La Corte declaró “abstracto” el caso Larrabure tras la muerte de uno de los últimos jefes del ERP
Lo dispuso al confirmarse el deceso del principal imputado, el guerrillero Juan Arnold Kremer; la querella insiste en reabrir el caso para que sea declarado “crimen de lesa humanidad: presentó un documental en el que varios dirigentes reivindican su actuación en el copamiento de la Fábrica Militar de Villa María
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LA NACIONMariano De Vedia
La Corte Suprema de Justicia dijo que es abstracto el pedido de la querella para que el alto tribunal declarara crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, perpetrado hace 50 años por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así lo resolvió al constatar el fallecimiento del dirigente Juan Arnold Kremer, el principal imputado de la causa y acusado de haber sido uno de los autores mediatos del ataque.
Se trata de uno de los crímenes más emblemáticos cometidos por organizaciones guerrilleras en la cruenta década del 70, durante la vigencia de un gobierno constitucional. El coronel Larrabure era el subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y fue secuestrado durante un intento de copamiento del cuartel del Ejército en agosto de 1974. Permaneció un año en cautiverio y fue ultimado por sus captores el 19 de agosto de 1975.
La querella, representada por el doctor Arturo Larrabure, hijo del militar asesinado, con el patrocinio del abogado Javier Vigo Leguizamón, había pedido la indagatoria de Kremer, quien sucedió en la conducción del ERP al líder Mario Roberto Santucho, abatido e, un enfrentamiento con militares en julio de 1976. Con el deceso de Kremer , la Corte sostuvo que “la cuestión traída a este tribuna se ha tornado abstracta”.
Sin embargo, anunciada la decisión de la Corte, la querella insistió en la reapertura de la causa con la presentación de un “recurso de reposición in extremis”, al recordar que existen otras personas involucradas en la muerte del militar y deberían ser investigadas.
“Errores esenciales”
Las sentencias de la Corte no son recurribles, según la doctrina y la jurisprudencia, salvo que existan “errores sustanciales o esenciales”. En esa hipótesis insiste la familia Larrabure para lograr la declaración del asesinato como un “crimen de lesa humanidad”.
Inicialmente, en la causa Larrabure, el fiscal Claudio Palacín pidió reabrir la investigación, pero el planteo fue rechazado por el entonces juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, al sostener que no se trataba de un crimen de lesa humanidad. El caso pasó a la Cámara Federal de Rosario, que expresó que no era aplicable un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que “el Ejército o había combatido”. La querella puso en duda esa tesis, con el argumento de que en la unidad militar hubo enfrentamientos y que, incluso, se habían producido bajas en la organización guerrillera,
El planteo de la querella llegó a la Corte, que ahora declaró abstracto el caso. El hijo de Larrabure insistió, así, con un nuevo recurso de reposición in extremis, con el argumento de que el alto tribunal no valoró un escrito presentado en diciembre, en el que se identificaban a “numerosos partícipes” en el secuestro de su padre. Acompañó en ese momento, además, una copia del video “El copamiento“, en el que varios miembros de la organización reivindicaban la operación contra la fábrica militar. Sus autores son Mariana Britos y Mauro Pérez y la producción fue auspiciada por la Universidad de Villa María.
Además, el doctor Vigo Leguizamón fundamentó en el escrito que el caso Larrabure se trata de “una cuestión de interés público”.
La querella insistió en su nuevo escrito en que el grupo de guerrilleros partícipes en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María estuvo conformado por unas 50 personas. Y menciona la “activa” participación en el copamiento” de Carlos Raimundo Moore, a quien cita como “el encargado de reducir a la guardia y a la compañía, , fugándose luego de su detención”.
Otros partícipes señalados son Ana María Sivori, Luis Adolfo García –a quien señalan como de los que mantuvo cautivo a Larrabure, Raúl Horr, quien habría confesado su participación, además de Rodolfo Fernández, Juan Manuel Murua, Manuel Gutiérrez, Constantino Mario Jiménez, Manuel González, Julio Alberto Oropel, Juan Carlos Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez, Fermín Rivera, Delia María Ferreyra de Viale, Echalar Silva, Aristóbulo Daniel Moyano, Justino Argañaraz, Orlando Luis Calamari, Ivar Brollo, Abel Gallardo, Daniel Antonio Oslon, Bruno Castagno y Rodolfo Antonio Mosquera.
También indicó que “el ERP habría recibido apoyo de agrupaciones subversivas del exterior y de dirigentes políticos latinoamericanos”.
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