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La Argentina es el país más demandado del mundo ante el Ciadi
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La historia reciente registra numerosos puntos de contacto entre la Argentina y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Desde la crisis de 2001 -que convirtió al país en un receptor permanente de denuncias- y la última demanda, registrada durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina y el Ciadi tienen un historial nutrido de conflictos, pagos y disputas pendientes. Hoy, el país es el más demandado del mundo.
Según estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicadas en julio último, la Argentina acumula 61 causas abiertas ante el Ciadi, a las que hay que sumarle dos demandas más contra el país iniciadas en septiembre. Le siguen en el ranking España (51), Venezuela (48), República Checa (38) y Egipto (34).
Uno de los conflictos vigentes ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial adquirió relevancia hoy en Alemania, donde el gobierno de Angela Merkel le transmitió a la administración de Alberto Fernández su preocupación por una disputa millonaria. En un encuentro con el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, pidió encontrar una solución a la demanda de la empresa Hochtief ante el Ciadi por el congelamiento de la tarifa de los peajes del puente Rosario-Victoria. La compañía reclama US$157 millones.
La Argentina tiene causas abiertas de peso, como la demanda por US$500 millones que inició en junio último la exAFJP Orígenes (del grupo holandés ING, NNH y NNI Insurance International) por la estatización del sistema de jubilación privada en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El Estado también tiene pendiente la resolución de una disputa con Metropolitan Life, que también inició un proceso arbitral por la nacionalización de sus activos en el sistema previsional.
Las condenas para el país
Los reclamos recientes se suman a un historial extenso de juicios perdidos que exigieron al país el pago de sumas millonarias y en dólares. La última resolución contraria a la Argentina fue en mayo del año pasado, cuando la Argentina perdió el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans en 2008. El país fue condenado a pagar US$320 millones. El organismo había fallado contra el país en 2017, pero el Gobierno había pedido la anulación del laudo. El Ciadi lo rechazó.
Durante el macrismo, la Argentina pagó US$1036 millones para cancelar la deuda generada por los fallos adversos. Según consigna la agencia Télam, en julio del año pasado se habían registrado pagos en dólares a British Gas (186 millones), Central Costanera-Gasoducto del Pacífico (52 millones), Central Puerto-Hidroeléctrica Pïedra del Aguila-TGN (311 millones), Edemsa Mendoza (170 millones) y Suez-Aguas Argentinas (317).
Quedan pendientes por pagar condenas a ABSA (35 millones), Aguas de Mendoza (65 millones), Aguas de Santa Fe (225 millones), Exxon Mobil por áreas petroleras en Neuquén y Salta (196 millones) y al Grupo Marsans (320 millones).
Las nuevas demandas
Pese a las condenas millonarias, el país todavía tiene más disputas pendientes y algunas son recientes. En septiembre de 2019, por ejemplo, la Argentina recibió una nueva demanda ante el organismo, la primera de la era Macri. La empresa eléctrica española Orazul International España Holdings, que tiene dos generadoras en el país, reclamó al país una compensación por una medida regulatoria que tomó el Gobierno en marzo de ese año que, con el objetivo de achicar el déficit fiscal, dispuso una reducción en los subsidios a las empresas.
Ese mismo mes, en tanto la empresa de energía estadounidense Southern Energy Corp anunció que demandará al país por US$200 millones por incumplimientos tarifarios.
No todos los diferendos, sin embargo, resultan en condenas para el país. Por caso, en 2015 el organismo falló a favor de nuestro país en una demanda iniciada tras el default de 2001 por la multinacional alemana Daimler por 447 millones de euros.
En tanto, la Argentina ganó en 2016 un caso ante el Ciadi que le evitó pagar US$316 millones. Se trató de una demanda de las empresas españolas Urbaser y CABB -con participación en Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA)- vinculadas a los cambios en las regulaciones tarifarias en el servicio. Las compañías denunciaron que las medidas del Gobierno vulneraron el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre la Argentina y España.
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