya lo había descartado, no por “capricho”, sino en base al propio manual de instrucción de la Ufem. “Los motivos que determinaron o impulsaron a Sabag nada tienen que ver con cuestiones de género, es un asunto político”, afirmó.

Otro segmento del alegato estuvo a cargo de su colega Gabriel Lanaro Ojeda. “Pensar que estos lúmpenes [...] pueden actuar con alevosía es verdaderamente insostenible desde el punto de vista objetivo”, dijo el otro defensor de Uliarte, en alusión al otro agravante y al cuadro de seguridad que rodeaba aquel día a la entonces vicepresidenta.

Sostuvo que la pena de 14 años contra Uliarte era desmedida, y desproporcionada en relación a la que se pidió por este hecho contra Sabag Montiel, que fue de 15 años. En caso de ser juzgada, solicitaron que sea por el mínimo, y se tenga en cuenta como atenuante que la historia de vida de Uliarte estuvo atravesada por la ruptura, los abusos, la exclusión y el abandono, tal cual surge del estudio socioambiental, dijeron.

La disminución en el reproche penal, destacó Lanaro Ojeda, está basada en la “vulnerabilidad estructural y psíquica” porque el “reproche penal exige humanidad”. El veredicto del Tribunal Oral Federal N 6 se conocerá dentro de dos semanas, luego de las palabras finales de los enjuiciados.

Por Federico González del Solar

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