La AFI confirmó que investiga el presunto envío de armamento policial durante las protestas de 2019 en Bolivia

La Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó este sábado que, “luego de haber tomado conocimiento del envío de armamento policial a la República Plurinacional de Bolivia”, inició “una investigación interna con el objeto de determinar si personal del organismo desplegado en ese país realizó algún tipo de actividad que pudiese haber aportado a la consumación del golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

A través de un comunicado, la AFI -a cargo de Cristina Caamaño- consignó que la investigación apuntará a determinar si, en la gestión de Mauricio Macri, “se le requirieron esas tareas” a sus agentes. ”Asimismo, se aclara que todo avance será informado en primer término al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que tome la decisión que estime conveniente, en función de la gravedad de los hechos denunciados”, señaló la entidad.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunció el jueves que la administración de Macri proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas sociales, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a expresar públicamente su “dolor y vergüenza”. Mayta dio un detallado informe sobre el armamento que el gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez, y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas “masacres de Sacaba y Senkata”.

En este contexto, un informe oficial y preliminar del Ministerio de Seguridad constató “inconsistencias” en el envío de material y armamento policial por parte del gobierno de Macri a Bolivia. Además, la cartera que conduce Sabrina Frederic adelantó que la información será actualizada en las próximas horas para “esclarecer” las denuncias realizadas por el gobierno boliviano.

De modo tal de realizar un “análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales” en los hechos, Frederic ordenó -por indicación del presidente Alberto Fernández- que las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, de Seguridad Aeronaútica, Prefectura Naval y Gendarmería) emitan informes sobre lo sucedido, en el plazo máximo de 72 horas, período que se cumple el domingo por la tarde. En las últimas horas, fuentes de esa cartera recalcaban que el pedido de información fue a todas las fuerzas, , más allá de que las principales sospechas apuntan a Gendarmería.

El informe oficial dado a conocer da cuenta de “inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el exRenar) y lo autorizado y registrado por la Policía boliviana”.

Este documento se suma a las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien anunció anoche que está confirmada la existencia de la carta original que el exjefe de la Fuerza Aérea boliviana envió al exembajador argentino Normando Álvarez García agradeciendo el envío de material policial.

Según el documento dado a conocer por la cartera de Frederic, el 11 de noviembre de 2019, la Dirección de Logística de la gendarmería argentina, “en cumplimiento de lo ordenado por su Director Nacional, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán de esa fuerza en el territorio de la República de Bolivia”.

Este primer reporte, que consta de cuatro páginas, asegura que se muestran “diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación Alacrán de la GNA)”.

Así, “no figura granada de mano ni spray anti tumulto, que si están en lo enviado por la Argentina”. Al tiempo que detallaron que entre lo enviado por el entonces gobierno local figuran “70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos”. Tras lo que sostuvieron que “tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en la Argentina de “Manta Antibomba” que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos”.

En uno de los párrafos más destacados del informe consignaron como “un dato llamativo” que el Grupo Alacrán, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, “constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios”. Y agregaron que “los grupos destinados para ese tipo de misión, por Doctrina de la GNA, son los Destacamentos Móviles Antidisturbios”.

En ese sentido, detallaron que el Grupo Alacrán “no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal”. Por tal motivo, no se comprende las aludidas “prácticas de entrenamiento” que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo Alacrán habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como consta en la nota NO-2020-45257466-APN-DIROPER#GNA presentada el 15 de julio de 2020″.

El caso motivó un pedido de disculpas de Fernández al pueblo boliviano en tanto se abrió una investigación preliminar en la Procuración General de la Nación. El propio gobierno argentino analiza la posibilidad de denunciar penalmente lo sucedido.

Sin embargo, tanto Macri como sus exfuncionarios rechazaron que se hubiese realizado un envío para proveer a las fuerzas de seguridad bolivianas. Además, el propio autor de la nota de agradecimiento por parte de Bolivia, el excomandante Jorge González Terceros, dijo a través de su abogado que la carta en la que se basa la denuncia fue “falsificada”.

Con información de la agencia Télam