La causa penal contra los Rodríguez Saá fue derivada a San Luis

El Chorrillero, viento que trae alivio y frescura en las sofocantes noches del verano puntano, llegó esta vez con excelentes noticias para Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, los hermanos que se sostienen en el poder de San Luis desde diciembre de 1983.

Las buenas nuevas llegaron desde los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el gobernador de San Luis y su hermano, actual senador y ex presidente, y derivó la causa penal a la justicia federal de San Luis, a cargo del juez Esteban Maqueda.

La causa contra los Rodríguez Saá estaba abierta en los tribunales porteños desde septiembre de 2000 y fue llevada adelante, hasta su destitución, por el ex juez federal Juan José Galeano.

La declaración de incompetencia responde a un planteo de los abogados defensores, quienes habían fracasado en intentos anteriores para trasladar la causa a San Luis. En el juzgado aclararon que el único formalmente imputado es el actual gobernador de San Luis.

Para el diputado provincial opositor Juan José Laborda Ibarra, el denunciante, el traspaso es simple y llanamente "la muerte de la causa". Según el diputado, "el informe preliminar era concluyente, faltaba el llamado a indagatoria y si eso sucedía era prácticamente el procesamiento de los Rodríguez Saá. Ahora todo queda en la nada", se lamentó el diputado en diálogo con LA NACION.

En su fallo, Ercolini explicó que la decisión de incompetencia responde a que la gran mayoría de los bienes adquiridos por el gobernador está en San Luis. También precisó que el incremento más importante que experimentó su patrimonio se produjo entre 1996 y 1999, "toda vez que (el gobernador) ejercía la actividad privada", y su hermano Adolfo era el mandatario provincial.

Otro argumento que utilizó Ercolini en su resolución es la "economía procesal". Para el magistrado, "los medios de prueba que aún restan recolectar se encuentran casi en su totalidad" en la provincia de San Luis.

Además, el juez recordó que el denunciante (Laborda Ibarra) también vive en San Luis, "con lo cual contaría con una mayor inmediación a la hora de prestarle atención al trámite". Parecidos argumentos surgieron del despacho del fiscal Jorge Di Lello, titular de la acción penal, que aceptó la decisión del juez.

Según la denuncia, Alberto Rodríguez Saá declaró en 1983 una vivienda financiada a crédito y dos vehículos. Dos décadas más tarde poseía no menos de 25 propiedades y participaciones accionarias en diversas sociedades por 22 millones de dólares. Su hermano, el ex presidente, fue investigado en calidad de presunto testaferro.

El juez Maqueda sobreseyó el año último a los ex ministros Sergio Freixes y Mario Zavala, acusados por magistrados puntanos de obligarlos a firmar la renuncia anticipada al cargo. Un colaborador del juez especuló que, por los datos obtenidos, Alberto Rodríguez Saá "debería enfrentar un juicio oral" en el mediano plazo.

Laborda Ibarra vinculó el cambio en la causa con el acercamiento entre los Rodríguez Saá y el gobierno de Néstor Kirchner.

Por Jaime Rosemberg

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