La Corte convocó a audiencias públicas para analizar causas de alto impacto social

La Corte Suprema de Justicia ordenó su agenda para el primer semestre de este año y fijó cuatro audiencias públicas para tratar causas de alto impacto en los que se resolverán casos de uso de cannabis medicinal; temas de medio ambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté y la explotación económica; el derecho al olvido en Internet y las relaciones con los brokers inmobiliarios.

Según pudo saber hoy LA NACION, los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces supremos al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del oficialismo en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados de la Corte y antes de otra manifestación a favor del máximo tribunal, realizada ayer por la tarde.

El acuerdo de jueces fue híbrido: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti asistieron presencialmente en el Palacio de Justicia y el juez Juan Carlos Maqueda participó de manera virtual, dado que su esposa tiene Covid. Maqueda estuvo hospitalizado dos días la semana pasada en observación tras sufrir una descompensación mientras almorzaba en un restaurante.

En estas audiencias participan los abogados de las partes en disputa, que exponen su caso ante los jueces de la Corte, en una audiencia que se realiza a la vista de todos. Se pueden presentar amigos del tribunal, es decir actores ajenos al conflicto pero con un interés en hacer un aporte científico o dar su punto de vista, por estar ligados a la temática que se trate. Los jueces de la Corte pueden interrogar a las partes y al cabo de la audiencia dictarán una sentencia escrita.

Entre los temas que tratará la Corte está el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales. Esto está establecido en la ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad, un tema que despertó polémica.

Otro de los asuntos previstos es el derecho al olvido. Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (derecho a la intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en links específicos, que aluden a la privacidad de las personas, por hechos del pasado. Por ejemplo, los casos de quienes fueron detenidos o acusados de un delito, pero luego resultaron sobreseídos.

Un asunto ambiental que tratará la Corte es la preservación de especies en peligro de extinción versus la actividad económica, en particular por el Yaguareté. En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la Corte tratará además causas relacionadas con corredores inmobiliarios. El tribunal analizará los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional.

La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra en debate si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita.

Las causas específicas que se tratarán en las respectivas audiencias públicas y sus fechas de realización se darán a conocer oportunamente y con la debida antelación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reguló en la Acordada 30 de 2007 la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. A través de ellas, busca garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que la Corte lleva adelante los procesos . Desde su implementación, se han convocado a 37 audiencias públicas, en diversos casos de interés general.

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