La Cámara Federal Civil denuncia en la Corte las presiones del Gobierno
Seis de los siete camaristas analizaban poner en conocimiento del alto tribunal que las recusaciones y la acción penal del oficialismo perturban el "normal servicio de Justicia"
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LA NACIONAdrián Ventura
Los jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial se aprestaban ayer a "poner en conocimiento" de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales.
En una extensa resolución, seis de los siete magistrados debatieron y resolvieron comunicarle a la citada comisión, que conduce la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton, que la denuncia penal que presentó el Gobierno contra ellos y las sucesivas recusaciones les produce una grave "perturbación" en el "normal servicio de Justicia".
Como la resolución abarcaba muchos otros asuntos, a última hora surgió una duda sobre otros de los puntos y se demoró la firma. Pero todos los magistrados, tanto los más oficialistas como los más alejados, querían llamar la atención de la Corte sobre la situación anómala que están viviendo.
La Cámara Federal Civil y Comercial quedó expuesta a las presiones del Gobierno por tres motivos.
Primero, porque esa Cámara es la que debe resolver el pedido que hizo el Grupo Clarín para que se extienda más allá del 7 de diciembre la medida cautelar que lo protege contra la obligación de desinvertir. Segundo, porque el juzgado número 1 de ese fuero, ahora a cargo del juez Horacio Alfonso, tramita la demanda del Grupo Clarín para que se declare inconstitucional la ley de medios. Y, tercero, porque el Gobierno, hasta ahora, fracasó en su intento de nombrar al frente de ese juzgado a María Lorena Gagliardi o a algún otro juez "ciento por ciento confiable".
Por eso, durante el último mes, el Gobierno, mediante sucesivas recusaciones y presiones para provocar renuncias o apartamientos, fue complicando el desempeño de la Cámara, a tal punto que ya casi no hay jueces de ese fuero que puedan resolver el planteo judicial que hizo el Grupo Clarín (de lo que se informa por separado).
La situación era, ayer, casi un rompecabezas desarmado:
- Como el Gobierno logró paralizar a los jueces de la Cámara Federal Civil, no hay magistrados que puedan resolver si el camarista Francisco de las Carreras -uno de los recusados-, puede intervenir en la causa. Por eso, en las próximas horas, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, mucho más cercana al Gobierno, sorteará dos de sus integrantes: ése era el objetivo de la estrategia oficial.
- La Cámara Federal Civil se disponía a hacer la presentación ante la Corte, en lo que había anoche total acuerdo.
- Ricardo Recondo, el camarista más atacado por el Gobierno, dejará de ser presidente del tribunal y será reemplazado, hasta fin de año, por Ricardo Guarignoni, primero, y por Guillermo Antelo, después.
- La lista de conjueces que nombró la presidenta Cristina Kirchner, con acuerdo del Senado, sólo será usada para cubrir dos juzgados de primera instancia -no tramita en ellos la causa Grupo Clarín-, pero no para cubrir los dos cargos de camaristas vacantes.
- Había un punto, sin embargo, que provocaba alguna dudas. Varios de los camaristas consideran que el Senado nombró a esos conjueces sin respetar el reglamento de la Camara alta y sin examen psicotécnico. Por eso evaluaban sólo aceptar que esos conjueces trabajen por "seis meses" y someterlos a una "evaluación periódica de su eficacia".
Reclamo por el Consejo
La agrupación de abogados Será Justicia le pidió ayer a la Corte que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. La norma fue sancionada en 2006 y redujo el número de integrantes del cuerpo, dándole al oficialismo un claro predominio. "La reforma acentuó el uso político de la Justicia, por lo cual es imperioso volver a un sano equilibrio en la composición del Consejo, que asegure la independencia del Poder Judicial", dice el escrito de la agrupación que preside Guillermo Lipera.
En la máxima instancia
El Gobierno y Clarín involucran a la Corte
- Julio Alak
Ministro de Justicia
La sombra del per saltum
El Gobierno aspira a que nada se mueva en la causa Clarín, para avanzar el 7-D con el proceso de desmantelamiento del grupo. Pero si hay fallos, recurrirá al per saltum - Ricardo Lorenzetti
Presidente de la Corte
Incómodo
La Corte hubiera preferido evitar una definición en el caso de la ley de medios. Los jueces del tribunal se sienten presionados. No prevén resolver con urgencia - Héctor Magnetto
CEO del Grupo Clarín
Cambio de planes
Clarín se presentó ante la Corte para pedirle que integre la Cámara que debe tratar el caso y pidió una extensión de la medida cautelar más allá del 7-D
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