Confirmó el jefe de la AFIP que se investiga a Lorenzetti y a sus hijos

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, confirmó que el organismo investiga por presunta evasión los bienes del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de su familia y del administrador general de ese cuerpo, Carlos Marchi.

La semana pasada, un cable de la agencia oficial Télam que citaba a fuentes de la AFIP había negado esa investigación.

Fuentes cercanas a Lorenzetti dijeron anoche que todos los bienes investigados por la AFIP vienen siendo declarados desde hace años y calificaron la ofensiva fiscal de la AFIP como "un apriete".

En una conferencia de prensa, destinada originalmente a difundir el resultado de la recaudación, Echegaray contraatacó ante la versión de que podía ser denunciado penalmente por intento de extorsión al tribunal, al afirmar que no descarta presentarse contra de los miembros de la Corte Suprema.

"La Corte no está dando garantías ni de calidad institucional ni de división de poderes, porque si en la reunión de ministros evaluaron hacerme una denuncia en base a una versión que no comprobaron, qué queda para cuando deban resolver asuntos que son de mucho interés", dijo Echegaray.

El funcionario se refería al encuentro de la Corte de la semana pasada en el que se analizó la versión de que la AFIP estaba investigando a Lorenzetti. Después de ese encuentro, la Corte expresó públicamente su preocupación, dado que la versión surgió luego del fallo del tribunal contra el corazón de la reforma judicial que impulsa el Gobierno.

Aunque en un primer momento Echegaray minimizó ayer la importancia de esas investigaciones a Lorenzetti, su familia y de Marchi, después dio muchos detalles de esa pesquisa. Dijo que se fiscalizó a una sociedad local (llamada Ratio) de los tres hijos de Lorenzetti –otra persona con el mismo apellido aparece como director general– que compró un departamento en Puerto Madero a una firma británica.

Echegaray explicó que Ratio pertenece a "los hijos de Lorenzetti" y dijo que "son varios miembros, que tienen un departamento en Puerto Madero". Aclaró que la investigación es sobre la sociedad, por un cruce informativo entre personas jurídicas locales y extranjeras, y no sobre las personas físicas que la integran, como para despegarse de una persecución. Y remató: "La fiscalizamos porque todos son iguales ante la ley". En una comunicación escrita del director de la DGI, Rubén Toninelli, en la que reseñó su encuentro con Marchi, dijo que "esa sociedad había comprado un inmueble que estaba a nombre de una sociedad del exterior, circunstancia que es un indicio a tomar en futuras investigaciones". Cerca de Lorenzetti -no hubo respuesta on the record , pero el asunto será discutido hoy en el último plenario de la Corte previo a la feria judicial- indicaron que "la sociedad Ratio es familiar, de Lorenzetti y su ex esposa; luego se donó la propiedad de las acciones a sus hijos".

Además, la AFIP le envió a Lorenzetti una carta por la presunción de que era empleador de personal de casas particulares. Echegaray dijo que se trató de una de las 500.000 cartas de inducción enviadas en el marco del cierre del plazo para regularizar a este personal, a fines del mes pasado. Desde el despacho del presidente de la Corte afirmaron que la carta se mandó a un domicilio fiscal equivocado, pero en la AFIP ratificaron que ése es el que figura en el organismo.

Por su parte, a Marchi, quien transmitió a Toninelli la semana pasada primero por teléfono y luego personalmente la preocupación de la Corte, "se le había detectado la falta de presentación de la declaración jurada de 2012". Fuentes cercanas a Marchi indicaron que "Echegaray falta a la verdad cuando dice que no presentó la declaración jurada de ganancias fuera de término porque la presentó el 27 de junio y vencía el 1° de julio de 2013". Una fuente del sector privado explicó que el plazo de presentación de las declaraciones juradas para las personas empleadas en relación de dependencia con ingresos altos vencía a fines de junio, salvo que tuvieran otros ingresos, en cuyo caso debían hacerlo en abril o mayo.

En la carta, que Echegaray difundió en la conferencia de prensa realizada en el edificio central de la AFIP, Toninelli dijo que el martes pasado Marchi le manifestó "su desagrado y el del doctor Lorenzetti respecto de la supuesta investigación que este organismo estaba llevando a cabo" contra ambos y sus hijos respectivos. El jefe de la DGI -que tiene vínculo directo con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini- le negó al funcionario de la Corte "terminantemente que las actuaciones respondieran a razones políticas".

Sin embargo, cerca del titular de la Corte consideraron que las aseveraciones de Echegaray "son un apriete muy claro luego del fallo de la Corte contra la ley que impulsaba la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura".

En esa sintonía mencionan la versión en las redes sociales que daba cuenta de la participación de Lorenzetti en el blanqueo de 2009 y de la tenencia de una cuenta suya en Suiza. "Lorenzetti no participó en el blanqueo ni nunca tuvo una cuenta en Suiza; la cuenta en el exterior está desde antes de que llegara a la Corte y está declarada", explicaron en el máximo tribunal.

En tanto, cerca de Marchi enfatizaron que las reuniones con Toninelli se realizaron "para averiguar si había algún espionaje ilegal, lo cual podría tener gravedad institucional". Sin embargo, para Echegaray esas comunicaciones reflejaron "una actitud impropia" del funcionario. "Si era alguien del Ejecutivo, hubiera sido separado y sumariado", dijo sobre el hombre que administra los recursos del tribunal, que el Gobierno quiere quitar.

Echegaray no descartó que recusen a los integrantes de la Corte en causas judiciales debido a "enemistad manifiesta" con el organismo. "Es impropio que avancen sobre tareas que la ley le da a la AFIP". Mencionó como ejemplo de esta actitud presuntamente indolente del tribunal su indefinición sobre una medida cautelar que involucra a LA NACION y a muchos otros medios, que tramita en la Corte, en la que se discute la existencia de una deuda impositiva millonaria. También se quejó de que la Corte haya hecho un comunicado por "situaciones personales" de su presidente.

Por Martín Kanenguiser

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