La batalla judicial de De la Rúa por las coimas y las muertes en Plaza de Mayo

Fernando de la Rúa, el 14 de agosto de 2012, durante el primer día del juicio oral por los supuestos sobornos en el Senado
Fernando de la Rúa, el 14 de agosto de 2012, durante el primer día del juicio oral por los supuestos sobornos en el Senado Fuente: Archivo
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9 de julio de 2019  • 12:31

El mismo día en que renunció al gobierno, el trágico 20 de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa clausuró también y para siempre su carrera política. Se recluyó en la intimidad de su familia y se dedicó casi obsesivamente a defenderse de dos graves causas penales en las que quedó involucrado: el escándalo de las coimas en el Senado y las muertes por la represión en la Plaza de Mayo el día de su caída. Le llevó años, pero finalmente la Justicia lo consideró inocente en los dos casos.

Su primera victoria en los tribunales federales llegó en 2009, cuando el juez federal Claudio Bonadio lo sobreseyó en la causa que investiga el homicidio de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, todos manifestantes que habían ido a protestar a las inmediaciones de la Casa Rosada el 20 de diciembre de 2001. La misma decisión tomó el juez con los cinco policías que estaban bajo investigación en el expediente.

"Es un fallo que llega tarde y demorado, pero que estoy conforme", dijo De la Rúa a LA NACION en aquel momento. Casualmente ese mismo día prescribió otro expediente -que llegó a tener fuerte impacto mediático- en el que estaba acusado de usar en su casa particular los servicios de un jardinero que cobraba en el Concejo Deliberante porteño mientras él era jefe de gobierno de la ciudad.

La causa por las muertes en la Plaza -por la que llegó a estar procesado- continuó una cadena de apelaciones. La Cámara Federal pidió ampliar la investigación, tras lo cual Bonadio volvió a sobreseer al expresidente. Su argumento: que no está probado que De la Rúa haya formado parte "de la cadena de mando que dispuso el procedimiento" de represión. El fallo fue ratificado en segunda instancia, pero fue la Corte Suprema la que cerró definitivamente, en mayo de 2015, la posibilidad de llevar a juicio a De la Rúa por aquellos sucesos.

"Es un fallo que llega tarde y demorado, pero que estoy conforme", dijo De la Rúa a LA NACION en aquel momento.

En paralelo a esa peripecia judicial, el expresidente enfrentó la investigación por los supuestos sobornos pagados a senadores peronistas para destrabar la reforma laboral de 2000. Fue el escándalo que inició el derrumbe de la Alianza y que se considera el prólogo de la caída de su gobierno. El caso llegó a juicio, con De la Rúa en el banquillo de los acusados.

La sentencia se conoció en 2013. El Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF3), integrado por Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, absolvió a De la Rúa y a cuatro exsenadores, al considerar que las coimas no existieron y que el arrepentido que confesó haber pagado los sobornos -Mario Pontaquarto- era un embaucador. Señaló además al juez federal Daniel Rafecas, al que denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunta "falta de imparcialidad" en la instrucción del expediente.

En el fallo, el TOF3 consideró un "modo oscuro" que la denuncia de Pontaquarto llegara a Tribunales en diciembre de 2003 después de que el arrepentido se entrevistó con el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno.

Luego de la lectura del fallo, De la Rúa dijo a la prensa que con esa resolución le devolvían su dignidad.

Junto a De la Rúa fueron absueltos el exjefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique y los exsenadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda, además del arrepentido Pontaquarto, que en 2000 era secretario administrativo del Senado. La Cámara de Casación confirmó lo actuado, en diciembre de 2015, y un mes después se cerró para siempre la causa al no haberse presentado apelación ante la Corte.

En el fallo, el TOF3 consideró un "modo oscuro" que la denuncia de Pontaquarto llegara a Tribunales en diciembre de 2003 después de que el arrepentido se entrevistó con el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno. Fue a raíz de una gestión del exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y del entonces legislador radical Daniel Bravo (fallecido en 2018). A estos últimos los jueces los denunciaron ante la Cámara Federal por el delito de "falso testimonio".

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