La Auditoría General aprobó “con salvedades” la licitación de los hospitales modulares de emergencia
Advirtió que no se le remitió documentación clave para evaluar la contratación; el Ministerio de Obras Públicas indicó que el proceso se realizó con plenas garantías de transparencia
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LA NACIONLaura Serra
La Auditoría General de la Nación (AGN) marcó objeciones al dictaminar sobre el proceso de licitación de una de las obras emblemáticas del Gobierno durante la pandemia: la construcción de 11 hospitales modulares de emergencia, los cuales se construyeron el año pasado en tiempo récord –apenas 30 días- mediante un préstamo del Fonplata.
Quien presentó las conclusiones del dictamen ante el colegio de auditores fue el oficialista Javier Fernández, quien propuso aprobar la ejecución del préstamo, aunque “con salvedades”. Advirtió que no le fue suministrada a la AGN la documentación del proceso de cotización para la adquisición de dichos hospitales modulares, por caso, sobre las invitaciones y la publicidad de las ofertas presentadas en la licitación. Tampoco se tuvo acceso al dictamen de la Comisión Evaluadora, de las notificaciones del resultado del concurso y de las garantías de cumplimiento de contrato.
El auditor Fernández, a cargo de la comisión de Deuda Pública de la AGN, explicó que el préstamo del Fonplata, que fue otorgado en 2016 por un monto de 25 millones de dólares, tuvo originalmente como finalidad apoyar a la población de las provincias que fueron damnificadas por las inundaciones del litoral y centro del país para que pudieran recuperar paulatinamente sus actividades sociales y económicas regulares. Sin embargo, en acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el préstamo fue redirigido el año pasado para atender la emergencia sanitaria.
En virtud de ello, la ejecución del préstamo presentó una sobre-ejecución del 5,3% respecto del monto presupuestado, advirtió Fernández. Los fondos fueron destinados para la construcción de los hospitales modulares, licitación que ganó la empresa Ecosan, por 23 millones de dólares. Es decir, la casi totalidad del préstamo concedido hace cinco años.
“No se tuvo a la vista la adenda al contrato de préstamo, ampliando o modificando los objetivos del programa, teniendo en cuenta la incidencia de 92,2% del monto invertido (US$23 millones) en el total del presupuesto (US$25 millones)”, indicó el auditor.
Consultados por LA NACION, voceros del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que comanda Gabriel Katopodis, enfatizaron que la contratación de los hospitales modulares de emergencia se hizo a través de las Naciones Unidas, con los mayores estándares internacionales de transparencia y con veedores extranjeros.
Señalaron que dicha contratación se pudo haber realizado por contratación directa ya que la ley de Obra Pública lo permite (por la emergencia que desató la pandemia) pero, para garantizar transparencia, se tomó el camino de la licitación pública. En este sentido, aclararon que el proceso incluyó un llamado a licitación donde se presentaron decenas de empresas, quedando preseleccionadas cinco ofertas, siendo finalmente ganadora una de ellas: Ecosan.
El jefe de la AGN, el radical Jesús Rodríguez, hizo hincapié en la decisión de los auditores de aprobar “con salvedades” la ejecución del préstamo. “La AGN no tuvo acceso a documentación clave del proceso de licitación de los hospitales modulares. Es imperioso que se rindan cuentas sobre los gastos que realiza el Estado para paliar los efectos del Covid, por eso hay que avanzar cuanto antes con los informes de auditoría”, enfatizó.
La construcción de los once hospitales modulares de emergencia se presenta como uno de los hitos de la gestión del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Las obras en los hospitales finalizaron el 1° de mayo y cada unidad posee 1100 metros cuadrados y 76 camas, 24 de las cuales son de terapia intensiva.
Críticas a Macri por la publicidad oficial
En otro orden, la AGN aprobó un informe en el que señala severos cuestionamientos al reparto de la publicidad oficial que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri durante 2016 y 2017. El análisis fue remitido a la Secretaría Legal de la Auditoría, que evalúa si amerita ser presentado ante la Justicia.
El informe hace hincapié en el Programa 19 “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno” en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de la Comunicación, a cargo de Marcos Peña y Jorge Grecco. Los principales cuestionamientos son los siguientes:
- La ejecución de publicidad oficial no contaba con el crédito legal necesario para autorizar su contratación. Dichas contrataciones no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 -período en el que efectivamente se emitió la orden de publicidad, se ejecutó el servicio y se facturó-, sino que fueron registradas en el año 2018 como si esos hechos hubieran ocurrido recién en ese ejercicio.
- Se emitieron órdenes de publicidad en 2017 por $ 584.500.046,45 sin contar con crédito disponible y eso vulnera principios de orden financiero y de cumplimiento de la propia Ley de Presupuesto.
- Se detectaron 14 contrataciones directas por un total de $140.617.703,50 sin la debida acreditación de constancias que avalen la fundamentación para contratar en forma directa.
- Se privilegió a la firma Latin American Comunication SA que, durante el ejercicio 2017, recibió el 40,7% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, importe que supera en aproximadamente un 1200% el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación.
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