La Corte confirmó el tribunal que juzgará a un exintendente kirchnerista por fraude con la obra pública

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín deberá llevar adelante el juicio oral en que se investiga al exintendente de Zárate Osvaldo Raúl Cáffaro y a un grupo de funcionarios municipales por el delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, por dinero recibido para hacer obras públicas.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia entre el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín y el juzgado en lo Criminal 2 del Departamento de Zárate-Campana, cuando el caso ya estaba elevado a juicio.

Según el dictamen del procurador Eduardo Casal, en la causa se investiga a Osvaldo Raúl Cáffaro, a Pablo Andrés Giménez (exsecretario de Obras y Servicios Públicos), a Osvaldo Nicolás Caccaviello (exsubsecretario de Obras Públicas), a Salvador Carlos Ingrassia (Infraestructura), Gustavo Alberto Castillo (exdirector de Obras) y Santiago Roberto Rottari (representante técnico) por el manejo irregular de fondos transferidos a Zárate mediante convenios celebrados con el Ministerio de Planificación para la ejecución de obras de seguridad en el sistema eléctrico de esa localidad.

La fiscalía acusó a los imputados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se acusó a Cáffaro −surgido del socialismo, que ganó el municipio como vecinalista y se integró al kirchnerismo− y a Giménez por la presentación de una nota ante el Ministerio solicitando un segundo envío de dinero, entre las cuales se adjuntaba un certificado de avance de obra que habría sido falso.

Tras el auto de elevación a juicio, la causa quedó radicada ante el tribunal federal de San Martín, cuyos integrantes declararon su incompetencia a solicitud de algunas defensas.

Entendieron que una vez ingresado el adelanto de dinero del Estado nacional a la comuna, la responsabilidad de su destino era de la Municipalidad de Zárate, la que además de la planificación, contratación y ejecución de los trabajos, se habría comprometido a aportar el dinero para finalizarlos.

Por eso, entendieron los jueces federales que el asunto era de competencia provincial. Pero el juzgado bonaerense rechazó el caso.

El asunto llegó a la Corte Suprema para destrabar el conflicto. El Procurador General de la Nación subrayó que el tema había sido planteado a lo largo del expediente y que el 17 de julio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó lo resuelto por el juez de grado, con énfasis en que el dinero comprometido por la Nación tenía como destino una obra de seguridad eléctrica que habría implicado el cambio de traza de líneas de alta tensión para resguardar a la población y que formaría parte del sistema interconectado nacional, vinculado a un servicio público de interés del Estado nacional.

Por eso, la Procuración concluyó que el caso era de competencia federal. La Corte Suprema validó este criterio. “Resulta claro que corresponde que continúe interviniendo la justicia federal” en “en el juzgamiento de la totalidad de los aspectos de la maniobra por la cual se formuló la acusación”, señala el fallo.

Por Hernán Cappiello

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