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La CGT contraataca en la Justicia por la ley de reforma laboral
Acudió a la Corte Suprema para que la Justicia del Trabajo revise la inconstitucionalidad; planteó una batería de recursos en tribunales
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LA NACIONHernán Cappiello
En vísperas de su anunciada movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) contraatacó en la Justicia para buscar anular la vigencia de esa norma.
La central obrera planteó una batería de recursos para evitar que la jueza contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez resuelva si es constitucional o no la norma. La CGT anunció que acudirá a la Corte Suprema para que la causa quede en la Justicia del Trabajo.
La batalla judicial por la ley de reforma laboral que impulsó el Gobierno se transformó en un laberinto procesal.
La CGT desplegó una triple ofensiva que incluye una declaración de guerra al fuero Contencioso Administrativo, un planteo de competencia entre tribunales y una denuncia contra los camaristas laborales que fallaron a favor de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, al dejar la ley en vigor.
El apoderado de la CGT, Pablo Arnaldo Topet, se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ayer se declaró competente para resolver en el caso.
Allí, hizo reserva formal para interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, para atacar la decisión de la Sala IV del tribunal de arrogarse la competencia de la causa.
Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados.
En su presentación, la CGT se apoyó en pactos internacionales y en jurisprudencia acerca de qué normas laborales deben ser interpretadas por la Justicia Nacional del Trabajo.
En caso de que se rechacen sus planteos de nulidad y recusación contra la jueza contencioso Macarena Marra Giménez, los abogados dijeron que acudirán a la Corte por la existencia de “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional, como de no discriminación, libertad sindical, defensa en juicio y derecho al debido proceso”.
Mientras tanto, el juez del trabajo Raúl Ojeda, que suspendió la vigencia de 81 artículos de la reforma laboral, dijo que si bien tomaba nota del fallo del fuero contencioso que le sacó la causa, armó un incidente y elevó el asunto a su propio tribunal superior: la Cámara del Trabajo.
El objetivo es que sea esta Cámara Laboral la que resuelva no solo el conflicto de competencia, sino también las apelaciones pendientes sobre las medidas cautelares dictadas en su momento.
De este modo, se consolida el choque de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal que, a la larga, definirá la Corte Suprema.
Pero la CGT presentó además un escrito en la Cámara del Trabajo, donde señala que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, que suspendieron el fallo del juez Ojeda, prejuzgaron al dejar vigente la ley de reforma laboral.
Atacaron particularmente a Pesino porque dijeron que está inmerso en un conflicto de intereses. Argumentaron que la imparcialidad del juez Pesino está viciada por haber “recibido un beneficio de importancia por el Estado Nacional”.
Es que el Gobierno comenzó los trámites para enviar el pliego del juez Pesino al Senado para que le otorguen un nuevo acuerdo por cinco años más, ya que el 27 de julio cumple 75 años, fecha en la que debería jubilarse.
El escrito detalla que un día después de que Pesino fallara a favor de la reforma laboral del Gobierno (suspendiendo la cautelar que la frenaba), el Ministerio de Justicia de la Nación publicó en el Boletín Oficial la propuesta oficial para extenderle su cargo.
Para la CGT, esto representa un inaceptable intercambio de favores. Además del pedido de recusación por este gesto del Gobierno, la central obrera recusó a Pesino y González por prejuzgamiento.
Los acusan de haber dictado fallos carentes de fundamentos razonables y de haber ignorado la vulnerabilidad social de los trabajadores y el carácter alimentario de sus derechos al darle aire a la reforma de Javier Milei.
Tipo de trabajo:noticia original
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