La agencia de recaudación reanima el fuero Penal Económico con una ola de denuncias de contrabando
Los movimientos en la ARCA, bajo control del asesor Santiago Caputo, coinciden con una baja en los ingresos del Estado; también con señalamientos internos del sector que lidera Karina Milei
5 minutos de lectura'
Alicaído por el impacto de la nueva ley de inocencia fiscal, que subió exponencialmente los mínimos y enterró miles de expedientes judiciales, el fuero Penal Económico comenzó lentamente a nivelar algo de su actividad gracias a una fuerte ola de nuevas denuncias promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un ente bajo control del asesor Santiago Caputo, pero sacudido por la interna que anida en el Gobierno y golpeado en los últimos meses por una marcada baja en la recaudación.
Las denuncias de la agencia que golpean ahora las puertas del fuero son “importantes”, califican en los tribunales, por su cantidad, pero especialmente por su calidad. Incluyen delitos tributarios con sus nuevos pisos mínimos -que se elevaron, por lo menos, un 3000%- y un trabajo especial realizado sobre casos de contrabando, que es el rubro que hoy reanima al fuero.
En la Cámara del fuero, las denuncias por contrabando de ARCA se sortean a un ritmo de entre 15 o 20 por turno judicial, coinciden las fuentes. Llamó la atención el número, pero, sobre todo, el ritmo sostenido y un trasfondo común: se desprenden de un “orden de análisis” ejecutado por ARCA, es decir, de una misma actuación interna de fiscalización y control.
El análisis incluye un total de aproximadamente 500 casos con distintos importadores, según una fuente al tanto de los detalles, que advierte: “no significa que todos vayan a ser judicializados, pero es de esperar que con el avance de las investigaciones se sigan formulando más denuncias”.

Así, el fuero Penal Económico, que sufrió una suerte de “vaciamiento” de expedientes con la ley de inocencia fiscal, resurge parcialmente al calor de los nuevos movimientos al interior de ARCA, que algunas voces vinculan directamente con la interna que ordena desde hace tiempo al Gobierno en dos bandos bien definidos.
El área se encuentra bajo la órbita de influencia del asesor presidencial, pero no escapa a los intereses cada vez más amplios de Karina Milei, desde cuyo sector explican parte de la fuerte baja en la recaudación fiscal con críticas dirigidas especialmente hacia el manejo de la aduana.
Empoderada desde la victoria legislativa de octubre, moldeada por su estrategia de plantar candidatos propios, la secretaria de l Presidencia busca reducir al mínimo la injerencia de Caputo en el Gobierno, lo que abarcaría también a la ARCA.
Un importante exfuncionario barrido por la fricción de esas fuerzas contrapuestas explicó que la espiralización de la interna se da la par del avance cada vez más notorio de Karina Milei en algunas áreas que antes no tenía en cuenta.
La Dirección General de Aduana (DGA), en particular, está en manos de Andrés Veliz, que reporta al asesor presidencial, y se convirtió en el número uno del sector luego de trabajar allí por 44 años. Desde la agencia relativizan los señalamientos del ala karinista y remarcan que el “gran trabajo realizado” tiene vida propia y no responde a “rumores” ni a “internas”.
En el frente judicial, en tanto, acostumbrados a detectar los oleajes, atribuyen el nuevo arribo de expedientes a una “nueva bajada” de ARCA en temas de contrabando y como resultado de una suerte de “saneamiento institucional”, por las características que presentan algunos de los casos. “Parece que están ajustando las clavijas”, define un judicial.
La reactivación del fuero por causas de contrabando coincide con un momento de vacas flacas para la agencia, cuya recaudación cayó un 8,7% en el primer trimestre del año respecto al anterior, según consignó LA NACION esta semana.
Ley de inocencia
Por su raigambre impositiva, la nueva ley de inocencia fiscal subió los umbrales de los delitos tributarios, pero no tocó los montos de contrabando, que permanecen en un piso significativamente bajo: apenas 500.000 pesos bastan para pasar de una infracción aduanera a un delito de contrabando simple. “Se alcanza con irregularidades en dos celulares buenos”, grafica una fuente que trata a diario con estos delitos.
Pero no son estos sino casos de envergadura los que impulsa ahora ARCA, aunque por el momento hay sobre ellos un gran manto de hermetismo, en parte porque muchas de estas causas se encuentran en pleno desarrollo, con medidas, y bajo secreto de sumario.
Los nuevos casos en el fuero ganan especial visibilidad tras la muerte en serie de las viejas causas. Es que los efectos de la ley de inocencia fiscal fueron profundos y se sintieron de inmediato en la Justicia. En tan solo los primeros 13 días hábiles tras la sanción de la ley, en una fiscalía del fuero quedaron apenas cuatro de los más de 300 casos que tenía delegadas, tal como contó este medio en febrero.
Ese repliegue masivo de expedientes es un fenómeno todavía en curso, que podría resultar en la exterminación de un total de más de 4000 causas, según precisó ARCA ante un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio Infobae.
Los deudores que dejaron de enfrentar la amenaza penal en los tribunales deben aún redimirse en los escritorios de la agencia, por lo que la ley no se traduce necesariamente en un menor flujo recaudatorio para ARCA. Sin embargo, con un abordaje solo administrativo, el pago de esos tributos podría tornarse más trabajoso.
La AFA y sus dirigentes, de hecho, en la causa del fuero que los investiga, argumentaron que no se pagaron a tiempo cerca de 19.000 millones de pesos porque resoluciones tanto de ARCA como del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales, movimientos que, según interpretaron, “eliminaban la exigibilidad de las deudas”.





