La búsqueda de Santiago Maldonado requirió un gasto de $53 millones

La búsqueda de Santiago Maldonado le representó al Estado argentino un gasto de $53.539.571,76 (US$2.655.469), lo que convirtió esa investigación penal -desde su desaparición el 1° de agosto hasta que se halló su cuerpo en el río Chubut y se lo trasladó a Buenos Aires para la necropsia, el 20 de octubre- en una de las más costosas de la historia judicial argentina.

Así se desprende de la cifra oficial informada a la Fiscalía Federal de Esquel, que, para cuantificar las erogaciones del Estado en las causas de habeas corpus y de desaparición forzada del joven platense, libró oficios al Ministerio de Seguridad y al de Justicia para que informaran los costos en los que incurrieron.

La fiscal Silvina Ávila busca establecer el perjuicio económico ocasionado al Estado por el desvío de la investigación sobre el paradero de Maldonado en otra causa conexa: la que investiga a mapuches por falso testimonio, en la cual el Ministerio de Seguridad, con el patrocinio del abogado Fernando Soto, es querellante.

En el primer caso, los oficios de gastos, a los que accedió la nacion, detallan las imputaciones contables de las tres fuerzas federales que actuaron como auxiliares de la Justicia. En conjunto, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) exhibieron erogaciones por un total de $52,071.851,95.

Por su parte, el Ministerio de Justicia informó una asistencia de $1.467.719,81 a la familia Maldonado en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas de la ley 27.372.

Aún sin reglamentar, esta facilita la ayuda económica a víctimas y familiares de delitos federales. En los hechos, ello se tradujo en el costeo de pasajes, alojamiento y viáticos, y en el pago de honorarios al perito de parte, Alejandro Incháurregui, que percibió $300.000 por sus seis meses de trabajo.

Los investigadores judiciales entienden que "con el desvío de la investigación por parte de testigos mapuches, se prolongaron inútilmente las tareas investigativas, se movilizaron recursos innecesarios y se ordenaron medidas de pruebas que no correspondían. Eso implicó un gasto al Estado que debe establecerse", dijo una fuente de la investigación.

En relación con la asistencia a la familia Maldonado, fuentes de la cartera de Justicia aclararon que esta todavía no cesó. Restan pedidos de pasajes aéreos a Chubut todavía en trámite.

"No se trata de un subsidio ni de dinero en efectivo mensual a la familia -explicó la fuente-. Facilitamos los pasajes y el alojamiento y extendemos viáticos equivalentes a los que perciben los empleados de este ministerio. En el caso de honorarios, estos responden a pedidos concretos para garantizar el acceso a la Justicia y el debido proceso", señaló una alta fuente ministerial.

En esa línea, también explicó que analizan pedidos de asistencia a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Entre las fuerzas de seguridad movilizadas a la Patagonia, la Policía Federal fue la que más gastó: $28.604.210,45, según el informe. Allí están computados los despliegues logísticos con los traslados a Chubut y horas extras de grupos de elite como GEOF, GE1 y la Policía Montada para encontrar a Maldonado. También el envío de la Unidad Móvil de Criminalística, el costo de pericias cibernéticas y de imágenes, además del alquiler de vehículos y aerocombustible.

El informe precisa que durante el caso Maldonado se incrementó la dotación de la Subdelegación de la Policía Federal en Esquel, que apostó de forma permanente a expertos en investigación criminal. A todos ellos hubo que pagarles viáticos, estadías y horas extras.

La Prefectura Naval, en tanto, gastó $22.650.137,95 y eso incluyó los ocho rastrillajes a lo largo de más de 66 km del río Chubut. También las 81,20 horas de vuelo de tres helicópteros que consumieron 25.273 litros de combustible, entre numerosos ítems logísticos.

Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) gastó $817.503, principalmente en movilización de personal y viáticos.

Ante una consulta de la nacion, en la cartera de Seguridad aclararon que todavía no fueron computados los gastos por los traslados de los equipos de Cinotecnia -movilizados desde cinco provincias-, que rastrillaron numerosas veces el Pu Lof.

En los Tribunales de Esquel, en tanto, señalaron que los costos por los exámenes de ADN en material secuestrado y escuadrones de la Gendarmería fueron solventados por la Corte Suprema de Justicia, pero sus costos no fueron requeridos.