La autarquía, un reclamo unánime de los magistrados

Todas las asociaciones de magistrados que estuvieron representadas ayer en la cuarta Conferencia Nacional de Jueces coincidieron en un diagnóstico: no hay independencia judicial sin autarquía presupuestaria.

La injerencia del Poder Ejecutivo en los fondos de la Justicia fue un tema dominante de la última reunión de la tarde, la dedicada, justamente, a hablar sobre la Independencia del Poder Judicial. En esa mesa estuvieron las autoridades de las cuatro agrupaciones principales de jueces: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).

El suyo no fue un reclamo innovador. Se repite en forma constante desde hace años y había sido, además, uno de los ejes del discurso con el que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, inauguró por la mañana el encuentro. Ante un auditorio colmado, anunció que la Corte enviará al Congreso un proyecto de ley que establezca que el Poder Judicial ya no tendrá que pedirle autorización al jefe de Gabinete para manejar sus excedentes presupuestarios.

Los oradores de la mesa sobre independencia fueron Rafael Gutiérrez, presidente de la Jufejus y de la Corte de Santa Fe; Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal; Mario Fera, presidente de la Cámara del Trabajo; Domingo Sesin, juez del Tribunal Superior de Córdoba; Abel Fleming, camarista penal de Salta y presidente de la FAM, y Miguel Angel Caminos, camarista penal y presidente de la FLAM.

Antes de que comenzaran sus exposiciones, el administrador de la Corte, Daniel Marchi, presentó un informe sobre la necesidad de reformar la ley. "La Justicia requiere una modernización que no puede hacerse sin fondos", dijo Gutiérrez en respaldo del proyecto. Fleming fue más allá: pidió que la Nación se comprometiera, además, a garantizar el funcionamiento de las justicias provinciales. "La justicia federal es de excepción; son los jueces provinciales los que resuelven los problemas de la gente. Esa justicia provincial no puede depender de la mayor o menor miseria de la provincia", afirmó. Dijo que la inequidad actual merece una respuesta urgente. Por eso, le pidió a la Corte que presentara también un proyecto para fijar "un piso mínimo presupuestario" para los poderes judiciales de todas las provincias.

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