La CGT, en el espejo de los 90: flexibilización y ajuste
De los protagonistas que participan de la negociación entre la Casa Rosada y la CGT por el proyecto de la reforma laboral surgen curiosidades que no deberían pasar por alto en el fragor del debate.
Entre la numerosa comitiva sindical que se reúne periódicamente con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h.), el sector que suele llevar la voz cantante es el de los denominados “Gordos” (representantes de los grandes gremios), el mismo bastión que avaló reformas similares (incluso más pronfundas) durante las presidencias de Carlos Menem, en la década del 90. Tallan hoy, como hace un cuarto de siglo, Carlos West Ocampo (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (Uocra). También Luis Barrionuevo, tan influyente hoy como durante el menemismo, período en el que fue interventor del Instituto Nacional de Obras Sociales, la verdadera caja sindical.
Pero no es la única ironía: Menem, entre 1991 y 1992, a través de su ministro de Trabajo, que era Jorge Triaca padre, intentó avanzar en modificaciones laborales, algunas de las cuales podrían tener un grado de emparentamiento con las que están hoy en discusión, como la rebaja de aportes patronales. En la obra El Movimiento Obrero Argentino, de Claudio Díaz, se enumeran algunos de los cambios que se pretendían instaurar: una ley de empleo, que introducía modalidades contractuales de trabajo precario, desarticuladas de los sistemas de salud, de seguridad previsional y de indemnizaciones por despido; una ley de accidentes de trabajo, que imponía topes indemnizatorios; la reforma previsional, que derivó luego en las administradoras privadas de los fondos jubilatorios.
La reforma menemista produjo el quiebre de la CGT, lo que facilitó el avance de los cambios. Pero Triaca padre renunció antes de que prospere la iniciativa: dejó su cargo de ministro al fracasar el proyecto de la denominada ley de empleo. En la obra El sindicalismo en tiempos de Menem, de Santiago Senén González y Fabián Bosoer, el ex funcionario contó que su salida fue motivada por “una confrontación política” y “una compulsa de intereses” con Antonio Erman González, Domingo Cavallo y Roberto Dromi.
A diferencia de lo que planteaba Menem en los 90, el desafío central de la reforma que pretende impulsar Mauricio Macri es el blanqueo laboral. Los índices de informalidad y trabajo en negro, curiosamente, se dispararon durante los 90, el período de mayor destrucción de empleo genuino, según lo reflejan las estadísticas oficiales de la época. Desde entonces, se hizo un camino empinado para tratar de revertir la tendencia. Hubo experimentos de todo tipo: desde una suerte de veraz con los empresarios incumplidores hasta beneficios impositivos para las empresas que regularicen la situación de su personal. Nada hasta ahora funcionó y el índice de informalidad roza el 35%.
El borrador que Triaca repartió el lunes pasado entre sindicalistas y empresarios cruza las fronteras del blanqueo laboral. "No es lo que se había hablado", protestó un cacique sindical. La intención oficial es reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones, igualar condiciones entre empleador y empleado, y apuesta a reducir el padrón de sindicatos, que es hoy de 3263 gremios. También prevé reinstaurar el régimen de pasantías, como en los 90, facilita la tercerización y nutre al empleador de la facultad para modificar de manera unilateral y sin riesgos las condiciones de trabajo o las tareas de su personal. Así, como está hoy el borrador, la CGT no está dispuesta a avalarlo.
El Gobierno, los empresarios y a CGT intercambiarán mañana posturas sobre el proyecto de ley macrista. La cumbre estaba prevista para hoy, pero fue suspendida a pedido de los sindicalistas. Los gremios pedirán congelar el debate parlamentario para evaluar con más tiempo la letra chica para instrumentar los cambios que crean convenientes. Comenzará así una pulseada aparte con Triaca, que será artículo por artículo. "Esto es una reforma general, no sectorial", anticipó su rechazo otro referente cegetista.
Mientras la negociación sobre la reforma laboral sigue su curso, en el Gobierno se levantó un cepo retórico: los funcionarios y los empresarios ya hablan sin temor a represalias de flexibilización laboral y ajuste.
Dos momentos que así lo demuestran. El 23 de octubre pasado, en la mañana siguiente al triunfo electoral, los asesores de Hernán Lombardi , titular del Sistema de Medios Públicos, se habrían comunicado con dirigentes del sindicato de la televisión (Satsaid) para advertirles de un posible recorte en Canal Encuentro. Estarían evaluando la apertura del retiro voluntario y la cancelación de algunas series.
El otro episodio, más descarnado, se dio en el ámbito público, pero con actores del sector privado. La palabra flexibilización laboral se repitió más de una vez el lunes pasado, cuando se acordó en un despacho oficial bajar los costos en la industria láctea. Selló el trato Héctor Luis Ponce, el jefe de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), un excéntrico gremialista que hace unos años, en una suerte de auto homenaje, no tuvo mejor idea que publicar sus viajes por el mundo en la revista del sindicato.
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