La consulta popular tiene límites legales

La idea de la oposición de convocar a una consulta vinculante para tratar proyectos de ley sobre asuntos centrales de la agenda política parece interesante, pues la convocatoria no puede ser vetada y su resultado es obligatorio para el Gobierno. Pero esta herramienta tiene algunos límites y no puede ser usada para tratar ciertas leyes.

El mecanismo fue incorporado en el artículo 40 de la Constitución nacional, en la reforma de 1994, y fue reglamentado en 2001, por la ley 25.432. Hay dos tipos de consulta: la vinculante, que es convocada por el Congreso para someter al pueblo un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al Gobierno -ésta es la que le interesa a la oposición-, y la no vinculante, que puede ser promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo.

La consulta es un mecanismo de democracia semidirecta, frecuentemente usado en algunas democracias desarrolladas, como Suiza o Canadá, pero que también es del agrado de líderes populistas capaces de movilizar grandes masas para recuperar legitimidad política con la votación. En la Argentina sólo se la utilizó una vez, para aprobar la celebración de un tratado con Chile por el conflicto del Beagle en 1985.

La ley 25.432 establece las pautas a las que debe someterse la consulta:

• La ley que convoque a una consulta sobre un tema determinado debe ser promovida a iniciativa de la Cámara de Diputados, pero también debe ser aprobada por el Senado.

• La ley de convocatoria debe ser tratada en una sesión especial y ser aprobada por la mayoría absoluta de los presentes de cada Cámara.

• El día de la consulta los electores tienen la obligación de votar y deben manifestar si aprueban o rechazan un proyecto de ley.

Por eso, la consulta sirve para interrogar al pueblo sobre un solo proyecto o tal vez se pueda someter a consulta una ley ómnibus que proponga derogar dos o tres leyes actuales. "Se puede hacer un votación marcatoria, donde el elector pueda decir sí a un proyecto y no a otro, como ocurre en los Estados Unidos", explica el constitucionalista Jorge Vanossi. Quizá no sea lo más prolijo, pero el mecanismo, para ser eficaz, debe ser claro y no generar confusión. Así usada, con habilidad, puede ser una herramienta de presión.

• El resultado de la votación sólo será eficaz si concurre a votar por lo menos el 35 por ciento de todo el padrón electoral, esto es, 9,7 millones de electores de un total de 27,8 millones.

• Para ganar la consulta, la ley deberá lograr la mayoría de los votos válidos afirmativos (no se computan los impugnados, nulos o en blanco).

• Pero, además, algunos temas quedan de antemano excluidos de la posibilidad de ser sometidos a consulta.

El artículo 1° de la ley 25.432 dice que no pueden someterse a consulta leyes que, según la Constitución, sólo puedan iniciarse por una determinada cámara de origen (por ejemplo, la coparticipación federal, por el Senado o impuestos, por Diputados) o cuya aprobación requiera una mayoría calificada (así, quedan excluidas las leyes de coparticipación y el Consejo de la Magistratura, pues la Constitución exige que se los apruebe por mayorías calificadas).

Las claves

CONVOCATORIA

Diputados y Senado

La convocatoria debe ser promovida por Diputados, pero debe aprobarla el Senado. El día de la elección, gana la opción que logra la mayoría de votos válidos.

TEMAS EXCLUIDOS

No pueden ir a consulta

La ley 25.432 excluye de la consulta leyes que deben iniciarse sólo por una cámara o que requieren mayoría calificada: por ejemplo, Consejo de la Magistratura.

Por Adrián Ventura

---

Conforme a